¿Cuáles son las alternativas para superar el machismo en internet?
El Estado y plataformas como Facebook y Twitter también son responsables de la violencia en línea contra la mujer y deben asumir compromisos concretos para enfrentarla.
Juan Miguel Hernández Bonilla / @juanmiguel94
La primera recomendación para enfrentar las agresiones y el acoso en línea contra las mujeres en Latinoamérica, enunciada por Paz Peña Ochoa, editora del Reporte sobre violencia ejercida por medios electrónicos en la región, consiste en transformar las políticas públicas de cada país del continente para ampliar la noción de cibercrimen desde una perspectiva de género: “Ningún Estado podrá responder ante la violencia contra las mujeres en medios electrónicos si no amplía la dimensión de las víctimas que pueden ser afectadas por los ciberdelitos, tradicionalmente dominada por la idea sólo de seguridad comercial y estatal”.
Esta propuesta está respaldada por una investigación de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), que asegura que el 95 % de las conductas agresivas de acoso, interferencia, persecución psicológica y groserías con palabras e imágenes en espacios en línea se dirigen a mujeres. En ese sentido, es necesario que los gobiernos reconozcan que la violencia de género en internet no es un capricho de feministas radicales, ni una invención de las ONG, sino una realidad que ha afectado la vida cotidiana de miles de mujeres en el continente.
Lea también: Periodistas y defensoras de derechos humanos, las mujeres más violentadas en internet
La complejidad de este fenómeno radica en la relación directamente proporcional que existe entre el auge de nuevas tecnologías, la mayor cobertura de banda ancha y el aumento en la violencia en línea contra las mujeres. Esta es una correlación que no tendría por qué existir: que la mejora en acceso a la red implique que los ataques de género suban va en contra de los principios de internet libre y democrática y demuestra que algo malo está pasando. El mundo digital no puede seguir siendo una extensión de la violencia sistemática que padecen las mujeres lejos del teclado.
Además de abordar el problema desde una perspectiva de género concreta, los gobiernos de la región deben buscar las medidas para prevenirlo y castigarlo. Esto incluye alternativas no penales y respuestas pedagógicas. “El Estado debe comprender que una política pública sobre violencia de género en línea va mucho más allá de crear nuevos delitos o endurecer las penas, y muchas veces el enfoque más bien debería ser educativo y preventivo”, concluye el reporte.
De acuerdo con la investigación, las campañas de educación que promuevan la equidad de género, den visibilidad a la violencia contra las mujeres por medios electrónicos, combatan la estigmatización de las víctimas y fortalezcan el conocimiento y el estudio dentro de la propia institucionalidad del Estado, especialmente en ministerios, el sistema judicial, el Ejército y la Policía, podrían ser una alternativa real para reducir la violencia.
En el caso colombiano, la Fundación Karisma denuncia la evidente desconexión entre el ordenamiento jurídico, que sin duda ha mostrado avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y la realidad cotidiana que padecen, llena de violencia, tanto digital, como en la calle.
Para superar este fenómeno, la fundación hace énfasis en la urgencia de un diagnóstico y un análisis de las violencias digitales contra la mujer. “Si los estados empiezan a documentar esta información, al contar con registros de estos incidentes y llevar a cabo un análisis sobre los datos, será posible desarrollar acciones más efectivas para atender este problema”.
Por ejemplo, ayudaría mucho si el Estado publica periódicamente reportes de estos hechos, diferenciando las agresiones por región, edad, clase social, etnia, etc. Estas estadísticas deberían ser de datos abiertos y estar a disposición de la ciudadanía. Otra de las posibles medidas que sugiere Karisma para empezar a mitigar la violencia de género en línea es fomentar el diálogo entre los sectores público y privado —en especial, los intermediarios de internet—, la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica.
Responsabilidad de las plataformas
El informe sobre violencia en línea contra las mujeres en México, publicado por el colectivo feminista @Luchadoras, es muy claro en denunciar que, a pesar de que las empresas intermediarias en internet señalan que la violencia en sus espacios es una violación de términos y servicios, la mayoría de los reportes no reciben respuestas rápidas, no resultan en repercusiones para el agresor y ni siquiera se logra la baja o el retiro del contenido violatorio.
Los índices de impunidad en estos casos son muy altos y por eso las víctimas prefieren no denunciar. “La impunidad, por ejemplo, en la conducta de publicación no consentida de imágenes íntimas es rampante y las denuncias en Facebook suelen rechazarse con la explicación de que el abuso no viola las normas de la comunidad de esta red social, aun cuando los documentos filtrados sean violaciones evidentes”, asegura el informe.
Lea también: Violencia en línea contra las mujeres, machismo 2.0
Para muchas usuarias víctimas, esta situación es como si les dijeran que el abuso que sufrieron no existió. Los tres informes, el de Latinoamérica, el de México y el de Colombia, coinciden en que todas las plataformas de internet, sobre todo las redes sociales de mayor alcance, “deben reconocer los contextos culturales propios de sus mercados y proteger a las víctimas locales de la violencia online, más allá de actuar sólo cuando haya judicialización de casos”.
Si Facebook y Twitter publicaran al menos una estadística de las denuncias que reciben por violencia contra la mujer, preservando el anonimato de las víctimas e incluyendo tipos y número de casos reportados en cada país, o resultados de las investigaciones, ésto ayudaría a diseñar políticas públicas adecuadas y soluciones basadas en evidencia. Además, si utilizaran sus desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas para identificar hashtags, comentarios e imágenes discriminatorias o degradantes (como ya lo hacen para encontrar pornografía), también contribuirían a mitigar el problema de la violencia de género en línea.
