'Gobierno no puede decir que debemos encerrarnos en la casa para estar seguros': Pastor Alape
Por falta de garantías de seguridad, exguerrilleros en Ituango aceptaron el traslado de su espacio de reincorporación a un lugar en donde su vida no peligre. Ante esto, el delegado de la FARC para velar por ese proceso manifestó que, más allá de esa decisión, el Gobierno debe aplicar una política clara para que los territorios no sean amedrentados por armados.
Laura Angélica Ospina - @LaurisOspina
Pastor Alape es el delegado del partido FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación y el coordinador de la colectividad en Antioquia. Desafortunadamente, en el municipio de Ituango se han registrado dos asesinatos en los últimos dos meses. El homicidio de Darío Herrera y Manuel Antonio González, avivó la zozobra y el miedo de los exguerrilleros ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Santa Lucía, de esa zona. Por ello, de los 89 excombatientes que habitan allí, más de 60 están dispuestos a desplazarse por falta de garantías de seguridad.
La situación es, a nivel nacional, un cruce de información sobre el porqué de la decisión de los desmovilizados. Si bien no se ha dado un desplazamiento masivo (como aseguraron en un principio algunos medios), los excombatientes afirman que el Gobierno no les está brindando ni seguridad, ni sustento económico suficiente para subsistir en ese predio, por lo que deben salir de allí.
(Para conocer más sobre las razones de la salida de los exguerrilleros, haga clic acá)
Por su lado, el Gobierno en voz de Emilio Archila, consejero para la Estabilización, declara que no hay situaciones de orden público que desaten una amenaza total contra esta población. Así mismo, recordó que desde mayo de 2019 la institucionalidad recomendó que debían salir de ahí, sin embargo solo hasta hace una semana los exguerrilleros accedieron a un traslado.
Según Archila, la administración Duque procurará que el traslado del ETCR se haga “de manera ordenada” y que los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) “sean puestos a disposición de los excombatientes para vivienda y proyectos productivos. Son alrededor de 500 lotes disponibles para escoger el que sea más conveniente”, dijo. Sin embargo, los reparos de Alape y del partido frente al proceso de reincorporación desbordan la solución propuesta hasta ahora.
¿Cómo ve el futuro de la reincorporación?
Veo la reincorporación con mucha preocupación porque hay muchas complicaciones, empezando por el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz, es decir, de personajes en proceso de reincorporación. Estamos casi viviendo un asesinato cada cinco días en lo que va de este mes. Eso ha generado incertidumbre y zozobra en los espacios territoriales. Y las declaraciones del gobierno en voz de Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior quien dijo que el Acuerdo es "semifallido" eleva esas preocupaciones. Uno entonces no sabe qué escuchar: si al doctor Emilio Archila que dice que el presidente se la está jugando toda por la paz o el discurso que dio Gutiérrez. De entrada entrada eso ya genera desconfianza y pone en duda cómo lograr las metas que deberían alcanzarse en este año.
(Lea: “La paz va por buen camino": la desautorizada de Duque a Nancy Patricia Gutiérrez)
Nancy Patricia Gutiérrez sale del Ministerio del Interior y pasa a ser consejera para los Derechos Humanos. ¿Qué opina de ese nombramiento luego de una declaración tan desafortunada como la que mencionó?
Pues es un nombramiento complejo. Tenemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica a Rubén Darío Acevedo, una persona que no reconoce el conflicto armado. Y ahora tenemos a Nancy Patricia Gutiérrez, una mujer que dice que el Acuerdo es "semifallido", en un cargo con una responsabilidad determinante ahora que la violencia está creciendo comparada con 2018. Y esa violencia se ha dado por falta de un compromiso mayor por parte del Gobierno en la implementación de lo pactado.
El Gobierno insiste en que se está implementando la Paz con Legalidad y diferentes programas para la protección de los excombatientes, a la par del acompañamiento que brinda la Unidad Nacional de Protección. Pero las muertes están en aumento y hay miedo. ¿Dónde está el error para asegurar la vida de los exguerrilleros?
