La hora cero de las objeciones a la JEP en la Cámara de Representantes
El próximo lunes será citado el debate en la plenaria, sin embargo, desde ya se avizora una estruendosa derrota del Gobierno.
-Redacción Política
A las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le llegó la hora en la Cámara de Representantes, luego de que cinco integrantes de la comisión accidental establecida para brindar concepto radicaran la ponencia mayoritaria. Paso que marca el comienzo del trámite legislativo del recurso presidencial y que, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en su más reciente pronunciamiento sobre el tema, exige que se le dé prioridad. De tal manera que este martes el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, lo ubicará en el orden del día, convocando el debate en la plenaria para el próximo lunes.
La ponencia mayoritaria en la Cámara, revelada por El Espectador el viernes pasado y que firman Juanita Goebertus, de la Alianza Verde; Carlos Ardila, del Partido Liberal; José Daniel López, de Cambio Radical; David Racero, de los Decentes; y John Jairo Cárdenas, de la U, pide negar las objeciones por considerar que el recurso del primer mandatario no es el mejor camino político para modificar el sistema de verdad, justicia y reparación.
Los representantes convocaron al Gobierno a impulsar un acuerdo de todas las fuerzas que hacen presencia en el Congreso, incluyendo a la FARC, para definir los ajustes a la JEP, que tendrían que tramitarse por vía de un acto legislativo y sin violar las obligaciones consignadas en el Acuerdo Final de Paz. Los únicos dos miembros de la comisión accidental que no participaron de la ponencia fueron los representantes Álvaro Hernán Parada, del Centro Democrático, y Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, quienes con seguridad solicitarán a sus colegas aprobar las objeciones presidenciales.
Eso sí, las posibilidades de éxito del Gobierno en la Cámara se extinguen minuto a minuto. En el papel, las cuentas advierten una estruendosa derrota, ya que en principio, de los 172 representantes a la Cámara, Duque cuenta con 59 apoyos, mientras la oposición y los independientes tendrían 113. El Partido Liberal, que tiene 35 curules, votará en contra de las objeciones; como también lo hará Cambio Radical, con 30 parlamentarios; el Partido de la U, con 25; la Alianza Verde, con nueve; la FARC, con cinco; el Polo, con dos; la Lista de la Decencia, con dos; uno de la Coalición Alternativa Santandereana, y uno de las negritudes.
Y es que precisamente este martes, la U, que forma parte de la bancada de Gobierno, tomó distancia del Ejecutivo en este tema de las objeciones y anunció su voto negativo. “Estamos trabajando unidos en torno a la defensa de la paz y como un todo, los 14 senadores y 25 representantes votarán unánimemente negando los reparos que ya son un caso juzgado”, dijo Aurelio Iragorri, director de la colectividad.
También: El momento de hacer las cuentas: ¿cómo votarían Cámara y Senado las objeciones a la JEP?
Ahora bien, a estas cuentas falta agregarles los impedimentos que se puedan presentar, como el de los cinco representantes del partido FARC, quienes, por ser beneficiarios del Acuerdo de Paz, tienen un claro conflicto de intereses. Pero no son los únicos: de los 32 representantes del Centro Democrático, seis son repitentes y se declararon impedidos para votar la ley estatutaria en 2017, luego si no declaran su impedimento, expondrían sus curules a una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado.
Eso sin contar aquellos que tendrán que declararse impedidos por tener investigaciones preliminares o familiares investigados por crímenes relacionados con el conflicto armado. Entre estos están, por ejemplo, Alfredo Ape Cuello, quien tuvo una investigación por parapolítica; Sara Piedrahíta Lyons, familiar del exgobernador Alejandro Lyons; y el representante Erasmo Zuleta Bechara, hijo de Mera Bechara, investigada por corrupción y presuntos vínculos con el paramilitarismo en Córdoba. Igual situación tiene Wadith Manzur, hijo del exsenador Julio Manzur, investigado por parapolítica. De estos casos podría haber al menos 20 representantes impedidos para votar.
