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Con una votación mayoritaria y faltando poco para que se suspendiera dicho proceso, finalmente, fue aprobado en el Congreso el proyecto que establece que el Estado es el único que tiene el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas. En pocas palabras, el que prohíbe el paramilitarismo, tal y como fue acordado con la exguerrilla de las Farc, en Cuba. (Leer: La hora cero de la implementación)
Fueron más de cinco debates tratando de sacar adelante el texto de conciliación sobre esta nueva norma, que pasa a revisión automática de la Corte Constitucional. Sin embargo, permanecen las dudas en distintos sectores frente a tratar de prohibir algo que, evidentemente, está ya prohibido. Incluso, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, interpeló al ministro del Interior, Guillermo Rivera, para que respondiera sobre la necesidad de esta reforma. (Leer: ¿Por qué no prohibir el paramilitarismo?)
Sin embargo, el argumento para defender dicha iniciativa siempre ha sido, por el lado de la hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el de acabar con cualquier posibilidad de que se repitan episodios de violencia que pretendan, de alguna forma, perseguir a sus miembros. Por eso, el texto que se aprobó en el Congreso dice que se prohíbe "la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas o paramilitares, así como sus estructuras o prácticas, grupos de seguridad ilegales o de justicia privada u otras denominaciones equivalentes". (Consulte también:Prohibición del paramilitarismo, una reforma que levanta ampolla)
“Por fin se dio el paso final para que se votara el acto legislativo que prohíbe el paramilitarismo. Lamentablemente hubiéramos querido que la votación representara la mayoría del Senado, sin embargo, solo 57 votos a favor de la reforma. Ahora quienes padecieron la violencia de estas estructuras ya tienen una nueva herramienta para defender sus derechos”, concluyó Judith Maldonado, representante de Voces de Paz en el Senado. La conciliación le dio paso al debate sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, sin embargo, el Gobierno no pudo garantizar el quórum para votar la iniciativa, que ya, por tiempos, está al borde de hundirse.