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El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es uno de los principales triunfos en relaciones internacionales y economía de la administración de Juan Manuel Santos. Si el país asume el reto enorme de estar a la altura de los estándares de la organización, los efectos positivos se sentirán por décadas. Ahora, no obstante, empieza el trabajo más difícil.
Durante cinco años, el gobierno Santos estuvo haciendo un trabajo intenso de cabildeo. Además, el país aprobó varias reformas para demostrarles a los miembros de la OCDE que estaba en capacidad de mejorar sus estándares en una amplia gama de temas. El resultado fue que Colombia se convirtió en el país número 37 en hacer parte de la organización.
Esto permitirá que se eleve la competitividad y se mejoren las prácticas en la administración pública, pues invita a que el país se compare con los más desarrollados del planeta y sea evaluado con base en estándares mucho más exigentes. Como explicó Catalina Crane, representante especial de Colombia ante la OCDE en París, en entrevista con La FM, “es como estar en la mejor universidad. Con profesores muy buenos y con prácticas que podrían mejorar el sistema económico, la educación y la transparencia”.
Para quienes ven con reparos la idea de perder soberanía en la determinación de los principios económicos, no sobra recordar que las decisiones de la OCDE no son vinculantes. Son simples sugerencias con base en lo que ha funcionado en otros países y lo que se considera como las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, hacer parte de la OCDE es una presión que puede traer muchos beneficios.
Lo explicó Salomón Kalmanovitz en El Espectador: “las directrices sí constituyen una presión por el lado de los argumentos y de la autoridad moral de países serios a favor de políticas que contribuyan al desarrollo incluyente. Por ejemplo, las medidas de protección a la actividad sindical han sido acogidas por el Gobierno colombiano, gracias a las prácticas que defiende la OCDE, después de que fuera tan vulnerada durante la era Uribe”.
Ahora el reto enorme de los próximos gobiernos es estar a la altura de las exigencias. Por ejemplo, uno de los grandes pendientes, según los análisis que ha hecho la OCDE sobre Colombia, es la necesidad urgente de una reforma pensional profunda. Lo mismo puede decirse sobre la necesaria reforma a la justicia o la excesiva concentración del sistema financiero. Si el país pretende estar al mismo nivel de las naciones más desarrolladas y acceder a los beneficios que esto conlleva, debe ponerse al día con varios pendientes históricos. ¿Estarán los líderes políticos a la altura?
Más allá de las buenas prácticas que se deberían implementar, estar en la OCDE mejora la reputación del país. Esto, si se sabe utilizar y no se desperdicia, puede fomentar nuevos flujos de capital que inviertan en el país. Ganamos todos cuando le apostamos a tener instituciones de calidad que cumplan estándares internacionales.
Celebramos la determinación del Gobierno saliente para obtener este triunfo. Ahora los colombianos debemos saber aprovecharlo.
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