La primera recomendación para enfrentar las agresiones y el acoso en línea contra las mujeres en Latinoamérica, enunciada por Paz Peña Ochoa, editora del Reporte sobre violencia ejercida por medios electrónicos en la región, consiste en transformar las políticas públicas de cada país del continente para ampliar la noción de cibercrimen desde una perspectiva de género: “Ningún Estado podrá responder ante la violencia contra las mujeres en medios electrónicos si no amplía la dimensión de las víctimas que pueden ser afectadas por los ciberdelitos, tradicionalmente dominada por la idea sólo de seguridad comercial y estatal”.
Esta propuesta está respaldada por una investigación de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), que asegura que el 95 % de las conductas agresivas de acoso, interferencia, persecución psicológica y groserías con palabras e imágenes en espacios en línea se dirigen a mujeres. En ese sentido, es necesario que los gobiernos reconozcan que la violencia de género en internet no es un capricho de feministas radicales, ni una invención de las ONG, sino una realidad que ha afectado la vida cotidiana de miles de mujeres en el continente.
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La complejidad de este fenómeno radica en la relación directamente proporcional que existe entre el auge de nuevas tecnologías, la mayor cobertura de banda ancha y el aumento en la violencia en línea contra las mujeres. Esta es una correlación que no tendría por qué existir: que la mejora en acceso a la red implique que los ataques de género suban va en contra de los principios de internet libre y democrática y demuestra que algo malo está pasando. El mundo digital no puede seguir siendo una extensión de la violencia sistemática que padecen las mujeres lejos del teclado.
Además de abordar el problema desde una perspectiva de género concreta, los gobiernos de la región deben buscar las medidas para prevenirlo y castigarlo. Esto incluye alternativas no penales y respuestas pedagógicas. “El Estado debe comprender que una política pública sobre violencia de género en línea va mucho más allá de crear nuevos delitos o endurecer las penas, y muchas veces el enfoque más bien debería ser educativo y preventivo”, concluye el reporte.
De acuerdo con la investigación, las campañas de educación que promuevan la equidad de género, den visibilidad a la violencia contra las mujeres por medios electrónicos, combatan la estigmatización de las víctimas y fortalezcan el conocimiento y el estudio dentro de la propia institucionalidad del Estado, especialmente en ministerios, el sistema judicial, el Ejército y la Policía, podrían ser una alternativa real para reducir la violencia.
En el caso colombiano, la Fundación Karisma denuncia la evidente desconexión entre el ordenamiento jurídico, que sin duda ha mostrado avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y la realidad cotidiana que padecen, llena de violencia, tanto digital, como en la calle.
Para superar este fenómeno, la fundación hace énfasis en la urgencia de un diagnóstico y un análisis de las violencias digitales contra la mujer. “Si los estados empiezan a documentar esta información, al contar con registros de estos incidentes y llevar a cabo un análisis sobre los datos, será posible desarrollar acciones más efectivas para atender este problema”.
Por ejemplo, ayudaría mucho si el Estado publica periódicamente reportes de estos hechos, diferenciando las agresiones por región, edad, clase social, etnia, etc. Estas estadísticas deberían ser de datos abiertos y estar a disposición de la ciudadanía. Otra de las posibles medidas que sugiere Karisma para empezar a mitigar la violencia de género en línea es fomentar el diálogo entre los sectores público y privado —en especial, los intermediarios de internet—, la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica.
Responsabilidad de las plataformas
El informe sobre violencia en línea contra las mujeres en México, publicado por el colectivo feminista @Luchadoras, es muy claro en denunciar que, a pesar de que las empresas intermediarias en internet señalan que la violencia en sus espacios es una violación de términos y servicios, la mayoría de los reportes no reciben respuestas rápidas, no resultan en repercusiones para el agresor y ni siquiera se logra la baja o el retiro del contenido violatorio.
Los índices de impunidad en estos casos son muy altos y por eso las víctimas prefieren no denunciar. “La impunidad, por ejemplo, en la conducta de publicación no consentida de imágenes íntimas es rampante y las denuncias en Facebook suelen rechazarse con la explicación de que el abuso no viola las normas de la comunidad de esta red social, aun cuando los documentos filtrados sean violaciones evidentes”, asegura el informe.
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Para muchas usuarias víctimas, esta situación es como si les dijeran que el abuso que sufrieron no existió. Los tres informes, el de Latinoamérica, el de México y el de Colombia, coinciden en que todas las plataformas de internet, sobre todo las redes sociales de mayor alcance, “deben reconocer los contextos culturales propios de sus mercados y proteger a las víctimas locales de la violencia online, más allá de actuar sólo cuando haya judicialización de casos”.
Si Facebook y Twitter publicaran al menos una estadística de las denuncias que reciben por violencia contra la mujer, preservando el anonimato de las víctimas e incluyendo tipos y número de casos reportados en cada país, o resultados de las investigaciones, ésto ayudaría a diseñar políticas públicas adecuadas y soluciones basadas en evidencia. Además, si utilizaran sus desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas para identificar hashtags, comentarios e imágenes discriminatorias o degradantes (como ya lo hacen para encontrar pornografía), también contribuirían a mitigar el problema de la violencia de género en línea.