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Estos impedimentos tendrán mínimo dos efectos, que requerirán un par de sesiones para presentar, debatir y votarlos uno a uno; y que redefinirán los números del quórum y la mayoría necesaria para definir el futuro de las objeciones. Con este panorama, de una derrota casi cantada del Gobierno y de una lluvia de impedimentos que harán más lento y pesado el trámite del recurso presidencial, la Cámara de Representantes se apresta a enfrentar el pulso político que planteó el presidente Iván Duque el día que decidió objetar seis artículos de la ley estatutaria de la JEP. Sin embargo, se dice en voz baja que la Casa de Nariño no se ha dado por derrotada y está dedicada a disuadir, uno a uno, a congresistas liberales, de Cambio Radical y de la U, para que ayuden en su propósito de modificar algunos elementos del sistema de justicia transicional.
A las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le llegó la hora en la Cámara de Representantes, luego de que cinco integrantes de la comisión accidental establecida para brindar concepto radicaran la ponencia mayoritaria. Paso que marca el comienzo del trámite legislativo del recurso presidencial y que, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en su más reciente pronunciamiento sobre el tema, exige que se le dé prioridad. De tal manera que este martes el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, lo ubicará en el orden del día, convocando el debate en la plenaria para el próximo lunes.
La ponencia mayoritaria en la Cámara, revelada por El Espectador el viernes pasado y que firman Juanita Goebertus, de la Alianza Verde; Carlos Ardila, del Partido Liberal; José Daniel López, de Cambio Radical; David Racero, de los Decentes; y John Jairo Cárdenas, de la U, pide negar las objeciones por considerar que el recurso del primer mandatario no es el mejor camino político para modificar el sistema de verdad, justicia y reparación.
Los representantes convocaron al Gobierno a impulsar un acuerdo de todas las fuerzas que hacen presencia en el Congreso, incluyendo a la FARC, para definir los ajustes a la JEP, que tendrían que tramitarse por vía de un acto legislativo y sin violar las obligaciones consignadas en el Acuerdo Final de Paz. Los únicos dos miembros de la comisión accidental que no participaron de la ponencia fueron los representantes Álvaro Hernán Parada, del Centro Democrático, y Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, quienes con seguridad solicitarán a sus colegas aprobar las objeciones presidenciales.
Eso sí, las posibilidades de éxito del Gobierno en la Cámara se extinguen minuto a minuto. En el papel, las cuentas advierten una estruendosa derrota, ya que en principio, de los 172 representantes a la Cámara, Duque cuenta con 59 apoyos, mientras la oposición y los independientes tendrían 113. El Partido Liberal, que tiene 35 curules, votará en contra de las objeciones; como también lo hará Cambio Radical, con 30 parlamentarios; el Partido de la U, con 25; la Alianza Verde, con nueve; la FARC, con cinco; el Polo, con dos; la Lista de la Decencia, con dos; uno de la Coalición Alternativa Santandereana, y uno de las negritudes.
Y es que precisamente este martes, la U, que forma parte de la bancada de Gobierno, tomó distancia del Ejecutivo en este tema de las objeciones y anunció su voto negativo. “Estamos trabajando unidos en torno a la defensa de la paz y como un todo, los 14 senadores y 25 representantes votarán unánimemente negando los reparos que ya son un caso juzgado”, dijo Aurelio Iragorri, director de la colectividad.
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Ahora bien, a estas cuentas falta agregarles los impedimentos que se puedan presentar, como el de los cinco representantes del partido FARC, quienes, por ser beneficiarios del Acuerdo de Paz, tienen un claro conflicto de intereses. Pero no son los únicos: de los 32 representantes del Centro Democrático, seis son repitentes y se declararon impedidos para votar la ley estatutaria en 2017, luego si no declaran su impedimento, expondrían sus curules a una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado.
Eso sin contar aquellos que tendrán que declararse impedidos por tener investigaciones preliminares o familiares investigados por crímenes relacionados con el conflicto armado. Entre estos están, por ejemplo, Alfredo Ape Cuello, quien tuvo una investigación por parapolítica; Sara Piedrahíta Lyons, familiar del exgobernador Alejandro Lyons; y el representante Erasmo Zuleta Bechara, hijo de Mera Bechara, investigada por corrupción y presuntos vínculos con el paramilitarismo en Córdoba. Igual situación tiene Wadith Manzur, hijo del exsenador Julio Manzur, investigado por parapolítica. De estos casos podría haber al menos 20 representantes impedidos para votar.
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