Nosotros planteamos que se requerían transformaciones estructurales y en ese sentido, el Acuerdo establece unos puntos en concreto, como el pacto político nacional, los pactos regionales con los que el Gobierno debía comprometerse para darle un giro al discurso de los sectores de poder. Pero lo que hemos encontrado es un partido de gobierno que mantiene un mensaje de polarización y eso por supuesto que envalentona e impulsa a los diversos actores armados a actuar.
De igual manera, no se tomaron las medidas en el momento en que las Farc dejan las armas para establecer una política clara que retome el control estatal de los territorios. Las zonas que nosotros ocupábamos fueron inmediatamente ocupadas por otros actores armados. Entonces, se requiere una política en concreto para los territorios que transforme la estructura violenta que persiste.
(Lea: En Ituango, los excombatientes de las Farc ya tienen tierra, pero temen por su vida)
¿Cómo ve el trabajo hecho por Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y de Emilio Archila, consejero para la Estabilización?
Andrés Stapper y Emilio Archila son dos ciudadanos con los que se puede dialogar. Pero es que ellos como funcionarios corresponden a una orientación política de gobierno. Y es ahí donde nos enredamos porque este gobierno no ha hecho los ajustes institucionales necesarios para implementar una política de reincorporación efectiva. Llevamos más de seis meses de haber culminado la figura de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Se terminó el 15 de agosto y hasta este momento el Gobierno no ha definido cuál es la figura territorial que va a reemplazar los espacios de la reincorporación colectiva.
Se pueden convertir en poblados, corregimientos, inspecciones de policía, barrios, veredas. Le hemos planteado a esta administración la urgencia de definir la figura de estos espacios. Es crucial porque los municipios empiezan la construcción de los planes de desarrollo y en ellos se deben incluir los lugares destinados a los exguerrilleros. Y, de igual manera, el Gobierno Nacional debe decidir de dónde saldrán los presupuestos para realizar los ajustes de estos nuevos territorios, como lo son los planes de ordenamiento territorial (POT). Eso es lo que estamos reclamando. Entonces, pueden ser buenas personas Stapper y Archila, pero el problema es la política del Gobierno que no está respondiendo a las necesidades de los territorios para la implementación del Acuerdo y la construcción de paz.
(Rodrigo Londoño acusa al Gobierno de “desnaturalizar” el acuerdo de paz)
¿Hay fecha para definir la nueva figura de los antiguos ETCR?
En el Consejo Nacional de Reincorporación, la manifestación que han hecho los funcionarios del Gobierno es que se va a definir la figura. Pero de ahí no se ha avanzado en torno a eso ni a concretar una política pública para la reincorporación.
¿Cómo está la situación en la vereda Santa Lucía, en Ituango, donde se anunció que más de 60 exguerrilleros aceptaron el traslado del ETCR?
Tenemos una situación muy crítica, principalmente en Ituango. Allí se suman 12 compañeros asesinados y eso ha generado una decisión de la mayoría de la comunidad de desplazarse, hacer un traslado del territorio, dado a que el Gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad.
El Gobierno afirma que ha brindado garantías de vida y para la reincorporación en Ituango. ¿Qué opina de eso?
El gobierno y sus funcionarios pueden decir muchas palabras positivas, pero se estrellan con una realidad: es imposible decirle a un ciudadano en Ituango que hay garantías de seguridad cuando llevan dos muertos en los dos últimos meses. El Gobierno debe ser mucho más objetivo y plantear que hay unas dificultades en el territorio y sentarse a discutir con todos los actores que construyen las fuerzas vivas de esos municipios para buscar soluciones con enfoque de Derechos Humanos, de participación política, e inversión social, que es lo que reclaman en estos municipios.
El consejero Archila, mediante un comunicado, afirmó que no se han presentado situaciones de orden público en los ETCR.
