Organizaciones sociales rechazan impedimentos a magistrados de la JEP

Archivo - Asociación Minga

Una tormenta política generó la decisión del Congreso de incluir entre las inhabilidades a los magistrados de la JEP que no puedan haber gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos. Voces en contra de esta medida se han hecho oír desde este miércoles en la noche cuando se conoció la decisión, siendo la más reciente la de organizaciones defensoras de derechos humanos que condenaron la situación.

En un texto firmado por la Corporación Jurídica Libertad y por las seccionales antioqueñas de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, el Movimiento Nacional de Víctima de Crímenes de Estado (Movice) y el Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, las cuatro organizaciones calificaron como un “nuevo ataque” la decisión de los congresistas.

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A través del comunicado, las cuatro organizaciones expresaron “nuestra preocupación por lo acontecido el día 15 de noviembre del presente año en la plenaria del Senado, cuando se incorporaron cambios sustanciales a varios artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), entre ellos al artículo 104, el cual hace referencia a los requisitos para ser elegido como magistrado de las Salas de la JEP”.

De manera puntual, se refieren a las inhabilidades, impulsadas por las bancadas de Cambio Radical, del partido Conservador y del Centro Democrático, que impedirían la posesión de magistrados que hayan representado judicial o administrativamente actuaciones relacionadas con el conflicto armado, que pertenezcan o hayan pertenecido a entidades que “hayan ejercido dicha representación”, o quienes hayan representado reclamaciones en contra del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o al Derecho Penal Internacional.

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Según las organizaciones antioqueñas, estos impedimentos “constituyen un ataque directo a la legítima labor de las y los defensores de derechos humanos y una vulneración al derecho de las víctimas de crímenes de Estado de ser representadas ante instancias judiciales para el restablecimiento de sus derechos”. Aseguraron, pues, que tales inhabilidades se configuran como una “estrategia (para) garantizar la impunidad para los agentes estatales y terceros responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad”.

Criticaron, al igual que lo hizo la exguerrilla, que estas inhabilidades convertirán a la JEP en un tribunal exclusivo para los miembros desmovilizados de las Farc. En ese sentido, también mencionaron que la Jurisdicción Especial para la Paz ya no solo tendrá en cuenta el fuero presidencial, sino también que de este tribunal se excluirá a, entre otros, ministros, congresistas y procuradores.

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Ante esta situación, las organizaciones defensoras de derechos humanos no dudaron en calificar la decisión del Senado como un “escenario de confrontación política y jurídica contra los defensores de derechos humanos”. Además, defendieron la gestión de los defensores de derechos humanos durante el conflicto armado, al aseverar que defender los intereses de las víctimas de la guerra “no puede constituir un impedimento para participar de la justicia transicional”.

Por último, defendieron la “labor independiente e imparcial” del Comité de Escogencia que se encargó de seleccionar a los nuevos magistrados de la JEP, a la vez que hicieron un llamado al Congreso para “cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz y eliminar todas las barreras que impiden la participación activa de la ciudadanía”. También afirmaron que “este nuevo ataque a los defensores de derechos humanos se suma a la campaña sistemática de persecución, amenazas y asesinatos que entre 2016- 2017 ya cobra la vida de más de 188 personas”.