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El último día del año, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas envió su reporte trimestral del seguimiento a la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana (Cuba), entre las extintas Farc y el Gobierno Nacional. Dentro del documento se expresó la preocupación por los asesinatos de excombatientes y la violencia en contra de comunidades vulnerables, donde hay una débil presencia del Estado. A su vez, se destacaron la participación de los excombatientes en las últimas elecciones regionales y la creación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTES) del Gobierno Nacional.
En primer lugar, la Organización de Naciones Unidas resaltó la “elevada participación” de los excombatientes de las Farc en las últimas elecciones, que demuestra un “avance gradual hacia una Colombia más inclusiva y democrática”. Aunque no se dejaron de lado las limitaciones económicas y los problemas de seguridad de los exguerrilleros, el partido Farc estuvo en los tarjetones y sus integrantes pudieron ejercer su derecho al voto. Hubo 300 candidatos, de los cuales 12 fueron elegidos para diferentes cargos.
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Sin embargo, y esto abarcó gran parte del documento, hay una gran preocupación por la seguridad de los excombatientes, defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales: “Continúan los actos de violencia en su contra. La violencia sigue concentrándose en las zonas rurales de los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Norte de Santander, donde confluyen factores como la débil presencia del Estado, las economías ilegales y la pobreza”. La Misión verificó 20 homicidios de miembros de las extintas Farc, lo que convierte a 2019 en el año más violento para los excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz, con 77 asesinatos hasta la fecha, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. El número total de homicidios es ya de 173, a los que se suman 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.
Acerca de este punto, la ONU se refirió al asesinato de Alexander Parra Uribe, conocido como “Rodolfo Fierro”, un líder del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de La Guajira, en el municipio de Mesetas (Meta): “Su esposa, también excombatiente, era candidata del partido FARC en las elecciones locales, y el homicidio se produjo dos días antes del día de las elecciones. Este asesinato fue el primero ocurrido dentro del anillo de protección de uno de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y, por lo tanto, agravó la percepción de inseguridad de los exmiembros de las FARC-EP”.
Pero también hay un llamado de alerta sobre las comunidades. Para António Guterres, secretario general, la seguridad de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsecamente vinculada a la seguridad de sus comunidades, afectadas hoy por grupos armados ilegales y organizaciones criminales donde es limitada la presencia del Estado. Por eso aseguró que está “alarmado por las consecuencias, especialmente para las comunidades étnicas, de los combates entre grupos armados ilegales en el corredor de tráfico ilícito que se extiende desde la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, hasta el departamento del Chocó, así como la incesante violencia en el departamento del Cauca”.
La ONU pidió ayuda urgente sobre Chocó. “El deterioro de la situación en el departamento del Chocó es motivo de alarma. El Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y un corredor estratégico para las economías y el tráfico ilícitos. A principios de diciembre, la Defensoría del Pueblo confirmó el desplazamiento de 3.200 miembros de 17 comunidades étnicas del municipio de Alto Baudó y el confinamiento de ocho comunidades afrocolombianas e indígenas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluidos el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, reza el documento.
Para cesar la violencia, Guterres sugirió la implementación de una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como se estipula en el Acuerdo de Paz. “Aliento al Gobierno a que vuelva a convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para avanzar en la finalización e implementación de esta política", agregó el secretario general.
Otra de las cavilaciones reportadas en el documento es la tensión actual que hay entre el Gobierno y el partido Farc. Para miembros del partido político hoy está en el poder (Centro Democrático), Farc no ha cumplido algunas de las obligaciones que contrajo, como entregar todos sus activos, que se han de utilizar para ofrecer reparación a las víctimas; divulgar la ubicación de las minas y los campos de minas, y contribuir plenamente a la verdad. Sin embargo, los excombatientes se defendieron argumentando que sí lo han hecho, a diferencia de del Gobierno que, según ellos, no ha velado por su seguridad ni respetado la arquitectura de la implementación.
Ante estas denuncias, la Misión de Verificación le pidió a ambas partes encontrar puntos en común y hacer “un mayor uso del Consejo Nacional de Reincorporación y sus grupos de trabajo, así como un uso pleno de la Comisión para el Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para seguir avanzando”.
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De igual manera, recordó que los mecanismos tripartitos entre el Gobierno, Farc y las Naciones Unidas también han sido una herramienta útil para promover el diálogo, desde el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que supervisó el cese al fuego bilateral, hasta las recientes visitas conjuntas a los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación en preparación para su transición: “Aliento a las partes a que sigan utilizando estos valiosos mecanismos tripartitos. Las Naciones Unidas, como siempre, están listas para prestar apoyo”.
Una tercera inquietud son los cultivos de coca, “una de las principales causas de la violencia”. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), "de las 60.082 ha de coca registradas por 99.097 familias que participan en el programa, desde agosto de 2017 se han erradicado voluntariamente alrededor de 40.506 ha. Un total de 38.525 familias han recibido su año completo de pagos provisionales, 60.842 familias han recibido asistencia técnica y 34.492 familias han recibido apoyo para llevar a cabo proyectos relacionados con la seguridad alimentaria".
