Los riesgos de regular las redes sociales

Como se esperaba, el proyecto de ley presentado por el senador José David Name, de la U, que pretende crear un marco legal “para proteger los derechos a la honra y el buen nombre en las redes sociales”, empieza a tener los primeros reparos por parte de la sociedad civil, donde hay quienes consideran que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión y, en consecuencia, uno de los pilares de la democracia.

Según el congresista, la idea principal de la iniciativa, recién radicada en el Senado, es proveer una herramienta para que los ciudadanos puedan contrarrestar las informaciones falsas, injuriosas o calumniosas que sobre ellas puedan circular en las redes sociales digitales, involucrando a los proveedores de servicios para que tomen los correctivos según el caso, so pena de que puedan ser considerados partícipes dentro de los procesos judiciales que se desarrollen como consecuencia de la publicación.

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Si bien dentro de esos proveedores de servicios y de herramientas para la publicación de contenidos en internet se excluye a los medios de comunicación, Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), comienza por hacer un duro comentario sobre el proyecto: “Ese primer punto, para mí, es como cuando Nicolás Maduro dice que lidera un régimen democrático. Lo que plantea ese artículo entra contradicción con el resto del articulado”, señaló. Para él, la iniciativa cambia la presunción de protección que tiene la libertad de expresión en los países democráticos por una presunción de difamación, al dejar la puerta abierta para presumir que todo lo que se denuncie como difamatorio, efectivamente, está causando un daño. “Eso es regresivo”, agregó Vaca.

Otro de los asuntos problemáticos estaría en el artículo 5°, que ordena a los proveedores de internet recibir las denuncias o reportes por las presuntas víctimas y tomar las acciones de interrupción e impedimento de la continuidad de la difusión del contenido denunciado y que, si hacen caso omiso, podrían verse involucrados en los procesos judiciales que se abran a raíz de esas denuncias. En primer lugar, porque —dice Vaca— es previsible que las plataformas tecnológicas van a preferir “curarse en salud” y eliminar el contenido que pueda ser sospechosamente difamatorio y, además, se estaría derivando una responsabilidad en actores privados internacionales sobre los derechos de los colombianos.

Para el director de la FLIP, el hecho de que se pretenda resolver un problema a costa de las limitaciones de la libertad de expresión e involucrar a los actores privados internacionales rompe con el principio democrático de que sea un juez el único que puede limitar ese derecho. “La sentencia C-442 de 2011 define los delitos de injuria y calumnia. Su gran resultado es que determina que para que algo sea injurioso o calumnioso se necesitan unos requisitos muy altos. Es decir, en Colombia es francamente difícil injuriar o calumniar de acuerdo con lo que ha estipulado la Corte. Lo que hace el proyecto es poner una especie de fast track, un procedimiento sin juez, y darle casi que toda la importancia a la opinión del supuesto afectado”.

Esa idea también la secunda Amalia Toledo, coordinadora de proyectos e investigadora de la Fundación Karisma, que basa su trabajo sobre las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología para el desarrollo al ejercicio de los derechos humanos. Según Toledo, la iniciativa elimina la orden judicial para toma de la decisión de remoción de contenidos de internet y, entre otras cosas, establece una regulación que otorga facultades a un organismo gubernamental administrativo, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para hacer seguimiento a las denuncias.

“No le veo mucho sentido. La exposición de motivos del proyecto parte desde un equivocado y es creer que el derecho a la intimidad es lo mismo que la protección de datos”, indicó Toledo. La investigadora se refiere, específicamente, al punto del documento que expresa que “con relación al derecho a la intimidad, es pertinente decir que solo puede ser vulnerado cuando se persiga un fin constitucionalmente válido y se respeten los cinco principios bajo los cuales puede divulgarse información íntima de una persona, siendo claro que toda injerencia arbitraria constituye un quebranto a este derecho”.

