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Su reforma a la justicia ha generado polémica por varios puntos, como el hecho de que ningún congresista pueda ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la cámara a la que pertenezca…
Ese no es el fondo del proyecto, el fondo es que acabemos con las justicias especiales. Hoy a un congresista lo juzga la Corte Suprema, para bien o para mal, como protección al congresista. Los magistrados tienen que pasar por la Comisión de Acusación. Eso hay que acabarlo, porque ese mensaje de que hay una justicia para los altos funcionarios y otra para los ciudadanos es malo. Ahora, usted no puede decir que simplemente cualquier juez puede ir poniendo presos a los magistrados o a los congresistas. Todas las democracias lo que hacen es un procedimiento muy simple de retirar el fuero, viendo que se hayan cumplido los requisitos de la investigación. Pusimos que fuera el Congreso, pero no me voy a hacer moler por eso. Si tiene que ser la Corte Suprema la que quite el fuero, que lo quite. Eso es secundario.
¿No se trata de revivir la inmunidad parlamentaria?
No. No creo que la inmunidad parlamentaria haya sido mala, pero tampoco es buena. El propósito del proyecto es otro y es romper la idea de que hay una justicia especial para los de cuello blanco y otra para el resto.
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Pero si los índices de impunidad e ineficiencia en la justicia ordinaria rondan el 90 %, ¿cómo será investigando a gente poderosa? Sin la investigación de la Corte Suprema, por ejemplo, no hubiésemos conocido temas como la parapolítica...
Cuando uno tiene altas cortes, estas deben ser de unificación de jurisprudencia y de recursos extraordinarios. Desnaturaliza a las altas cortes que usted las ponga a ser tribunales, porque entonces me está diciendo que necesitamos un tribunal especial para juzgar magistrados o congresistas. Le pongo un ejemplo: ¿qué ha pasado con los casos de los magistrados? No ha logrado, ni siquiera, instalarse la Comisión de Instrucción del Congreso y, cuando salga, va a ir a que los juzguen los propios magistrados de los que eran compañeros. ¿Cree que es un sistema que genere responsabilidad a algún alto funcionario? Aquí hay un cruce de favores en donde la Corte investiga al Congreso y viceversa.
¿No resulta complicado este momento político para presentar la propuesta, cuando la Corte Suprema investiga al expresidente Uribe?
Que todo el mundo esté de acuerdo quiere decir que usted no está proponiendo nada nuevo ni de fondo. Cuando hay ideas que generan un cambio hay contradictores, pero de eso se trata la política. Este proyecto lo radiqué, muy parecido, pero con el famoso tribunal de aforados, que, entre otras, me lo tomó el Gobierno en el proyecto de Equilibrio de Poderes, pero muy desmejorado, pues los magistrados que juzgarán magistrados vienen de la propia justicia. Me preocupa que en el país no haya justicia.
Este fue uno de los temas durante la campaña para el presidente Duque. Incluso, lo obligó a decir que no iba a acabar con las cortes, ¿de nuevo se distancia del Gobierno el partido del presidente?
Ninguna distancia. Este es un partido de políticos de opinión, que vivimos de defender ideas, entonces no pueden pretender que porque haya un presidente nosotros renunciemos a las ideas. Estamos en el derecho y el presidente Duque ha generado unos espacios para que todos los partidos puedan concertar las ideas que les interesan. ¿Por qué no lo puede hacer el Centro Democrático? Si se hunde, no importa, porque los debates políticos no son siempre para tener éxito, son para posicionar el ejercicio de estudiar, discutir e ir al fondo de los temas.
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Otra propuesta polémica es que el fiscal general sea elegido por el presidente. ¿Eso cómo es?
Veo que hoy eso es así. Al fiscal lo elige el presidente a través del Congreso. Lo que le pasa a este país es que a veces no quiere ver las cosas como son, sino que quiere encubrirlas. Todos los fiscales los pone el presidente y todo el mundo lo sabe. Yo me imagino que el presidente Duque no intervendría, tal como hizo con la elección del contralor, pero si se miran los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, tuvimos fiscal del presidente, con acuerdos políticos. Hoy tenemos un fiscal muy poderoso. ¿Quién controla al fiscal, sino lo controla el presidente ni las cortes ni el Congreso? Asumir que el presidente nombra al fiscal lo pone en la situación de tener que ser sujeto de control político y usted, como congresista de oposición, podría llamarlo a rendir cuentas de lo que hace.