Las, políticas de Estado deben garantizar la vida de los ciudadanos en cualquier lugar del territorio. Entonces, el Gobierno no puede decirles que para estar seguros deben estar encerrados en sus casas, sin salir. Si para proteger a los ciudadanos estos deben estar dentro de los ETCR y no salir a las actividades pues ahí no hay seguridad, es decir, no hay control del Estado en esos territorios. Y eso es lo que tenemos que reconocer para poder buscar soluciones a dicha problemática.
¿El partido FARC ha logrado hablar en algún momento con el presidente Iván Duque sobre la crisis y la necesidad de traslado del ETCR en la vereda de Santa Lucía, Ituango?
Como partido en varias ocasiones hemos planteado una reunión con el presidente para abordar los temas de la paz. Pero no ha sido posible. Hemos tenido encuentros con él en el marco de otras actividades, pero no en una reunión oficial con el partido para discutir los desafíos en cuanto a la implementación del Acuerdo. Cuando hemos propuesto una reunión no nos dan razón sobre el porqué, sino silencio. Y en ese sentido, no se está actuando en términos de democracia, porque no se está escuchando a los otros y sobre todo, no está garantizando la participación de los sectores de la oposición
Con esta realidad de violencia en contra de los excombatientes, ¿qué le plantean al Gobierno?
Que se promuevan las acciones que permitan la reconciliación en un escenario en el que se desmonte la estigmatización, que el partido de gobierno le baje a la polarización en el lenguaje y que brinde medidas en concreto en el territorio que incluyan inversión social, apoyo a las administraciones locales y el reconocimiento a las organizaciones sociales en el territorio. Esa es la exigencia y la visión nuestra para frenar la muerte que hoy se posa sobre los firmantes del Acuerdo de Paz.
Pero, ¿qué acciones específicamente?
Por ejemplo, que ejerzan el legítimo control territorial para que los actores armados no se sigan moviendo en el territorio. También que genere acciones de inversión social y esas empiezan por que se implemente el punto uno del Acuerdo, es decir, la reforma rural integral para establecer la legitimidad y legalidad de los predios que hoy están en la informalidad. Y en tercer lugar, que haya servicios sociales para los campesinos como salud y educación, pues con ellos se lleva la paz al territorio.
Pastor Alape es el delegado del partido FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación y el coordinador de la colectividad en Antioquia. Desafortunadamente, en el municipio de Ituango se han registrado dos asesinatos en los últimos dos meses. El homicidio de Darío Herrera y Manuel Antonio González, avivó la zozobra y el miedo de los exguerrilleros ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Santa Lucía, de esa zona. Por ello, de los 89 excombatientes que habitan allí, más de 60 están dispuestos a desplazarse por falta de garantías de seguridad.
La situación es, a nivel nacional, un cruce de información sobre el porqué de la decisión de los desmovilizados. Si bien no se ha dado un desplazamiento masivo (como aseguraron en un principio algunos medios), los excombatientes afirman que el Gobierno no les está brindando ni seguridad, ni sustento económico suficiente para subsistir en ese predio, por lo que deben salir de allí.
(Para conocer más sobre las razones de la salida de los exguerrilleros, haga clic acá)
Por su lado, el Gobierno en voz de Emilio Archila, consejero para la Estabilización, declara que no hay situaciones de orden público que desaten una amenaza total contra esta población. Así mismo, recordó que desde mayo de 2019 la institucionalidad recomendó que debían salir de ahí, sin embargo solo hasta hace una semana los exguerrilleros accedieron a un traslado.
Según Archila, la administración Duque procurará que el traslado del ETCR se haga “de manera ordenada” y que los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) “sean puestos a disposición de los excombatientes para vivienda y proyectos productivos. Son alrededor de 500 lotes disponibles para escoger el que sea más conveniente”, dijo. Sin embargo, los reparos de Alape y del partido frente al proceso de reincorporación desbordan la solución propuesta hasta ahora.
¿Cómo ve el futuro de la reincorporación?