“Eso es muy equivocado. Esos cinco principios son para la protección de datos y no para la intimidad. Son derechos diferentes, que quizá se complementan, pero usar esos principios para regular expresiones y opiniones resulta peligroso. ¿Cómo así que yo para opinar sobre alguien necesito recurrir primero a esa persona y pedirle autorización? Es ridículo pretender esto y es lo que quiere hacer en parte este proyecto”, anotó Toledo.

¿En qué queda el anonimato?

La iniciativa toca de manera especial el anonimato, característica utilizada históricamente, por demás, para evitar la persecución política y divulgar informaciones en ámbitos antidemocráticos.

Ahí los criterios son muy claros: el presidente de la FLIP advierte que sobre la base de proteger la honra y el buen nombre de, principalmente, políticos y funcionarios, no se puede afectar el anonimato: “Es la tercera vez que se lo digo al Congreso. Deben pensar en este tipo de regulaciones, no solo para momentos de estabilidad o aparente estabilidad democrática, sino en cómo herramientas como estas pueden ser utilizadas por futuros regímenes autoritarios y cómo pueden facilitar arbitrariedades”. Por su parte, Toledo considera que la iniciativa olvida que la libertad de expresión, precisamente, protege discursos incómodos, chocantes y hasta ofensivos. “Cuando se lee el articulado vemos que se quiere dar un valor de veracidad a las opiniones, cuando estas no tiene que ser veraces”.

En conclusión, Vaca envía un mensaje y es que las sociedades se han empezado a adaptar a una nueva convivencia digital, que no es la causa sino la consecuencia de esta. “Si somos una sociedad violenta, nuestras redes sociales son violentas. Y lo que hacen los líderes públicos, muchas veces, es alentar esas condiciones. Ante eso hay dos opciones: controlar el debate público o asumir que somos violentos y pensar en instrumentos a mediano plazo para mejorar la convivencia en la red. Le diría al senador que retire ese proyecto y radique otro que obligue al Ministerio de Educación a implementar la alfabetización digital”.

Como se esperaba, el proyecto de ley presentado por el senador José David Name, de la U, que pretende crear un marco legal “para proteger los derechos a la honra y el buen nombre en las redes sociales”, empieza a tener los primeros reparos por parte de la sociedad civil, donde hay quienes consideran que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión y, en consecuencia, uno de los pilares de la democracia.

Según el congresista, la idea principal de la iniciativa, recién radicada en el Senado, es proveer una herramienta para que los ciudadanos puedan contrarrestar las informaciones falsas, injuriosas o calumniosas que sobre ellas puedan circular en las redes sociales digitales, involucrando a los proveedores de servicios para que tomen los correctivos según el caso, so pena de que puedan ser considerados partícipes dentro de los procesos judiciales que se desarrollen como consecuencia de la publicación.

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Si bien dentro de esos proveedores de servicios y de herramientas para la publicación de contenidos en internet se excluye a los medios de comunicación, Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), comienza por hacer un duro comentario sobre el proyecto: “Ese primer punto, para mí, es como cuando Nicolás Maduro dice que lidera un régimen democrático. Lo que plantea ese artículo entra contradicción con el resto del articulado”, señaló. Para él, la iniciativa cambia la presunción de protección que tiene la libertad de expresión en los países democráticos por una presunción de difamación, al dejar la puerta abierta para presumir que todo lo que se denuncie como difamatorio, efectivamente, está causando un daño. “Eso es regresivo”, agregó Vaca.

Otro de los asuntos problemáticos estaría en el artículo 5°, que ordena a los proveedores de internet recibir las denuncias o reportes por las presuntas víctimas y tomar las acciones de interrupción e impedimento de la continuidad de la difusión del contenido denunciado y que, si hacen caso omiso, podrían verse involucrados en los procesos judiciales que se abran a raíz de esas denuncias. En primer lugar, porque —dice Vaca— es previsible que las plataformas tecnológicas van a preferir “curarse en salud” y eliminar el contenido que pueda ser sospechosamente difamatorio y, además, se estaría derivando una responsabilidad en actores privados internacionales sobre los derechos de los colombianos.

