Los cuatro puntos que permitirían acuerdo para modificar la JEP

A pesar de que la reunión de siete horas que sostuvieron sectores de oposición con los partidos de gobierno y en la que hicieron presencia tanto el expresidente Álvaro Uribe como miembros de la FARC, la Comisión Primera de Senado aún no ha logrado un consenso en torno a modificar la Jurisdicción Especial de Paz. Este miércoles, la célula legislativa continúa el debate en torno al proyecto que radicó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y que busca crear una sala especial dentro de la JEP para procesar a los uniformados involucrados en el conflicto armado.

(Lea: Uribe y FARC: la renegociación que logró el juzgamiento a uniformados en la JEP)

No obstante, en plena discusión, el senador del partido de la U, Roy Barreras y principal defensor de lo pactado en Cuba dentro del Capitolio, planteó cuatro puntos sobre los cuales podría girar dicho consenso en aras de no poner en riesgo la seguridad jurídica de militares y policías que, eventualmente, comparezcan a la justicia transicional que se creó en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Barreras afirmó que tanto él, como los sectores que rechazan el proyecto del uribismo, podrían acceder a la ampliación del número de magistrados dentro de las salas de la JEP.

Afirmó que ello permitiría disminuir la polarización, la pugnacidad y las críticas alrededor del tribunal de paz de la JEP, dadas las afirmaciones que han hecho desde el Centro Democrático en el sentido de cuestionar la imparcialidad de los magistrados actuales de dicho mecanismo. En ese sentido, aseguró que podría reglamentarse la elección de más magistrados dentro de la sala, elegidos de manera independiente y que ofreciera tranquilidad a quienes han hecho este tipo de críticas.

Otro de los puntos tiene que ver con el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado y que, en palabras del senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, se podría ver afectado si se aprueba la iniciativa que radicó la uribista Valencia. En ese sentido, señaló Barreras que se podrían reforzar las medidas que eviten el falso testimonio y resulten incromados, injustamente, los uniformados que comparezcan ante la JEP.  “Si la figura de la libertad condicional puede aliviar las circunstancias de todos los actores procesales, es un elemento que podemos considerarlo porque ya está en la JEP y podemos condicionarlo: al indispensable elemento del respeto a la verdad y el derecho de las víctimas. 

El ejemplo que entregó el senador de la U para ilustrar la eventual modificación fue el de un uniformado que, vencido en juicio por no haber dicho la verdad y resulte condenado por el sistema transicional, podría acceder a la libertad condicional si se presenta ante la Comisión de la Verdad y dar garantías de que las víctimas conocerán todo lo ocurrido en el marco del conflicto. Esta posibilidad tendría repercusiones enormes, pues es de recordar que la Comisión de la Verdad no tiene efectos jurídicos, ni lo que allí se diga puede ser usado para incriminar a terceros o para que quien confiesa se autoincrimine.

Entonces, derecho a la verdad de las víctimas, evitar que la autoincriminación se convierta en un falso testimonio que perjudique a terceros, seguridad jurídica para uniformados y libertad condicional a quienes comparezcan ante la Comisión de la Verdad derivaría en un histórico acuerdo que, según Roy Barreras, se tramitaría a través de una ley estatutaria con mensaje de urgencia. Así las cosas, el proyecto de ley estatutaria estaría listo en diciembre, según el congresista.

A pesar de que la reunión de siete horas que sostuvieron sectores de oposición con los partidos de gobierno y en la que hicieron presencia tanto el expresidente Álvaro Uribe como miembros de la FARC, la Comisión Primera de Senado aún no ha logrado un consenso en torno a modificar la Jurisdicción Especial de Paz. Este miércoles, la célula legislativa continúa el debate en torno al proyecto que radicó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y que busca crear una sala especial dentro de la JEP para procesar a los uniformados involucrados en el conflicto armado.

(Lea: Uribe y FARC: la renegociación que logró el juzgamiento a uniformados en la JEP)

No obstante, en plena discusión, el senador del partido de la U, Roy Barreras y principal defensor de lo pactado en Cuba dentro del Capitolio, planteó cuatro puntos sobre los cuales podría girar dicho consenso en aras de no poner en riesgo la seguridad jurídica de militares y policías que, eventualmente, comparezcan a la justicia transicional que se creó en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Barreras afirmó que tanto él, como los sectores que rechazan el proyecto del uribismo, podrían acceder a la ampliación del número de magistrados dentro de las salas de la JEP.

Afirmó que ello permitiría disminuir la polarización, la pugnacidad y las críticas alrededor del tribunal de paz de la JEP, dadas las afirmaciones que han hecho desde el Centro Democrático en el sentido de cuestionar la imparcialidad de los magistrados actuales de dicho mecanismo. En ese sentido, aseguró que podría reglamentarse la elección de más magistrados dentro de la sala, elegidos de manera independiente y que ofreciera tranquilidad a quienes han hecho este tipo de críticas.

Otro de los puntos tiene que ver con el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado y que, en palabras del senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, se podría ver afectado si se aprueba la iniciativa que radicó la uribista Valencia. En ese sentido, señaló Barreras que se podrían reforzar las medidas que eviten el falso testimonio y resulten incromados, injustamente, los uniformados que comparezcan ante la JEP.  “Si la figura de la libertad condicional puede aliviar las circunstancias de todos los actores procesales, es un elemento que podemos considerarlo porque ya está en la JEP y podemos condicionarlo: al indispensable elemento del respeto a la verdad y el derecho de las víctimas. 

El ejemplo que entregó el senador de la U para ilustrar la eventual modificación fue el de un uniformado que, vencido en juicio por no haber dicho la verdad y resulte condenado por el sistema transicional, podría acceder a la libertad condicional si se presenta ante la Comisión de la Verdad y dar garantías de que las víctimas conocerán todo lo ocurrido en el marco del conflicto. Esta posibilidad tendría repercusiones enormes, pues es de recordar que la Comisión de la Verdad no tiene efectos jurídicos, ni lo que allí se diga puede ser usado para incriminar a terceros o para que quien confiesa se autoincrimine.

Entonces, derecho a la verdad de las víctimas, evitar que la autoincriminación se convierta en un falso testimonio que perjudique a terceros, seguridad jurídica para uniformados y libertad condicional a quienes comparezcan ante la Comisión de la Verdad derivaría en un histórico acuerdo que, según Roy Barreras, se tramitaría a través de una ley estatutaria con mensaje de urgencia. Así las cosas, el proyecto de ley estatutaria estaría listo en diciembre, según el congresista.