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En la mañana del lunes 6 de agosto Alejandro Gaviria dio su última rueda de prensa como ministro de Salud. Citó a varios periodistas para explicarles en qué consistía la nueva regulación de precios de medicamentos: había reducido el valor de 902 fármacos, entre ellos 64 anticonceptivos. Luego de resolver algunas inquietudes y contestar las dudas de siempre sobre Medimás, Gaviria hizo un anuncio mucho menos llamativo para las cámaras, pero quizás mucho más trascendente. (Lea Minsalud bajó los precios de los anticonceptivos y de otros 840 medicamentos)
“Hoy —dijo— quedará listo mi último acto de gobierno. Firmaremos la Circular 08”. Era la cereza del pastel. Sacar adelante aquel documento, atravesado por controversias, demandas, presiones internacionales y hasta por el comité que autorizó la entrada de Colombia a la OCDE, implicaba un verdadero revolcón en la regulación de los medicamentos. (Lea Medicamentos, el alto precio de entrar a la OCDE)
En términos muy breves, lo que iba a dejar firmado el ahora exministro era una metodología que evitaría dos problemas muy frecuentes en Colombia: que los nuevos fármacos que ingresan al país pongan en aprietos las finanzas del sistema de salud y que, como ha sucedido en varias oportunidades, entre esos productos se cuelen falsas innovaciones. El mensaje era sencillo: si un nuevo medicamento no tiene el valor terapéutico con el que es promocionado, Colombia no tendría por qué pagar por él grandes sumas.
Gaviria y Carolina Gómez, directora de Medicamentos del Ministerio, parecían confiados en que esa última norma vería la luz. Lo más difícil ya estaba hecho: habían llegado a un acuerdo con el Ministerio de Comercio y con Presidencia y ambos, al parecer, habían dado su aval. Únicamente faltaba un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pero tras horas de espera, de llamadas telefónicas y de visitas personales, ese concepto nunca salió y la regulación se frenó en seco.
¿Cuáles fueron las razones para detener esta norma? ¿Por qué era tan crucial en la regulación de medicamentos? ¿Qué intereses estaban en juego? Para entender esta compleja discusión es necesario retroceder un par de años en esta historia.
El artículo de la discordia
El Special 301 Report (“Reporte Especial 301”) es un documento que se convirtió en toda una tradición en Estados Unidos. Desde que se empezó a publicar a 1989, anualmente la oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) identifica en él a los socios comerciales que, a su parecer, no garantizan una adecuada protección a la propiedad intelectual. Es decir, a los supuestos enemigos de las innovaciones en diferentes campos: desde nuevas tecnologías y nuevas marcas, hasta nuevos medicamentos. (Lea La carta con la que la Embajada de EE.UU. se opone a reducir los precios de los anticonceptivos)
En 2016, PhRMA, el gremio de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses, le pidió a la USTR que pusiera a Colombia en esa lista negra. Por años, el país había estado ubicado en la categoría de “Lista de observación”, junto a Brasil, México, Canadá, Perú y Ecuador, pero los laboratorios enviaron una carta solicitando un cambio a otra clasificación más problemática: la “Lista de vigilancia prioritaria”.
La molestia de estas compañías tenía origen en dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de Juan Manuel Santos. El que más las había inquietado era el 72. En él se planteaba la posibilidad de que el Gobierno pusiera un precio a los nuevos medicamentos de acuerdo a su valor terapéutico antes de que entraran al mercado.
La propuesta de PhRMA finalmente caló y este año Colombia fue ubicada en esa categoría junto a Argentina, Canadá, Chile, Indonesia y Venezuela, entre otros. Los intentos por regular el artículo 72, dice el reporte de 2018, iban a ser monitoreados por Estados Unidos, aunque aclaraba que no estaba seguro si esos intentos condicionarían la eficacia y la seguridad. “Esta es una amenaza que Colombia debe ignorar ya que es un instrumento de matoneo que atiende esencialmente los intereses de las industrias de ese país”, escribieron en un comunicado en respuesta la organización Misión Salud, la Fundación Karisma y la Fundación Ifarma. (Lea Farmacéuticas, a reportar pagos que hacen a médicos, pacientes y periodistas)
De ahí en adelante, los debates fueron tan polémicos como tensos. Hubo reuniones entre el Minsalud, el Mincomercio, Presidencia y la industria. Hubo cartas internacionales (y nacionales) solicitando frenar (y derogar) esa regulación. Y hubo, incluso, peticiones de más alto nivel diplomático. El comité de EE.UU., por ejemplo, condicionó en un momento el ingreso de Colombia a la OCDE si no ajustaba esa reglamentación.
Pero después de muchas disputas, el final de esta historia parecía inclinarse a favor del Ministerio de Salud. Tras algunas modificaciones en los decretos que señalarían el camino de ese nuevo proceso, la cartera de Gaviria prometió impulsar los últimos retoques. Antes de abandonar su cargo, sacaría adelante la metodología para calcular el precio de los nuevos fármacos que entraran a Colombia, al tiempo que el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) haría lo posible para dejar listos unos manuales que indican la ruta para evaluar el valor terapéutico y la costo-efectividad de los medicamentos.
