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La figura de la revocatoria, mecanismo de participación ciudadana para sacar del mandato de manera anticipada a los alcaldes y gobernadores que no cumplen su plan de gobierno, hoy es epicentro de un debate nacional. Actualmente, 101 comités recogen firmas en el país (la cifra más alta de la historia), en busca de revocar al menos a 90 mandatarios. En Bogotá hay cuatro grupos inscritos y ocho en el resto de Cundinamarca, específicamente en los municipios de Pandi, Tocancipá, Girardot, La Calera, Zipacón, Madrid y Facatativá.
El alto número de procesos en marcha, las quejas de varios alcaldes sobre la falsedad en la exposición de motivos para justificar las revocatorias y la falta de análisis de la Registraduría, al dar aval a cualquier comité, obligó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a tomar cartas en el asunto. Por esta razón se pondrá en la tarea de revisar caso por caso.
De cierta manera, la queja alrededor de la Registraduría quedó en evidencia con el experimento que realizó Azul Bogotá, una fundación creada para hacer contrapeso político a los opositores y promotores de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. Un directivo inscribió un comité llamado Salvemos a Bogotá, declarando que el alcalde era culpable del hambre de los niños del Chocó, el calentamiento global y subirles el sueldo a los congresistas, entre otras razones. Lo hizo para demostrar que cualquiera persona puede lograr el aval de la Registraduría, incluso con mentiras. (Lea aquí: Defensores de Peñalosa inscriben comité para revocarlo)
“Todas son las mentiras que circulan en las redes sociales para promover la revocatoria del alcalde Peñalosa. Las presentamos ante la Registraduría y para nuestra sorpresa las aceptaron. Es necesario que se revise este mecanismo de participación para que cumpla su verdadera función”, dijo Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá y uno de los más fieles escuderos del alcalde Peñalosa.
Aunque el experimento les podría salir caro, ya que el registrador nacional anunció una denuncia penal por fraude procesal en contra de quien inscribió el comité, lo cierto es que este ejercicio refuerza el debate sobre la necesidad de revisar este mecanismo de participación ciudadana. (Lea aquí: Denuncian en Fiscalía a peñalosista que inscribió falso comité de revocatoria)
El proyecto del CNE
La revisión ya está en marcha. Como lo indicó El Espectador, la sala plena del Consejo Nacional Electoral debate un proyecto de resolución presentado por los magistrados Alexánder Vega Rocha y Héctor Elí Rojas, que busca aumentar los requisitos que deben cumplir los interesados en inscribir un comité revocatorio ante la Registraduría. Entre las nuevas exigencias está presentar las pruebas que sustenten su petición. Esta iniciativa, que además les daría poder a los magistrados del CNE para suspender el proceso sin importar la fase en la que se encuentre, ha generado una lluvia de críticas, especialmente en Bogotá. En la capital, los comités que recogen firmas para revocar al alcalde señalan que todo se trata de una estrategia para beneficiar a Peñalosa.
“La decisión del CNE es una patada al tablero de la democracia. Ellos saben que vamos por buen camino para lograr la revocatoria del alcalde Peñalosa y con esta resolución buscan suspender todos los procesos en el país. Si la corporación invalida nuestra iniciativa tomaremos las medidas legales necesarias para hacer valer las 700.000 firmas que tenemos”, dijo Carlos Carrillo, miembro del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa.
El magistrado Alexánder Vega Rocha, presidente del CNE, respondió a las acusaciones de los comités inscritos en la capital explicando que el proyecto que se estudia en la sala plena no busca favorecer a un mandatario en particular sino darles garantías a alcaldes y comités revocatorios por igual. “La Registraduría está aceptando las solicitudes sin verificar la exposición de motivos. Nosotros, como máxima autoridad electoral, queremos entrar a verificar”, explicó. (Lea aquí: El salvavidas a Peñalosa frente al proceso de revocatoria)
Por su parte, Armando Novoa, magistrado del CNE, indicó en declaraciones a Caracol Radio que la corporación aún debate el proyecto de resolución, pero, en su opinión, la discusión de varios apartes incluidos en la iniciativa debería ser competencia del Congreso de la República y no de un órgano administrativo. Sobre el proceso que se adelanta en la corporación, agregó que se debe determinar cuándo se pueden activar los mecanismos de revocatoria, cuáles son los requisitos de los grupos promotores y, lo más importante, definir si esta nueva reglamentación se aplicará a los procesos que están en curso o a los futuros.
Por el momento, la discusión continuará en el seno del Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, los comités promotores del país, especialmente los de Bogotá, se preparan jurídicamente en caso de que se apruebe la resolución y se vean afectados de alguna manera. Los expertos coinciden en que es necesario regular este mecanismo para que no se convierta en un arma política. Sin embargo, los promotores dudan de la imparcialidad del CNE, especialmente por el momento escogido para modificar las reglas de juego.
Audiencia pública el 17 de mayo
El Concejo Nacional Electoral citó a todos los alcaldes y a los 101 comités revocatorios del país para escuchar los motivos expuestos y la defensa de los mandatarios. Además de ellos, a la reunión asistirá el Registrador Nacional, el Procurador General y el Ministro de Hacienda para que diga cuánto costaría realizar cada referendo revocatorio. La idea de esta citación, explica el CNE, es que los alcaldes confirmen si fueron notificados del proceso en su contra y expongan cómo están desarrollando su plan de gobierno. Luego de esta reunión el CNE revisará cada caso y tomará las medidas que considere.
Denuncian a promotor de falsa revocatoria
La Registraduría Distrital denunció penalmente a José Fernando Flórez, promotor de una de las iniciativas de revocatoria contra el alcalde Peñalosa (Salvemos a Bogotá), luego de que se confirmó que dicha inscripción se realizó como parte de un experimento de la Fundación Azul Bogotá para demostrar las supuestas falencias de la entidad a la hora de revisar la exposición de motivos. “En nuestro criterio se podría estar configurando el delito de fraude procesal. Hemos elevado una denuncia ante la Fiscalía”, informó el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo.