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El mandatario recordó que la ley “tiene un elemento de equidad y es acercar el internet de alta velocidad a más colombianos; es poder llegar al 70 % de los colombianos, en esta fase inicial, y después al 100 %”.
Por su parte, la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, explicó en Semana que el proyecto “busca conectar a los colombianos, que el país dé un salto hacia adelante para acelerar el cierre de la brecha digital y definir reglas claras que permitan que Colombia se convierta en un país atractivo para la inversión. Hoy veinte millones de colombianos no cuentan con internet de banda ancha, lo que genera gran inequidad. Existe una fuerte correlación entre el nivel de penetración de internet y la desigualdad”.
Por eso, la propuesta impulsada por el Gobierno y que se encuentra en discusión en el Congreso busca modificar la manera en que se generan incentivos de inversión en el sector. Como dijo Constaín, “en este caso se mira cuál es la propuesta que más cierra la brecha digital, la que más gente alcanza y la que mejora la conectividad en Colombia”.
Compartimos el diagnóstico del Gobierno. Colombia necesita solucionar su brecha digital si quiere ser competitiva en el mundo moderno. También, es un asunto de equidad: si logramos que todas las regiones del país estén conectadas, podemos garantizar mejor acceso a educación, salud y tantos otros servicios que el Estado está en deuda de prestar.
En ese sentido, creemos que el Congreso debe darle prioridad a la discusión del proyecto. No podemos darle más largas al asunto.
Dicho eso, no puede olvidarse que este proyecto de ley ha estado enmarcado en escándalos. La crítica a sus partes más problemáticas, como la preocupación sobre el futuro de la financiación y la libertad de los contenidos del sistema de medios públicos, llevó a un deplorable acto de censura dentro de RTVC y condenó el proyecto el año pasado.
Por eso, ahora que se le quiere dar impulso al problema, muchas voces dentro de la sociedad civil y en los sectores involucrados se preguntan: ¿los cambios realizados son suficientes para aplacar las dudas y poder construir el consenso convocado? Como escribió Carolina Botero hace poco, en El Espectador, “quienes están encargados de la infraestructura necesitan esta ley para modernizarnos y desplegar 5G, pero han dejado de lado a los de contenidos como si no tuvieran nada para decir; craso error”.
Necesitamos esta ley. Es momento de que el Congreso tome la vocería, introduzca los cambios que escuchen a los críticos y Colombia pueda avanzar en su modernización. Se trata de una gran oportunidad para disminuir la brecha digital. No dejemos que se desperdicie.
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