Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Los procesos de revocatoria de alcaldes y gobernadores podría enfrentar un cambio en las reglas de juego. El Consejo Nacional Electoral se dispone a discutir un proyecto de resolución, que impondría nuevas exigencias a los promotores, evitando que el trámite se limite a la recolección de firmas. De ser aprobada, sería un salvavidas para los casi 90 alcaldes en el país que tienen en vilo la continuidad de sus mandatos, entre ellos el de Bogotá, Enrique Peñalosa. (LEA: La revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, por ahora, está respaldada con 666.023 firmas)
Según el documento, conocido por El Espectador, se pretende que toda solicitud de revocatoria cumpla ocho requisitos, entre ellos, entregar pruebas que demuestren que el mandatario efectivamente está incumpliendo su programa de gobierno y argumentar las razones que sustenten la insatisfacción generalizada de la ciudadanía. Agrega que, antes de que la Registraduría avale con resolución cualquier comité de revocatoria, se deben remitir al CNE las pruebas aportadas por los promotores para verificar si cumplen las normas constitucionales. El CNE tendrá un plazo no mayor a 15 días hábiles para pronunciarse. (Lea aquí: Jaque a la revocatoria de Peñalosa)
El proyecto presentado por el magistrado Alexánder Vega, presidente del CNE, agrega que en caso de encontrar una causa grave de violación en el trámite de verificación de apoyos, podrá solicitarle a la Registraduría que se abstenga de continuar con el procedimiento hasta que la entidad se pronuncie de fondo. Finalmente, si el trámite no permite subsanar las fallas, podrá solicitar el archivo de la solicitud. Incluso, se podría suspender el trámite, así ya exista fecha para que los ciudadanos acudan a las urnas. (LEA:Siete alcaldes de Cundinamarca enfrentan procesos de revocatoria)
En esencia, lo que el proyecto busca es trasladarle la carga de la prueba a los promotores de las revocatorias, pues tendrán que demostrar que hay motivos suficientes para activar este mecanismo de participación ciudadana, que define en las urnas la continuidad de un mandatario local.
De ser aprobada la resolución, la discusión pasará a ser un debate de abogados, en el que surgirán varios interrogantes: ¿cómo demostrar que se está incumpliendo un plan de gobierno, si los mandatarios tienen cuatro años para hacerlo?, ¿cómo demostrar, más allá de la recolección de firmas, la insatisfacción de la ciudadanía? o ¿hasta qué punto el CNE puede imponer nuevas condiciones a la Ley de Participación Ciudadana?
Aunque se supone que ninguna norma puede ser retroactiva, hay elementos en el borrador que podría incidir en los procesos de revocatoria que ya están en marcha. La razón: si bien el documento dice que la norma regirá una vez sea publicada, también establece que el CNE podrá intervenir en cualquier parte del trámite. Es decir, de aprobarse, alguien podría interpretar que el CNE quedaría con facultades para revisar los actuales procesos y definir si cumplen la ley.
El proyecto de resolución parece una respuesta al oficio que el exmagistrado Humberto Sierra Porto (hoy apoderado del alcalde Enrique Peñalosa) envió hace más de un mes al CNE y a la Registraduría, en el que precisamente cuestionó la falta de análisis de las autoridades electorales a la hora de avalar un comité de revocatoria. En el caso concreto del alcalde de Bogotá señaló que los comités avalados no identificaron reproches concretos a la gestión del alcalde, propiciando un debate basado en prejuicios y mentiras. (LEA: Enrique Peñalosa enfila baterías para frenar la revocatoria)
Incluso cuestionó los motivos de los promotores, pues consideraba que el hecho de que estuvieran trabajando incluso desde antes de que Peñalosa asumiera el cargo demostraba que el proceso estaba “lejos de ser una opción para que la ciudadanía evalúe si el alcalde ha cumplido o no su programa de gobierno”.
“En aras de evitar que la manipulación política afecte el correcto funcionamiento de las instituciones, el deber del CNE y la Registraduría consiste en verificar que las iniciativas contengan ‘la exposición de motivos que sustenta la propuesta’, para evitar un debate basado en mentiras. Todo ello desborda los márgenes del derecho fundamental a la participación política, pues en vez de encontrar sustento en las normas constitucionales, tiene las trazas del abuso del derecho”, agrega Sierra Porto.
En conclusión, el proyecto que discutirá el CNE le cambiaría el panorama a los procesos de revocatoria en el país. Por eso, el debate en la sala plena del máximo tribunal electoral será al rojo vivo. En caso de ser aprobada, habrá que esperar las ya anunciadas demandas contra la resolución y sus largos trámites. Con esto, indiscutiblemente, los mandatarios que enfrentan procesos de revocatoria, ganarán algo invaluable: tiempo.