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En los últimos días, el presidente electo Iván Duque ha venido haciendo lo que cualquier mandatario haría poco antes de posesionarse en el cargo para el cual fue electo: tocar las puertas de los políticos, reunirse con las bancadas del Congreso y tratar de asegurarse una gobernabilidad sólida, especialmente, en el primer año de gobierno. No es para menos. Duque carga sobre sí la responsabilidad, nada fácil por demás, de acabar con la Colombia polarizada que dejaron ocho años de mandato del saliente presidente, Juan Manuel Santos y, más aún, lograr consensos alrededor de las reformas necesarias para el país.
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En esa perspectiva, Duque ha tratado de dialogar con el Partido Conservador –su más fuerte aliado-, pero también con otras colectividades que serán fundamentales para lograr sacar adelante en el Capitolio las prioridades con las que comenzará a gobernar a partir de este martes. La U, el Partido Liberal y Cambio Radical son una mina de oro en momentos en que el nuevo presidente intenta materializar su principal frase de campaña: mirar hacia el futuro y, en ese sentido, mantener el discurso de cohesión para lograr el crecimiento de un país en crisis en varios aspectos se convertirá en todo un reto para el sucesor de Santos.
La semana pasada, por ejemplo, Duque intentó fortalecer lo que será su eventual coalición en el Legislativo, un asunto que no parece nada fácil dadas las divisiones internas en el partido del mandatario saliente pero, también, la declaratoria de independencia del gobierno por parte de otros partidos como Cambio Radical en la Comisión Primera del Senado. Lo cierto es que, le cuaje o no la coalición, el presidente Duque se posesionará con sus principales propuestas debajo del brazo y las hará llegar al Congreso para que sean avaladas lo antes posible.
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La primera de ellas será la reforma fiscal. Según el exrepresentante y hoy senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, es urgente alivianar la carga tributaria, aumentar el recargo e incentivar la empresa privada y la generación de empleo. La promesa de Duque es que dicha reforma entre en vigencia a partir de enero de 2019, por lo que le pedirá celeridad al Congreso en su aprobación. En entrevista con la Revista Semana, el presidente Santos dijo que al presidente electo le será muy difícil bajar los impuestos a los colombianos.
La segunda reforma que llevará el uribismo al Capitolio tiene que ver con el Acuerdo de Paz y la conexidad del narcotráfico con el delito político. “La conexidad del narcotráfico con el delito político ha causado graves problemas en el país”, dijo el senador Valencia, tras cuestionar el aumento indiscriminado de hectáreas con cultivos ilícitos en Colombia. Desde ese punto de vista, plantearán eliminar esa conexidad y que hoy es puesta a consideración de la Jurisdicción Especial de Paz para que sea tenida en cuenta a la hora de imponer penas a los exguerrilleros que se sometan a este sistema. La conexidad con el narcotráfico es explicada como una práctica ejercida para financiar la rebelión de la extinta guerrilla de las Farc.
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Finalmente, el Centro Democrático buscará modificar el punto de participación en política, en el entendido de que buscarán reversar la posibilidad de que los excombatientes responsables de los crímenes más graves lleguen al Congreso sin haber pagado cárcel, como ocurre ahora. La propuesta es no quitarles las curules a las que tiene derecho el hoy partido FARC, sino cedérselas a los guerrilleros de base que no estén siendo procesados por delitos graves o de lesa humanidad.