¿No sería un riesgo tener un fiscal de bolsillo del Gobierno? Piense en lo que hubiera sido para el Centro Democrático si Santos hubiera elegido fiscal...
Los nombró. No le quiero contar lo que fue el primer fiscal de Santos. El país sabe lo que pasó, nosotros no podíamos ni siquiera llamarlo a un debate. Cosas tan graves como lo que sucedió en la infiltración de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. El hacker español dijo que cuando filmó el video de Zuluaga hablando con Sepúlveda, ya estaba trabajando para la Fiscalía. Y nosotros no pudimos hacer nada. A diferencia de eso, un fiscal que pueda tener debates de control políticos es un funcionario que tiene que rendir cuentas.
La ministra de Justicia dijo que no iban a apoyar su reforma a la justicia porque no estaban de acuerdo con una "supercorte". Usted después dijo que ella antes había apoyado esta iniciativa, ¿siente que la ministra está faltando a sus principios?
No, pienso que ella entiende que las funciones de los gobiernos son llegar a los mayores consensos posibles. Las funciones de políticos como yo son abrir debates sobre los temas que consideramos importantes. Tenemos funciones distintas.
¿Usted garantiza que este proyecto no es una revancha con la Corte Constitucional que fue la piedra en el zapato de la reelección de Uribe, ni contra la Corte Suprema de Justicia que hoy lo investiga?
Presenté este proyecto cuando llegué al Congreso. Venía de los medios de comunicación, siempre fui uribista pero no trabajé en el gobierno de Uribe, y elaboré esta propuesta con un grupo de abogados de diversas vertientes políticas. Es un proyecto que responde a lo que necesita Colombia y pienso que es muy malo para el país creer que todas las iniciativas tienen un trasfondo. Yo las peleas las doy de frente y los debates sobre los problemas que tiene el país deben darse de fondo, no con suspicacias.
El articulado incluye algo que se parece a los criticados auxilios parlamentarios, ¿ahora se llamarían inversión de iniciativa congresional?
Es todo lo contrario de los auxilios parlamentarios, porque estos funcionaban con asignaciones directas a los congresistas y estos los invertían en lo que quisieran. La mermelada funciona así: el congresista, con el ministro en una oficina, discute las inversiones para su departamento, pero los parlamentarios que no son de gobierno no podían proponer inversiones. En todas partes del mundo, menos en Colombia, los congresos deciden en qué se invierten los recursos. Nosotros tenemos un régimen presidencialista muy fuerte. Creemos que las partidas presupuestales regionales tienen que pasar por la representación política y discutir en el Congreso cuáles son las prioridades de cada departamento, de los municipios.Eso limpia la política, eso permite que cada congresista, independientemente de su relación con el Gobierno, pueda hacer ver las necesidades de su región. Eso le hace falta al país porque demuele la mermelada. Obliga a que las propuestas ya no se hagan en la oscuridad de una oficina sino en la claridad de las plenarias y de manera pública. Y acaba los auxilios parlamentarios, porque ya no lo hacen los congresistas a motu propio, sino la decide el Congreso.
También radicó un proyecto para crear una sala especial en la JEP para juzgar a los miembros de la Fuerza Pública. Se ha dicho que esta propuesta desnaturaliza el Acuerdo de Paz, que se basaba en que todos los responsables de la guerra acudirían a un tribunal independiente...
Absolutamente no. Se recordará al presidente Santos y sus ministros diciendo que las Fuerzas Armadas no estaban en la mesa de negociación. Siempre se dijo que iban a tener un tratamiento simétrico, simultáneo, pero diferenciado. Se logró lo primero y lo segundo pero nunca la diferenciación. Lo que estamos haciendo es terminando la propuesta del Gobierno. Usted no le puede decir a un militar que vaya y confiese un delito para obtener la libertad, porque así van a obligar a que confiesen delitos que no han cometido solo por la promesa de libertad. Los familiares le van a pedir al uniformado que confiese y eso va a destruir el buen nombre de las fuerzas armadas, y hoy las necesitamos para combatir las 210.000 hectáreas de coca, las disidencias, las bandas criminales.