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Uno de los temas que más preocupación e indignación ha generado en gran parte de los colombianos, por estos días de emergencia a raíz de la pandemia del COVID-19, tiene que ver con el incremento en las facturas de los servicios públicos, fundamentalmente el de la energía. Desde diferentes departamentos del país se habla de abusos y personas que antes pagaban, por ejemplo, entre $70 y $80 mil mensuales, el nuevo pago se les duplicó y hasta más.
Ese fue el tema que este miércoles abordó, en sesión virtual, la Comisión Quinta del Senado, donde algunos legisladores trasladaron los reclamos de los ciudadanos a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Jorge Valencia; y a la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.
Una de las posturas más duras fue la expresada por el senador David Name, de la U, quien aseguró que los generadores hidráulicos, los bancos y la CREG son “enemigos” de los ciudadanos en esta época de crisis y recalcó que decreto 574 es inconstitucional, pero no lo ha demandado porque tiene algunas cosas beneficiosas para el país. Dicho decreto es el que busca asegurar la continuación en la prestación de servicios públicos energéticos durante la emergencia.
Por su parte, la senadora Maritza Martínez, también de la U, denunció que en el departamento del Meta las personas de los estratos 1, 2 y 3 tienen un subsidio de consumo de hasta 173 kilovatios y a partir de ahí es tarifa plena, lo que desbordó los cobros a los usuarios. “Hay una falta de planeación que está afectando a los usuarios y que no debería valer como un argumento por parte de los gerentes, que deberían ser investigados por no cumplir adecuadamente con sus funciones”, dijo.
La congresista le pidió al Gobierno Nacional que ponga en marcha la entrega de utilidades de las empresas de energía e implemente programas que permitan aliviar la carga de los usuarios más necesitados de apoyo en esta emergencia.
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Por otra parte, el representante Ángel María Gaitán, del Partido Liberal y el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, denunciaron los excesos de los cobros que se han dado desde enero a marzo en el Tolima por parte de la empresa Celsia, que es la que cubre dicha región. Según explicaron, los incrementos fueron de $25.350 de enero a febrero, y de febrero a marzo de $107.505, y revelaron que la reconexión se le ha negado a muchos usuarios, por lo que le pidieron a la Superintendencia de Servicios Públicos hacer un seguimiento al tema.
A su vez, el senador liberal Guillermo García Realpe denunció que Celsia aprovechó una interpretación de un artículo de la Ley 142 del 93, “para tratar de abusar a los comerciantes, hoteleros, restaurantes, y en general de la gente que se dedica a los servicios turísticos, trepando el valor de los servicios, promediando las tarifas de meses de alta ocupación del sector con meses de contingencia”.
Ante esta situación, la senadora Daira Galvis, de Cambio Radical, propuso que las tarifas de energía sean congeladas, puesto que no es procedente un aumento cuando no se están generando ingresos suficientes a causa de la fuerza mayor que implica la emergencia por el nuevo coronavirus. Y denunció que los mismos miembros de la CREG suben dichos recaudos en beneficio propio, al ser ellos miembros de la mesa directiva.
El senador Miguel Barreto, también de Cambio Radical, le solicitó a la ministra de Ministra de Minas y Energía y al director de la CREG controlar y sancionar las alzas en el servicio de energía, también haciendo efectivos los auxilios a estratos medios durante la actual crisis. “Es hora de que las empresas generadoras se pongan la mano en el corazón, y no pase como con las entidades financieras, motivo por el cual sugiere hacer un seguimiento riguroso departamento por departamento del debido cumplimiento de las ayudas prometidas”, enfatizó.
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Otra planteamiento puesto sobre la mesa fue el del senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático, quien señaló que no se justifican las alzas en las tarifas de los servicios públicos dada la crisis que vive el país y propuso duplicar el subsidio de los servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3 durante los meses que vienen, al igual que suspender el cobro de los servicios de alumbrado público en las zonas rurales.
Jorge Robledo, senador del Polo, expresó su preocupación por las medidas tomadas por parte del Gobierno Nacional, al considerar que las mismas “serán insuficientes” y que los incrementos en la tarifas de servicios públicos “han sido un problema durante 20 años, así que se debe tener en cuenta qué medidas serán tomadas a futuro para remediar esta crisis, donde la realidad es que el Gobierno trabaja para los grandes monopolios”.
En respuesta, la ministra María Fernanda Suárez indicó que desde que se presentó la alerta por la emergencia de la pandemia en el mundo se empezaron a tomar medidas y se ha trabajado para atender las diferentes necesidades y situaciones que tienen los colombianos, que generan muchas complicaciones a nivel socioeconómico. Según explicó, en los próximos dos meses, según la Resolución 058 de 2020, las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica no podrán realizar incrementos del valor del costo unitario. En caso de presentarse estos, deberán ser diferidos posteriormente.
“Existe una red de solidaridad que está en la página web www.coronaviruscolombia.gov.co, liderada por la primera dama, en donde las personas más necesitadas pueden inscribir la solicitud para que el Ministerio les pague la factura de los servicios públicos. También se está haciendo una campaña para recaudar fondos por esa misma página, pues siempre hay personas que quieren hacer donaciones”, agregó.
Jorge Valencia, director Ejecutivo de la CREG, aclaró que en ciertos casos las empresas están aplicando las tarifas que resultan de compras de energía y transacciones hechas en febrero y marzo, antes de que empezara esta situación de aislamiento preventivo obligatorio. De esta manera, recalcó, lo que ha hecho la Comisión es establecer una opción tarifaria para que las empresas que tuvieran incrementos importantes, lo pudieran diferir. Y enfatizó en que están obligando a las empresas proveedoras de energía a que no incrementen las tarifas durante los próximos meses.
“Junto con el Ministerio de Minas y energía se están evaluando medidas adicionales para que esta situación que está viviendo el país se pueda sobrellevar de la mejor manera y ayudar a todos los colombianos a que tengan una mejor calidad de vida”, concluyó Valencia.
Finalmente, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, aclaró que hay empresas que se están viendo más afectadas por los altos precios que tienen en bolsa con relación a otras. La funcionaria llamó la atención también por el hecho de que, en la cuarentena, es lógico el aumento del consumo: “Concretamente llevamos un mes del aislamiento obligatorio, razón por la que los consumos en los segmentos residenciales tendrán un incremento por el mayor uso de los componentes electrónicos. Es importante hacer un llamado a todos los colombianos, tenemos que ser conscientes que el consumo va a aumentar y que, si bien se están tomando las medidas para el congelamiento de las tarifas de energía, el componente del consumo al aumentar en la facturación, se verá reflejado en el valor total de la factura”, sostuvo.
Lo cierto es que las quejas y los reclamos de la gente, desde diferentes partes del país, se siguen escuchando ante lo que consideran es una gran abuso por parte de las empresas de energía.