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La Cumbre consistió en dos días de discusión con conservadores de todo el mundo, incluyendo representantes de varios partidos colombianos, como María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, y John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres y quien hace poco pronunció la nefasta frase: “¿Con qué soporte el Estado va a decir en el PND que hay niños LGBTI?”. Entre los invitados internacionales se incluyeron figuras como Luis Losada, de la extrema derecha española; Ricardo Vélez, ministro de Educación de Brasil que habla con admiración de Pablo Escobar, y Katalin Novák, ministra de la Familia de Hungría, quien ha sido denunciada por sus posiciones retardatarias, discriminatorias y antimigrantes.
La primera pregunta obligatoria es: ¿por qué se utilizan recursos públicos para organizar un evento cuyos protagonistas son exclusivamente personas conocidas por posturas que invitan a la discriminación?
No es una exageración. Desde la definición del evento se habló de enfrentar “el recrudecimiento de la ofensiva de la ideología de género, el antinatalismo, la eutanasia”. Quitando eufemismos, se trata de líderes que ven con malos ojos el derecho de las mujeres a tener control sobre sus cuerpos, los derechos de las personas LGBT e incluso la muerte digna.
La Cumbre tuvo como propósito crear estrategias para influir en políticas públicas y tomarse espacios de poder. Se habló de cómo intervenir y “recuperar” organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, e incluso se mencionó con orgullo que en Colombia el Acuerdo de Paz hubiera sido saboteado por quienes lo acusaron de ser un avance de la “ideología de género”. Limitar el aborto, la eutanasia y los derechos de las familias homoparentales son los objetivos que desean posicionar en la agenda pública.
El problema con estas ideas no es que sean conservadoras (por supuesto que cualquier ideología tiene derecho a organizarse y buscar impactos políticos como le parezca), sino que, de aplicarse, generarían más desigualdad, violencia e inestabilidad. En síntesis, la solución planteada para la “crisis” es aplastar los pocos focos de esperanza para construir sociedades más incluyentes.
Los países que legalizan el aborto ven reducciones considerables en la mortalidad y morbilidad maternas. Los países con mejor educación sexual y políticas de género son más tolerantes, tienen menos tasas de embarazos adolescentes y reducen las cifras de violencia y suicidios en las niñas, niños y adolescentes LGBT. Los pocos casos de eutanasia que se han podido realizar en Colombia demuestran que es una medida basada en la empatía y que protege la dignidad humana, incluso en los últimos momentos de la vida.
Echar todos estos avances por la borda es generar una crisis de salud pública, abandonar a sectores de la población que son condenados al silencio y hacer que los ciudadanos seamos menos libres. Tantos siglos de políticas oscurantistas en Colombia y el mundo no ha solucionado ninguna “crisis”.
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