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No es desacertado decir que cada vez que se inicia un periodo nuevo de sesiones o una nueva legislatura llegan los proyectos desde todos los sectores del espectro para hacer una reforma política. Uno de los más recientes intentos para hacer una gran reforma fue en 2018, cuando el Gobierno Nacional, de la cabeza de la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, intentó modificar el sistema electoral en Colombia, con una gran apuesta que era la lista cerrada, es decir, que los votos sean por una lista de un partido y no por una persona específica, y la paridad entre hombres y mujeres en dichos espacios.
Sin embargo, ya desde el gobierno Santos desde el Ejecutivo se estaba intentando lo mismo, entre otras cosas, porque en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc quedaron plasmados varios asuntos que pretenden hacer una apertura del sistema para que más sectores y organizaciones en el ámbito nacional pudiesen ingresar a la vida política del país.
De hecho, en ese momento se convocó a una denominada Misión Electoral Especial (MEE), que reunió a expertos sobre tema para que entregaran un documento con las recomendaciones que debían tener una reforma política. Los esfuerzos fueron en vano y en una sesión de la Comisión Primera en agosto de 2018, cuando Iván Duque Márquez ya había asumido la Presidencia, el Gobierno Nacional tiró la toalla al ver que se hacía imposible tramitar puntos fundamentales sin los que la reforma no tendría ningún sentido.
“Ante la imposibilidad de continuar con el trámite de la lista cerrada y la equidad en la representación de las mujeres, el gobierno no insistirá en adelantar la reforma política”, dijo vencida la ministra Gutiérrez.
De alguna manera, poner a los políticos del país a cambiar entre ellos mismos las reglas del juego electoral ha sido infructuoso. Pues bien, a pocos días de que se inicie el segundo período de la legislatura 2019-2020, ya son varias las propuestas que se han ventilado y que esperan ser debatidas en el Congreso de la República.
Los puntos también son varios y van desde implementar lista cerrada, las llamadas listas cremalleras que incluyan mujeres y hombres de manera intercalada para garantizar la igualdad en la participación, habilitar el transfuguismo para que los congresistas puedan cambiar de partidos sin caer en doble militancia ni perder la curul o darle dientes al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este miércoles, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, radicó en el Congreso un proyecto de reforma que busca quitarle al Congreso las facultades de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el proyecto de Robledo, ese organismo se llamaría Consejo Electoral Colombiano y quedaría compuesto por nueve miembros elegidos de una lista de 10 que enviaría el Consejo Superior de la Judicatura a las altas cortes.
“La Corte Constitucional elegirá a tres (3) miembros, la Corte Suprema de Justicia elegirá a tres (3) miembros y el Consejo de Estado elegirá a (3) miembros”, señala la iniciativa, y su período sería de ocho años, y no de cuatro, como está actualmente. Además, incluye una inhabilidad para quienes aspiren a llegar a ese organismo, y es que “no podrán ser elegidos como miembros del Consejo Electoral Colombiano quienes durante los ocho (8) años anteriores a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho, secretarios departamentales o municipales, como Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado”.
Tampoco podrían aspirar quienes hubiesen estado, en los ocho años anteriores a la candidatura, en “cargos directivos en organizaciones políticas o hayan aspirado u ocupado cargos de elección popular”. Esa misma inhabilidad se le impondría a quien busque ser registrador nacional. Para Robledo, el CNE es un ejemplo de prácticas “partidocráticas”, teniendo en cuenta que la elección actualmente la hace el Congreso de la República y que los postulados pertenecen a los mismos partidos políticos. En pocas palabras, el Congreso de la República elige a quienes tienen la tarea de vigilarlos y sancionarlos y, desde varios sectores, es una de las razones por las que las investigaciones de gran envergadura en ese tribunal electoral terminan en nada.
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El mismo día que Robledo radicó se conoció la iniciativa de los liberales, que lidera el senador Luis Fernando Velasco. Consta de cuatro puntos que son la implementación de listas cerradas y bloqueadas durante dos periodos, la financiación preponderantemente estatal, la creación de un tribunal electoral y, el que más ha despertado interés, el transfuguismo, llamado reorganización partidista para la disciplina programática.
En ese asunto, por ejemplo, se propone que se pueda autorizar por una sola vez inscribirse en un partido distinto al que entregó el aval sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia. Con ese tema hay gran parte del Congreso que está de acuerdo, argumentando que no tienen que permanecer en un lugar con el que no tienen afinidad después de un tiempo, sin embargo, quienes se oponen consideran que sería una manera de traicionar la confianza de los votantes.
La propuesta de Velasco también contiene elementos que extienden las responsabilidades penales de la financiación irregular de las campañas por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, como el caso Odebrecht, a representantes de las organizaciones políticas, gerentes de las campañas, candidatos y otros particulares que violen la ley.
Desde el Gobierno también se ha empezado a hablar de la necesidad de reformar el sistema electoral, aunque entra la posibilidad que se apoye una iniciativa legislativa que no sea autoría propia, sino de los partidos si se tiene en cuenta que el Ejecutivo tiene otras prioridades, como lo son una reforma laboral o pensional.