Para el director de la FLIP, el hecho de que se pretenda resolver un problema a costa de las limitaciones de la libertad de expresión e involucrar a los actores privados internacionales rompe con el principio democrático de que sea un juez el único que puede limitar ese derecho. “La sentencia C-442 de 2011 define los delitos de injuria y calumnia. Su gran resultado es que determina que para que algo sea injurioso o calumnioso se necesitan unos requisitos muy altos. Es decir, en Colombia es francamente difícil injuriar o calumniar de acuerdo con lo que ha estipulado la Corte. Lo que hace el proyecto es poner una especie de fast track, un procedimiento sin juez, y darle casi que toda la importancia a la opinión del supuesto afectado”.

Esa idea también la secunda Amalia Toledo, coordinadora de proyectos e investigadora de la Fundación Karisma, que basa su trabajo sobre las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología para el desarrollo al ejercicio de los derechos humanos. Según Toledo, la iniciativa elimina la orden judicial para toma de la decisión de remoción de contenidos de internet y, entre otras cosas, establece una regulación que otorga facultades a un organismo gubernamental administrativo, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para hacer seguimiento a las denuncias.

“No le veo mucho sentido. La exposición de motivos del proyecto parte desde un equivocado y es creer que el derecho a la intimidad es lo mismo que la protección de datos”, indicó Toledo. La investigadora se refiere, específicamente, al punto del documento que expresa que “con relación al derecho a la intimidad, es pertinente decir que solo puede ser vulnerado cuando se persiga un fin constitucionalmente válido y se respeten los cinco principios bajo los cuales puede divulgarse información íntima de una persona, siendo claro que toda injerencia arbitraria constituye un quebranto a este derecho”.

“Eso es muy equivocado. Esos cinco principios son para la protección de datos y no para la intimidad. Son derechos diferentes, que quizá se complementan, pero usar esos principios para regular expresiones y opiniones resulta peligroso. ¿Cómo así que yo para opinar sobre alguien necesito recurrir primero a esa persona y pedirle autorización? Es ridículo pretender esto y es lo que quiere hacer en parte este proyecto”, anotó Toledo.

¿En qué queda el anonimato?

La iniciativa toca de manera especial el anonimato, característica utilizada históricamente, por demás, para evitar la persecución política y divulgar informaciones en ámbitos antidemocráticos.

Ahí los criterios son muy claros: el presidente de la FLIP advierte que sobre la base de proteger la honra y el buen nombre de, principalmente, políticos y funcionarios, no se puede afectar el anonimato: “Es la tercera vez que se lo digo al Congreso. Deben pensar en este tipo de regulaciones, no solo para momentos de estabilidad o aparente estabilidad democrática, sino en cómo herramientas como estas pueden ser utilizadas por futuros regímenes autoritarios y cómo pueden facilitar arbitrariedades”. Por su parte, Toledo considera que la iniciativa olvida que la libertad de expresión, precisamente, protege discursos incómodos, chocantes y hasta ofensivos. “Cuando se lee el articulado vemos que se quiere dar un valor de veracidad a las opiniones, cuando estas no tiene que ser veraces”.

En conclusión, Vaca envía un mensaje y es que las sociedades se han empezado a adaptar a una nueva convivencia digital, que no es la causa sino la consecuencia de esta. “Si somos una sociedad violenta, nuestras redes sociales son violentas. Y lo que hacen los líderes públicos, muchas veces, es alentar esas condiciones. Ante eso hay dos opciones: controlar el debate público o asumir que somos violentos y pensar en instrumentos a mediano plazo para mejorar la convivencia en la red. Le diría al senador que retire ese proyecto y radique otro que obligue al Ministerio de Educación a implementar la alfabetización digital”.