Sexo, video y renuncias... ¿y la verdad?

Sería gravísimo para el país que el resultado de esta semana convulsionada por escándalos en la Policía Nacional, el Congreso de la República y los medios de comunicación sea que olvidemos las escalofriantes acusaciones sobre corrupción en una institución clave para la protección de los colombianos. Son múltiples las críticas que deben hacerse sobre el actuar de todos los involucrados.

En todo lo sucedido ha pasado de agache el procurador, Alejandro Ordóñez. Fue él quien, con irresponsable vaguedad, habló de la existencia de un video que sería prueba clave en las indagaciones sobre la Comunidad del Anillo —la red de prostitución a cambio de ascensos laborales en la Policía— y que involucraba a un funcionario del alto Gobierno. Ahora sabemos que esa rimbombancia se refería a una grabación que, en realidad, probaba poco. ¿Tenía otros intereses?

A propósito de ese video, pecaron de gravedad Vicky Dávila y su equipo de La FM al publicarlo. Si bien es cierto que los funcionarios y personajes públicos no tienen vida privada, las intromisiones a su intimidad sólo se justifican cuando algún elemento de esa vida privada tenga algo que ver con —o afecte— sus funciones. Lo que pretendía probarse —que el exviceministro Carlos Ferro, contrario a lo que había dicho, conocía al exalférez de la Policía Ányelo Palacios— no necesitaba la publicación extensa de una grabación donde se discuten asuntos íntimos. El daño a Ferro era innecesario y demuestra lo difícil que es para un periodista distanciarse de un tema que lo involucra personalmente (Dávila ha denunciado interceptaciones y seguimientos por parte de miembros de la Policía).

No obstante lo anterior, fueron inadecuadas las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre el tema. “Se están saliendo de madre ese tipo de ataques y de información, que no son un buen periodismo”, dijo el mandatario, agregando que lo decía “como periodista, no como presidente”, como si abandonar la privilegiada posición de poder en la que se encuentra fuese posible. De aquí y hasta el final de su mandato, cuando Juan Manuel Santos habla, lo hace en representación de su cargo y su pasado como periodista no le da licencia para dictar cátedra sobre cómo y qué deben informar los medios de comunicación.

También dijo el presidente que “no se puede señalar a un general, acusarlo de ciertas cosas (en las) que él sostiene, con mucha convicción, nada tuvo que ver”. En la misma tónica, refiriéndose a la llamada Comunidad del Anillo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que “ese fue un tema que aparentemente existió, que tuvo vínculos internos de la institución a un nivel relativamente alto, pero que hoy no tenemos ninguna evidencia de que siga funcionando”, y que “no tenía conocimiento la Dirección de ese momento, ni la que salió, ni la que acaba de entrar”. Continúa, pues, el Gobierno en la línea de descalificar las denuncias sin esperar el resultado de las investigaciones.

Son muchas las preguntas que quedan ante tanta vaguedad: ¿Por qué el exministro de Defensa Camilo Ospina dijo que esa “comunidad” no existía? Y ahora que se reconoce su existencia, ¿cómo sabemos que en realidad se desmanteló? ¿Por qué no se informó a la opinión pública, si existían publicaciones al respecto desde hace años? ¿Dónde están los responsables? ¿Quiénes son? Si las investigaciones apenas toman forma —somos optimistas—, ¿cómo se puede asegurar que la Dirección de la Policía no conocía del tema?

El error de Vicky Dávila que le costó su retiro del cargo no borra el hecho de que ella, Claudia Morales y sus equipos de trabajo han sido amenazados e interceptadas ilegalmente sus comunicaciones. Ojalá que esa renuncia no signifique, también, la sepultura de las investigaciones. Estaremos atentos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Sería gravísimo para el país que el resultado de esta semana convulsionada por escándalos en la Policía Nacional, el Congreso de la República y los medios de comunicación sea que olvidemos las escalofriantes acusaciones sobre corrupción en una institución clave para la protección de los colombianos. Son múltiples las críticas que deben hacerse sobre el actuar de todos los involucrados.

En todo lo sucedido ha pasado de agache el procurador, Alejandro Ordóñez. Fue él quien, con irresponsable vaguedad, habló de la existencia de un video que sería prueba clave en las indagaciones sobre la Comunidad del Anillo —la red de prostitución a cambio de ascensos laborales en la Policía— y que involucraba a un funcionario del alto Gobierno. Ahora sabemos que esa rimbombancia se refería a una grabación que, en realidad, probaba poco. ¿Tenía otros intereses?

A propósito de ese video, pecaron de gravedad Vicky Dávila y su equipo de La FM al publicarlo. Si bien es cierto que los funcionarios y personajes públicos no tienen vida privada, las intromisiones a su intimidad sólo se justifican cuando algún elemento de esa vida privada tenga algo que ver con —o afecte— sus funciones. Lo que pretendía probarse —que el exviceministro Carlos Ferro, contrario a lo que había dicho, conocía al exalférez de la Policía Ányelo Palacios— no necesitaba la publicación extensa de una grabación donde se discuten asuntos íntimos. El daño a Ferro era innecesario y demuestra lo difícil que es para un periodista distanciarse de un tema que lo involucra personalmente (Dávila ha denunciado interceptaciones y seguimientos por parte de miembros de la Policía).

No obstante lo anterior, fueron inadecuadas las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre el tema. “Se están saliendo de madre ese tipo de ataques y de información, que no son un buen periodismo”, dijo el mandatario, agregando que lo decía “como periodista, no como presidente”, como si abandonar la privilegiada posición de poder en la que se encuentra fuese posible. De aquí y hasta el final de su mandato, cuando Juan Manuel Santos habla, lo hace en representación de su cargo y su pasado como periodista no le da licencia para dictar cátedra sobre cómo y qué deben informar los medios de comunicación.

También dijo el presidente que “no se puede señalar a un general, acusarlo de ciertas cosas (en las) que él sostiene, con mucha convicción, nada tuvo que ver”. En la misma tónica, refiriéndose a la llamada Comunidad del Anillo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que “ese fue un tema que aparentemente existió, que tuvo vínculos internos de la institución a un nivel relativamente alto, pero que hoy no tenemos ninguna evidencia de que siga funcionando”, y que “no tenía conocimiento la Dirección de ese momento, ni la que salió, ni la que acaba de entrar”. Continúa, pues, el Gobierno en la línea de descalificar las denuncias sin esperar el resultado de las investigaciones.

Son muchas las preguntas que quedan ante tanta vaguedad: ¿Por qué el exministro de Defensa Camilo Ospina dijo que esa “comunidad” no existía? Y ahora que se reconoce su existencia, ¿cómo sabemos que en realidad se desmanteló? ¿Por qué no se informó a la opinión pública, si existían publicaciones al respecto desde hace años? ¿Dónde están los responsables? ¿Quiénes son? Si las investigaciones apenas toman forma —somos optimistas—, ¿cómo se puede asegurar que la Dirección de la Policía no conocía del tema?

El error de Vicky Dávila que le costó su retiro del cargo no borra el hecho de que ella, Claudia Morales y sus equipos de trabajo han sido amenazados e interceptadas ilegalmente sus comunicaciones. Ojalá que esa renuncia no signifique, también, la sepultura de las investigaciones. Estaremos atentos.

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