Veo la reincorporación con mucha preocupación porque hay muchas complicaciones, empezando por el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz, es decir, de personajes en proceso de reincorporación. Estamos casi viviendo un asesinato cada cinco días en lo que va de este mes. Eso ha generado incertidumbre y zozobra en los espacios territoriales. Y las declaraciones del gobierno en voz de Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior quien dijo que el Acuerdo es "semifallido" eleva esas preocupaciones. Uno entonces no sabe qué escuchar: si al doctor Emilio Archila que dice que el presidente se la está jugando toda por la paz o el discurso que dio Gutiérrez. De entrada entrada eso ya genera desconfianza y pone en duda cómo lograr las metas que deberían alcanzarse en este año.
(Lea: “La paz va por buen camino": la desautorizada de Duque a Nancy Patricia Gutiérrez)
Nancy Patricia Gutiérrez sale del Ministerio del Interior y pasa a ser consejera para los Derechos Humanos. ¿Qué opina de ese nombramiento luego de una declaración tan desafortunada como la que mencionó?
Pues es un nombramiento complejo. Tenemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica a Rubén Darío Acevedo, una persona que no reconoce el conflicto armado. Y ahora tenemos a Nancy Patricia Gutiérrez, una mujer que dice que el Acuerdo es "semifallido", en un cargo con una responsabilidad determinante ahora que la violencia está creciendo comparada con 2018. Y esa violencia se ha dado por falta de un compromiso mayor por parte del Gobierno en la implementación de lo pactado.
El Gobierno insiste en que se está implementando la Paz con Legalidad y diferentes programas para la protección de los excombatientes, a la par del acompañamiento que brinda la Unidad Nacional de Protección. Pero las muertes están en aumento y hay miedo. ¿Dónde está el error para asegurar la vida de los exguerrilleros?
Nosotros planteamos que se requerían transformaciones estructurales y en ese sentido, el Acuerdo establece unos puntos en concreto, como el pacto político nacional, los pactos regionales con los que el Gobierno debía comprometerse para darle un giro al discurso de los sectores de poder. Pero lo que hemos encontrado es un partido de gobierno que mantiene un mensaje de polarización y eso por supuesto que envalentona e impulsa a los diversos actores armados a actuar.
De igual manera, no se tomaron las medidas en el momento en que las Farc dejan las armas para establecer una política clara que retome el control estatal de los territorios. Las zonas que nosotros ocupábamos fueron inmediatamente ocupadas por otros actores armados. Entonces, se requiere una política en concreto para los territorios que transforme la estructura violenta que persiste.
(Lea: En Ituango, los excombatientes de las Farc ya tienen tierra, pero temen por su vida)
¿Cómo ve el trabajo hecho por Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y de Emilio Archila, consejero para la Estabilización?
Andrés Stapper y Emilio Archila son dos ciudadanos con los que se puede dialogar. Pero es que ellos como funcionarios corresponden a una orientación política de gobierno. Y es ahí donde nos enredamos porque este gobierno no ha hecho los ajustes institucionales necesarios para implementar una política de reincorporación efectiva. Llevamos más de seis meses de haber culminado la figura de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Se terminó el 15 de agosto y hasta este momento el Gobierno no ha definido cuál es la figura territorial que va a reemplazar los espacios de la reincorporación colectiva.
Se pueden convertir en poblados, corregimientos, inspecciones de policía, barrios, veredas. Le hemos planteado a esta administración la urgencia de definir la figura de estos espacios. Es crucial porque los municipios empiezan la construcción de los planes de desarrollo y en ellos se deben incluir los lugares destinados a los exguerrilleros. Y, de igual manera, el Gobierno Nacional debe decidir de dónde saldrán los presupuestos para realizar los ajustes de estos nuevos territorios, como lo son los planes de ordenamiento territorial (POT). Eso es lo que estamos reclamando. Entonces, pueden ser buenas personas Stapper y Archila, pero el problema es la política del Gobierno que no está respondiendo a las necesidades de los territorios para la implementación del Acuerdo y la construcción de paz.