En lunes en 6 de agosto ambas promesas parecían cumplirse, pero en el último momento la del Minsalud se truncó.
Dudas y tropiezos
Para entender este enredo basta un ejemplo. Juxtapid es un medicamento para tratar un trastorno genético que provoca altos niveles de colesterol malo. Su principio activo es la Lomitapida y en Colombia empezó a comercializarlo la compañía Valentech Pharma. Luego de que entró al mercado en 2016, sucedió algo inesperado. Su precio, en el caso de la presentación de 20 miligramos, empezó a incrementar. De costar más de $3’600.000, cada tableta pasó a valer casi $4’300.000 en 2017. Por esas variaciones en un solo años el sistema de salud pagó más de $18.500 millones. (Lea El injustificado silencio de Profamilia)
Casos como el de Juxtapid han sido frecuentes en Colombia. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) tiene varios en su baraja porque no ha habido un mecanismo para evitar que eso suceda. De hecho, como lo mostró hace semanas en su rendición de cuentas, el 84.72% de los recobros que llegan a sus cuentas son por medicamentos.
Con la Circular 08, el Minsalud quería controlar ese gran problema. Y, además de evitar que se dispararan los precios, también quería enviar una clara señal al mercado y a los médicos sobre cuál era realmente el valor terapéutico de los nuevos fármacos disponibles en el país. La idea era que luego de que el IETS evaluara cada nuevo producto, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos definiera un precio máximo de venta ubicándolos en una de seis categorías. Se trataba de un proceso muy similar al que han adelantado Francia y Brasil.
Para que los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comprendieran esta complejidad y emitieran su concepto, se reunieron en varias oportunidades con los del Minsalud. También cruzaron correos con informes técnicos las últimas semanas de julio. Tras días de análisis, cuenta una persona cercana al proceso, el documento quedó listo. Sin embargo, antes de firmarlo la persona a cargo tuvo que ausentarse de su puesto.
Un nuevo funcionario lo retomó la semana pasada. Juan Pablo Herrera, coordinador del Grupo de Estudios Económicos la Superintendencia, lo recibió el jueves y volvió a reunirse con el equipo del Minsalud. El viernes 3 de agosto, tras revisar inquietudes y entender las dificultades del mercado farmacéutico, solicitó varios documentos. Ambas partes pactaron enviarlos por correo electrónico y Herrera, asegura Tatiana Andia, profesora de la Universidad de los Andes y asesora del Minsalud para este tema, prometió que la SIC tendría listo el concepto al mediodía del lunes 6 de agosto.
Pero la espera de Alejandro Gaviria y su equipo empezó a extenderse cuando, justo al medio día, les solicitaron radicar los mismos documentos enviados digitalmente de manera física. En el resto de la tarde hubo muchas llamadas y muchas preguntas, pero el documento nunca salió a la luz.
Herrera cuenta que, incluso, habló con Gaviria y le reiteró su posición: “Tenemos que revisar cuidadosamente ese concepto antes de proferir cualquier decisión”. Además, asegura, “este concepto tiene diez días de término. Yo recibí el proceso el jueves y de inmediato convoqué una reunión. Efectivamente nos enviaron los documentos el viernes pero hasta hoy fueron radicados de manera formal. Nuestro reto es es proferir conceptos con independencia y autonomía, sin perder el carácter técnico de la SIC”.
A Pablo Felipe Robledo, el Superintendente, le molesta que responsabilicen a su entidad de haber frenado esa regulación. Su postura similar a la de Herrera: “Si el delegado encargado me dice que hoy no alcanzaron a emitirlo porque tiene dudas, porque necesitan recopilar más información y estudiarla, a mí no que queda más remedio que darle más tiempo. Yo en esos temas técnicos no me he metido, pero no puedo obligarlos a que saquen un concepto mal hecho. Tienen que estudiarlo. Y, además, solo hasta el lunes el ministerio completó esa información y el término para que se venza es de diez días. Nosotros hemos sido aliados en esta batalla que ha dado el Ministro”.
“¿Pero por qué no solicitaron eso antes y no el mismo lunes? ¿Por qué, si ya había un borrador del concepto, no fue firmado?”, se pregunta otra persona que pide no ser citada.
Robledo cree si esta nueva regulación es tan buena idea, el Gobierno actual la deberá sacar adelante. Pero esa, precisamente, es la gran inquietud. Si después de haber superado tantas discusiones, de haber eludido las presiones internacionales y de haber trabajado por más de cuatro años para poner en orden un mercado con dificultades, los próximos ministros de Salud, Juan Pablo Uribe, y de Comercio, José Manuel Restrepo, le darán el aval a la polémica circular.
ssilva@elespectador.com