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Como era de esperarse, el Gobierno mostró su desacuerdo con el informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país hecho por la oficina de la alta comisionada para estos temas de Naciones Unidas. Así como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió a dar declaraciones al respecto, el presidente Iván Duque tampoco se quedó callado.
“Hay que analizar siempre esos documentos con mucha serenidad, así lo hemos hecho siempre, pero debo manifestar mis preocupaciones”, habló antes de entrar a tocar punto por punto.
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La primera preocupación que manifestó fue la presencia, a su juicio, de imprecisiones en el documento y que no se esté diciendo la verdad sobre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los puntos fuertes dentro del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en La Habana y, quizá, uno de los que el Gobierno le ha puesto más empeño desde la Consejería para la Estabilización.
Al comentar esto, dio cifras que, explicó, son la evidencia del trabajo que ha adelantado su gobierno: “cuando empezamos solo había dos PDET, hoy hay 16. Estamos acercándonos a más de 680 obras PDET y vamos a llegar pronto a las 700. Se ha hecho la formalización de tierras que pueden llegar a 300.000 hectáreas, adicionalmente se han incluido más de 600.000 al Banco de Tierras. Nada de eso se dice, pero se descalifica el trabajo en los PDET”.
Tal vez el comentario más fuerte fue el relacionado con la recomendación de Naciones Unidas de designarle al Ministerio del Interior la supervisión de la Policía para “fortalecer la capacidad institucional”. “Rescatando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece que es una intromisión a la soberanía de un país. Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas, en el marco de la institucionalidad colombiana”, subrayó.
Otro de los puntos que alertó las Naciones Unidas fue el del actuar del Esmad, especialmente durante las protestas en el marco del paro nacional. Según la oficina: “no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza”, pidiendo con esto que se investiguen los casos de posibles violaciones a los derechos humanos.
El presidente respondió que le sorprendía que no apareciera referenciado en el informe las violaciones a los derechos humanos protagonizadas por grupos armados, como el Eln, Clan del Golfo, disidencias, entre otros.
Por último, cuestionó la omisión de políticas de protección como el Plan de Acción Oportuna (PAO) para salvaguardar la vida de los líderes sociales en el país. “No puede haber sesgos, estaremos en el escenario que corresponda, en el Consejo de DD.HH. elevando la voz del gobierno colombiano como lo hemos hecho siempre”, finalizó. Igualmente, la Cancillería anunció que dará a conocer sus comentarios sobre el informe ante la oficina de la alta comisionada en Ginebra.
Sin la respuesta formal, señalaron que su preocupación "porque no ha presentado un informe integral y actualizado, enfocado a construir sobre la base de un diagnóstico objetivo e imparcial de logros y retos existentes". Y tal como el presidente, lamenta la omisión de temas de importancia para la agenda del Gobierno.
"También se observa que, a diferencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y del propio Consejo de Seguridad, el informe no refleja los avances de la política de Paz con Legalidad y en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que con visión de largo plazo viene generando resultados en la estabilización de los territorios más afectados por violencia y pobreza, derechos de las víctimas y otros temas. Ignorar esos progresos y su contribución en Derechos Humanos, genera en la comunidad internacional apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en este tema", se lee en otro aparte.