(Rodrigo Londoño acusa al Gobierno de “desnaturalizar” el acuerdo de paz)
¿Hay fecha para definir la nueva figura de los antiguos ETCR?
En el Consejo Nacional de Reincorporación, la manifestación que han hecho los funcionarios del Gobierno es que se va a definir la figura. Pero de ahí no se ha avanzado en torno a eso ni a concretar una política pública para la reincorporación.
¿Cómo está la situación en la vereda Santa Lucía, en Ituango, donde se anunció que más de 60 exguerrilleros aceptaron el traslado del ETCR?
Tenemos una situación muy crítica, principalmente en Ituango. Allí se suman 12 compañeros asesinados y eso ha generado una decisión de la mayoría de la comunidad de desplazarse, hacer un traslado del territorio, dado a que el Gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad.
El Gobierno afirma que ha brindado garantías de vida y para la reincorporación en Ituango. ¿Qué opina de eso?
El gobierno y sus funcionarios pueden decir muchas palabras positivas, pero se estrellan con una realidad: es imposible decirle a un ciudadano en Ituango que hay garantías de seguridad cuando llevan dos muertos en los dos últimos meses. El Gobierno debe ser mucho más objetivo y plantear que hay unas dificultades en el territorio y sentarse a discutir con todos los actores que construyen las fuerzas vivas de esos municipios para buscar soluciones con enfoque de Derechos Humanos, de participación política, e inversión social, que es lo que reclaman en estos municipios.
El consejero Archila, mediante un comunicado, afirmó que no se han presentado situaciones de orden público en los ETCR.
Las, políticas de Estado deben garantizar la vida de los ciudadanos en cualquier lugar del territorio. Entonces, el Gobierno no puede decirles que para estar seguros deben estar encerrados en sus casas, sin salir. Si para proteger a los ciudadanos estos deben estar dentro de los ETCR y no salir a las actividades pues ahí no hay seguridad, es decir, no hay control del Estado en esos territorios. Y eso es lo que tenemos que reconocer para poder buscar soluciones a dicha problemática.
¿El partido FARC ha logrado hablar en algún momento con el presidente Iván Duque sobre la crisis y la necesidad de traslado del ETCR en la vereda de Santa Lucía, Ituango?
Como partido en varias ocasiones hemos planteado una reunión con el presidente para abordar los temas de la paz. Pero no ha sido posible. Hemos tenido encuentros con él en el marco de otras actividades, pero no en una reunión oficial con el partido para discutir los desafíos en cuanto a la implementación del Acuerdo. Cuando hemos propuesto una reunión no nos dan razón sobre el porqué, sino silencio. Y en ese sentido, no se está actuando en términos de democracia, porque no se está escuchando a los otros y sobre todo, no está garantizando la participación de los sectores de la oposición
Con esta realidad de violencia en contra de los excombatientes, ¿qué le plantean al Gobierno?
Que se promuevan las acciones que permitan la reconciliación en un escenario en el que se desmonte la estigmatización, que el partido de gobierno le baje a la polarización en el lenguaje y que brinde medidas en concreto en el territorio que incluyan inversión social, apoyo a las administraciones locales y el reconocimiento a las organizaciones sociales en el territorio. Esa es la exigencia y la visión nuestra para frenar la muerte que hoy se posa sobre los firmantes del Acuerdo de Paz.
Pero, ¿qué acciones específicamente?
Por ejemplo, que ejerzan el legítimo control territorial para que los actores armados no se sigan moviendo en el territorio. También que genere acciones de inversión social y esas empiezan por que se implemente el punto uno del Acuerdo, es decir, la reforma rural integral para establecer la legitimidad y legalidad de los predios que hoy están en la informalidad. Y en tercer lugar, que haya servicios sociales para los campesinos como salud y educación, pues con ellos se lleva la paz al territorio.