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El pasado 22 de marzo, el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado durante su primer debate en las comisiones económicas del Congreso. Ese día se dio luz verde a la mayoría de artículos, incluso a los más polémicos, como el alza en las tarifas eléctricas de ciertos sectores para salvar a Electricaribe o los aranceles a las importaciones de prendas de vestir. Sin embargo, con las votaciones en bloque también fue aprobada una propuesta que pasó desapercibida para muchos: el artículo 100, que pretende buscar alternativas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (pymes) mediante el mercado de capitales.
El texto propone la creación de un modelo de emisiones de acciones o de instrumentos de crédito, de hasta 584.000 unidades de valor tributario (UVT) por cada emisor para pequeñas y medianas empresas. Es decir, se trataría de una plataforma paralela a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en la cual las pymes con buena proyección podrían emitir instrumentos de capital o de deuda con el fin de obtener una fuente de financiamiento diferente al sector bancario.
A diferencia de las empresas de gran tamaño, las 114.022 pymes que hay en Colombia no tienen el músculo financiero para participar en la BVC. Si lo hicieran, se les exige cumplir con una serie de requisitos, como ser sociedades anónimas, contar con un patrimonio de al menos $7.000 millones, tener mínimo cien accionistas y que por lo menos el 10 % del total de las acciones en circulación del emisor estén en cabeza de personas distintas a las que conforman un mismo beneficiario real, entre otras condiciones. El artículo 100 busca entonces crear un régimen especial que facilite el proceso de emisión para las pymes.
Según Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el artículo abre la puerta no solo a una inyección de capital importante, sino también a una dinámica novedosa al hacer de las pymes una opción de inversión. “Estas actividades que permiten dinamizar la actividad empresarial siempre serán bienvenidas. Entre más oferta tengamos en el mercado, mejor”, asegura.
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Sin embargo, aunque la propuesta es atractiva, el Gobierno todavía no ha explicado en qué consistiría el sistema ni quién respaldaría las emisiones. Según el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, los detalles del proyecto se definirán una vez este sea aprobado en el Congreso. “Es una norma que necesita muchos detalles y no puede ir en contra del estatuto financiero”, señala Rodríguez. Por el momento, solo se sabe que el marco regulatorio recaería sobre la Superintendencia Financiera y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).
Si bien el artículo es tan solo una propuesta con la que el Gobierno busca hacerle un guiño al sector bursátil, algunos analistas sugieren que la sola idea es demasiado ambiciosa y que, en caso de llevarse a cabo, necesitaría una reglamentación robusta que ofrezca suficientes garantías a los inversionistas.
Según Francisco Reyes, exsuperintendente de Sociedades y defensor de las empresas SAS, “primero hay que crear protecciones adecuadas —que actualmente no existen— para los inversionistas minoritarios. Poner en marcha un sistema efectivo de control que en la Superfinanciera todavía no se ha podido hacer”. Reyes opina que no es ideal crear una división exclusiva para las pymes cuando la confianza en el mercado bursátil todavía no es lo suficientemente fuerte.
Por su parte, Diego Franco, analista de bolsa y presidente de Franco Group S.A., asegura que la iniciativa es novedosa y les da opciones de inversión a diversos perfiles de personas que están buscando qué hacer con su dinero. Aún así, Franco sugiere que el Gobierno debería incorporar esta iniciativa dentro de la BVC y ofrecer suficientes respaldos para no deteriorar la confianza inversionista. “Ojalá no caigamos en el error de que por querer ayudar a ciertas pymes, terminemos inflándolas y de alguna forma metiendo a inversionistas en unas compañías que todavía no han cumplido cierta maduración”.
Según Franco, el proyecto podría tener éxito si la solidez financiera estuviera respaldada por el propio Gobierno, argumento que comparte Felipe Ortiz, operador de mercado bursátil. “Una acción de pymes genera un riesgo alto, a menos de que el Gobierno Nacional le meta algún tipo de atractivo tributario. Por ejemplo, comprar acciones y ahorrarse un porcentaje en la declaración de renta. Ese sería un incentivo que se traduciría en utilidad”, afirma.
Para el experto, sería más útil que, en vez de emitir acciones, el artículo propusiera una emisión de bonos; de esta forma el responsable directo sería el Gobierno y lo que capte podría ser distribuido entre pymes que cumplan ciertos criterios. De hecho, en noviembre de 2018, Bancóldex realizó la primera emisión de “bonos naranja” del mundo. Este mecanismo se pensó con el fin de capturar recursos del mercado de capitales y dirigirlos a créditos para financiar las industrias creativas nacionales.
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Según la entidad, los inversionistas demandaron 2,9 veces el valor subastado durante la emisión. “El resultado de esta primera aproximación al mercado de capitales es una señal de que hay un claro interés de los inversionistas en apostarle a la industria creativa y cultural del país; sin embargo, es importante surtir un proceso previo de capacitación y formación de las pymes que les permitan tener una capacidad de estructuración y evaluación financiera sólida de cara al mercado financiero”, sostuvo Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex.
Aunque la iniciativa del Gobierno todavía debe ser aprobada en un segundo debate en el Congreso y le quedaría un largo camino por recorrer en materia de reglamentación, el hecho de que haya una propuesta de financiamiento para las pymes diferente a las tradicionales en el Plan de Desarrollo es una señal de que este sector se ha convertido en un jugador clave para la economía nacional en los últimos años, que aún necesita contar con las herramientas suficientes para poder crecer.