Si bien el programa marcha, las personas y organizaciones sociales que participan en este siguen siendo objeto de amenazas, ataques y asesinatos. También ha habido denuncias de las familias por las demoras "en la implementación de proyectos productivos alternativos y en las inversiones en desarrollo local, que son fundamentales para apoyarlas en su transición hacia el abandono de las economías ilícitas”.
En cuanto al punto de reforma rural integral, la Misión de Verificación aplaudió la creación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para los municipios afectados por el conflicto. “Según el Gobierno, de las 1.207 obras previstas hasta la fecha, se han ejecutado 780, mientras que 315 están en vías de ejecución y 112 están pendientes. Estos proyectos han beneficiado a comunidades de 76 municipios”, agrega el informe. La ONU resaltó que en 140 de los 170 municipios PDET y en nueve departamentos se han adoptado medidas legales para incluirlos en los instrumentos de planificación departamentales y locales.
Sobre la justicia transicional, la Misión de Verificación aseguró que “la Jurisdicción Especial para la Paz ha acreditado a más de 60.000 víctimas hasta la fecha y ha llevado a cabo las primeras acreditaciones colectivas de comunidades étnicas. Además, sigue examinando caso por caso las 657 solicitudes presentadas por agentes del Estado y terceras partes del conflicto para someterse voluntariamente a ella”. Aunque breve, hizo un resumen de los avances en los macrocasos hasta ahora abiertos por esta justicia. Por ejemplo, eligió que en el caso 007, relativo al reclutamiento y la utilización de niñas y niños, ya hay 8.839 casos de niñas y niños reclutados por las antiguas FARC-EP, y se ha identificado a 37 excomandantes de las FARC-EP para que comparezcan.
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También mencionó que en el caso 003, relativo a ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate ( conocidas como “falsos positivos”), 156 miembros de las Fuerzas Militares han proporcionado versiones voluntarias. En cuanto al caso 001, relativo a la retención ilegal de personas por las antiguas FARC-EP, la JEP “ha celebrado seis audiencias territoriales en diferentes zonas del país, cuatro de ellas en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, para escuchar la versión colectiva de los excombatientes, los cuales han participado y contribuido a la verdad”.
En cuanto a la reincorporación económica y social, aseguró que el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) aprobó 12 nuevos proyectos productivos colectivos, elevando el número de proyectos aprobados a 47. Con esto se benefician 2,454 excombatientes (688 mujeres) y 83 miembros de comunidades locales. En cuanto a los proyectos individuales, hay 75 iniciativas aprobadas y desembolsadas, con las que se benefician 827 excombatientes (178 mujeres). En total, el 18% de los excombatientes acreditados han recibido apoyo financiero para proyectos productivos a través de estos mecanismos.
Otro de los acontecimientos que se abordaron en el informe fueron las marchas y los cacerolazos, que se realizaron desde el 21 de noviembre. La ONU respaldó su carácter pacífico y resaltó que una de las peticiones de la gente haya sido la implementación del acuerdo de paz y la posibilidad de reanudar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Guterres apoyó esta iniciativa y dijo que participarán dentro de las mesas promovidas por el Gobierno Nacional.
Sobre los asuntos de género, étnicos y de niños, niñas y adolescentes, se habla de “avances modestos”. Por un lado, las mujeres siguen siendo blanco de los grupos armados ilegales, en particular para disuadirlas de participar en los procesos políticos, sociales y de consolidación de la paz. Según la Misión, “las mujeres que denuncian actos de violencia sexual y las que participan en la implementación del Acuerdo de Paz corren especial riesgo”. Por eso se instó a redoblar los esfuerzos a ese respecto.
Sobre asuntos de género, la Misión reportó que en el Equipo de Conducta y Disciplina se presentaron cuatro nuevas denuncias de abuso sexual y una de explotación sexual. De estas, una se ha remitido a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, dos están siendo investigadas por la Misión, una está pendiente de la investigación de un grupo de determinación de los hechos y una se ha documentado en un informe de investigación que está siendo examinado.
(Vea: Paz y seguridad para las mujeres, asuntos todavía pendientes en Colombia)
Finalmente, se denunció que los avances siguen siendo limitados en lo que respecta a la prestación de un apoyo específico para los excombatientes de origen étnico. Muchos viven en lugares remotos fuera de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y algunos han regresado a sus comunidades de origen: “Los excombatientes que se han establecido en nuevos asentamientos se enfrentan a condiciones de seguridad precarias y dificultades para acceder a los servicios básicos. Por ejemplo, en Mandé (Antioquia) un grupo de 53 excombatientes del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Vidrí, en su mayoría afrocolombianos, se exponen a riesgos de seguridad críticos en un contexto de presencia institucional muy limitada”.
Sobre los menores se reportó que más de 2.200 hijos e hijas de excombatientes siguen necesitando apoyo y servicios específicos. En total, 900 de ellos viven en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, mientras que los que viven fuera de esos espacios tienen aún más dificultades para acceder a los servicios básicos.