Otra vez la dosis mínima

En Socorro, Santander, el presidente Iván Duque anunció que esta semana que comienza espera “poder dejar firmado el decreto a través del cual estamos dándoles las herramientas a la Policía Nacional para confiscar cualquier dosis de droga y de alucinógenos en las calles de Colombia”. Es un paso más en la guerra que el mandatario y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le declararon al microtráfico.

Sin embargo, como varios analistas han observado, están buscando la fiebre en las sábanas. Pierden los colombianos que ven sus derechos reducidos y pierde el país por la ausencia de una política antidrogas que sí dé resultados valiosos.

El argumento del fiscal, quien presentó un proyecto de ley en el Congreso para limitar seriamente la dosis de aprovisionamiento, va así: los policías no están pudiendo capturar a los criminales pues, cuando los atrapan con determinadas cantidades de droga, dicen que eso hace parte de sus dosis mínima permitida por la jurisprudencia de las cortes del país. Por eso, estamos perdiendo la lucha contra el microtráfico. El presidente está de acuerdo con esa posición.

Como lo explicó Rodrigo Uprimny hace unas semanas en El Espectador, los “umbrales rígidos para la dosis de aprovisionamiento no tienen bases científicas pues no toman en cuenta las prácticas de consumo y aprovisionamiento de distintos consumidores. Por ejemplo, algunos de ellos prefieren comprar en grupo cantidades mayores para limitar su contacto con el mercado ilícito”. Entonces, en la práctica sí estamos criminalizando al consumidor pues capturarlo con una dosis prohibida implica inmediatamente tratarlo como traficante, sin derecho a otras consideraciones. Eso es un retroceso en los derechos fundamentales de los colombianos.

Además, el elefante en la habitación es que el prohibicionismo ha fracasado en el país y en el mundo como estrategia de la lucha antidrogas. Cuando el presidente dice que quiere “proteger a nuestros niños”, no parece percatarse de que pretende hacerlo con las mismas estrategias que llevan varias décadas sin arrojar buenos resultados.

La lucha contra el narcotráfico, en todas sus magnitudes, necesita una reforma estructural y un cambio de enfoque. Hablando sobre la utilidad de las cárceles, Yesid Reyes escribió en El Espectador: “Siempre habrá delitos, y será necesario castigarlos; pero se debe hacer más énfasis en su prevención que en su represión (...) al Estado en su conjunto le corresponde identificar las causas que originan la delincuencia y plantear una política orientada a controlarlas”.

Ese diagnóstico es el que ha fallado en el país. El resultado de tantos años de prohibicionismo es que el problema persiste, los carteles se han fortalecido, los consumidores legales viven en miedo y, sí, el microtráfico está fuera de control.

Utilizar el punitivismo como estrategia es llamativo porque es una medida fácil que seguro aumentará el número de arrestos, permitiendo que las autoridades saquen pecho. Pero, en el fondo, poco servirá: persistirá el microtráfico y los colombianos tendrán menores protecciones legales. Es tiempo de cambiar de enfoque.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

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En Socorro, Santander, el presidente Iván Duque anunció que esta semana que comienza espera “poder dejar firmado el decreto a través del cual estamos dándoles las herramientas a la Policía Nacional para confiscar cualquier dosis de droga y de alucinógenos en las calles de Colombia”. Es un paso más en la guerra que el mandatario y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le declararon al microtráfico.

Sin embargo, como varios analistas han observado, están buscando la fiebre en las sábanas. Pierden los colombianos que ven sus derechos reducidos y pierde el país por la ausencia de una política antidrogas que sí dé resultados valiosos.

El argumento del fiscal, quien presentó un proyecto de ley en el Congreso para limitar seriamente la dosis de aprovisionamiento, va así: los policías no están pudiendo capturar a los criminales pues, cuando los atrapan con determinadas cantidades de droga, dicen que eso hace parte de sus dosis mínima permitida por la jurisprudencia de las cortes del país. Por eso, estamos perdiendo la lucha contra el microtráfico. El presidente está de acuerdo con esa posición.

Como lo explicó Rodrigo Uprimny hace unas semanas en El Espectador, los “umbrales rígidos para la dosis de aprovisionamiento no tienen bases científicas pues no toman en cuenta las prácticas de consumo y aprovisionamiento de distintos consumidores. Por ejemplo, algunos de ellos prefieren comprar en grupo cantidades mayores para limitar su contacto con el mercado ilícito”. Entonces, en la práctica sí estamos criminalizando al consumidor pues capturarlo con una dosis prohibida implica inmediatamente tratarlo como traficante, sin derecho a otras consideraciones. Eso es un retroceso en los derechos fundamentales de los colombianos.

Además, el elefante en la habitación es que el prohibicionismo ha fracasado en el país y en el mundo como estrategia de la lucha antidrogas. Cuando el presidente dice que quiere “proteger a nuestros niños”, no parece percatarse de que pretende hacerlo con las mismas estrategias que llevan varias décadas sin arrojar buenos resultados.

La lucha contra el narcotráfico, en todas sus magnitudes, necesita una reforma estructural y un cambio de enfoque. Hablando sobre la utilidad de las cárceles, Yesid Reyes escribió en El Espectador: “Siempre habrá delitos, y será necesario castigarlos; pero se debe hacer más énfasis en su prevención que en su represión (...) al Estado en su conjunto le corresponde identificar las causas que originan la delincuencia y plantear una política orientada a controlarlas”.

Ese diagnóstico es el que ha fallado en el país. El resultado de tantos años de prohibicionismo es que el problema persiste, los carteles se han fortalecido, los consumidores legales viven en miedo y, sí, el microtráfico está fuera de control.

Utilizar el punitivismo como estrategia es llamativo porque es una medida fácil que seguro aumentará el número de arrestos, permitiendo que las autoridades saquen pecho. Pero, en el fondo, poco servirá: persistirá el microtráfico y los colombianos tendrán menores protecciones legales. Es tiempo de cambiar de enfoque.

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