Autoridades definirán ruta inmediata para proteger a líderes sociales en Tumaco

Este jueves, Tumaco recibe la visita de altos funcionarios del gobierno junto a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo con el fin convertirse en un espacio de discusión, reflexión y determinación de estrategias para frenar las amenazas y vulneraciones a las que día a día se enfrentar los líderes y lideresas sociales de este municipio.

La mesa de trabajo, convocada por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, de cara a los graves hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas, teniendo en cuenta que la disidencia de las Farc liderada por alias ‘Guacho’ tiene presencia en el territorio, busca definir medidas inmediatas orientadas a la protección efectiva de los defensores de derechos humanos de Nariño.

Según lo informó este diario, las cifras de la Defensoría indican que en dicho departamento 15 líderes sociales fueron asesinados entre el 1° de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018. Aunque los números no coinciden con las denuncias de algunas organizaciones sociales, lo cierto es que el panorama para quienes se atreven a alzar su voz en nombre de sus comunidades se ha tornado cada vez más complejo.

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“Aquí ha habido una violencia histórica que ahora estamos enfrentando de distintas maneras. Estamos aquí, primero, para que no sea solamente una solución policial, militar o judicial, sino para que realmente nos ocupemos de reconstruir el tejido social y la confianza en la institucionalidad. Por otro lado, para lanzar la señal inequívoca de que vamos a perseguir a los criminales para que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. Y, al mismo tiempo, para ofrecer las condiciones básicas de la seguridad colectivas e individuales”, aseguró el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, quien asiste a la reunión.

Según lo declaró Naranjo, las prioridades del gobierno para atender esta situación “con carácter de urgencia y emergencia” irán de la mano de las necesidades de los mismos habitantes. “Vamos a escuchar a las comunidades, vamos a ver las respuestas que las instituciones tienen a esas problemáticas y a realizar compromisos para hacer seguimiento exacto de lo que aquí se adopte en función de esa protección”, manifestó.

Además, puntualizó que “más que condenar estos hechos repudiables, lo que realmente estamos enfrentando es a unos criminales que quieren silenciar las voces de los líderes y lideresas en los territorios ahora sin conflicto armado, por esa razón necesitamos respuesta inmediata por parte de la fuerza pública y de la justicia”.

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El pasado viernes, la sociedad civil de Tumaco marchó para exigirle al país dirigir su mirada hacia el municipio y manifestarse en contra del abandono estatal, las acciones violentas de alias Guacho y las Guerrillas Unidas del Pacífico, y la indiferencia.

El monseñor Orlando Olave, obispo de la región, le dijo entonces a El Espectador que las soluciones propuestas desde Bogotá hasta ahora no han pasado de "paños de agua tibia"; “es hora de escucharnos para ver qué es lo que cada uno quiere decir y lo que quiere aportar. No queremos generar protagonismos, sino ser uno más en este equipo de trabajo para transformar la realidad”.

Olave denunció que los pobladores de Tumaco "tenemos un abandono histórico enorme que tiene una deuda social con el municipio, necesidades básicas insatisfechas, casi del 50%, hospitales que se empezaron a hacer hace años y ahí están parados porque se robaron la plata, niveles de pobreza terribles y niveles de desempleo de hasta el 60%". Estas condiciones, sumadas a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el territorio y las rutas del narcotráfico, agudizan la urgencia de una estrategia integral y efectiva que proteja a sus habitantes y que se espera hoy se concrete en la audiencia que se lleva a cabo en el territorio.

Este jueves, Tumaco recibe la visita de altos funcionarios del gobierno junto a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo con el fin convertirse en un espacio de discusión, reflexión y determinación de estrategias para frenar las amenazas y vulneraciones a las que día a día se enfrentar los líderes y lideresas sociales de este municipio.

La mesa de trabajo, convocada por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, de cara a los graves hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas, teniendo en cuenta que la disidencia de las Farc liderada por alias ‘Guacho’ tiene presencia en el territorio, busca definir medidas inmediatas orientadas a la protección efectiva de los defensores de derechos humanos de Nariño.

Según lo informó este diario, las cifras de la Defensoría indican que en dicho departamento 15 líderes sociales fueron asesinados entre el 1° de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018. Aunque los números no coinciden con las denuncias de algunas organizaciones sociales, lo cierto es que el panorama para quienes se atreven a alzar su voz en nombre de sus comunidades se ha tornado cada vez más complejo.

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“Aquí ha habido una violencia histórica que ahora estamos enfrentando de distintas maneras. Estamos aquí, primero, para que no sea solamente una solución policial, militar o judicial, sino para que realmente nos ocupemos de reconstruir el tejido social y la confianza en la institucionalidad. Por otro lado, para lanzar la señal inequívoca de que vamos a perseguir a los criminales para que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. Y, al mismo tiempo, para ofrecer las condiciones básicas de la seguridad colectivas e individuales”, aseguró el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, quien asiste a la reunión.

Según lo declaró Naranjo, las prioridades del gobierno para atender esta situación “con carácter de urgencia y emergencia” irán de la mano de las necesidades de los mismos habitantes. “Vamos a escuchar a las comunidades, vamos a ver las respuestas que las instituciones tienen a esas problemáticas y a realizar compromisos para hacer seguimiento exacto de lo que aquí se adopte en función de esa protección”, manifestó.

Además, puntualizó que “más que condenar estos hechos repudiables, lo que realmente estamos enfrentando es a unos criminales que quieren silenciar las voces de los líderes y lideresas en los territorios ahora sin conflicto armado, por esa razón necesitamos respuesta inmediata por parte de la fuerza pública y de la justicia”.

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El monseñor Orlando Olave, obispo de la región, le dijo entonces a El Espectador que las soluciones propuestas desde Bogotá hasta ahora no han pasado de "paños de agua tibia"; “es hora de escucharnos para ver qué es lo que cada uno quiere decir y lo que quiere aportar. No queremos generar protagonismos, sino ser uno más en este equipo de trabajo para transformar la realidad”.

Olave denunció que los pobladores de Tumaco "tenemos un abandono histórico enorme que tiene una deuda social con el municipio, necesidades básicas insatisfechas, casi del 50%, hospitales que se empezaron a hacer hace años y ahí están parados porque se robaron la plata, niveles de pobreza terribles y niveles de desempleo de hasta el 60%". Estas condiciones, sumadas a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el territorio y las rutas del narcotráfico, agudizan la urgencia de una estrategia integral y efectiva que proteja a sus habitantes y que se espera hoy se concrete en la audiencia que se lleva a cabo en el territorio.