La violencia de género nunca desapareció de las zonas de conflicto armado

En Apartadó las mujeres dibujaron cruces cuando les pidieron que ilustraran su cuadra, marcando los lugares donde se sentían seguras y donde no. Las cruces no señalaban iglesias, sino muertos. “Algunas cruces”, no todas, porque serían demasiadas, dijo una mujer. Otra habló de que su cuadra era segura porque allá no entraban ladrones, porque allá llamaban a “los de la moto” para que se encargaran de ellos. La memoria de la guerra sigue mediando la relación de las mujeres con su entorno. Muchas veces las confina. Les impide trabajar en las labores que han desempeñado históricamente. Otras veces, por el contrario, las empuja a la calle, las expone y las violenta.

La experiencia de seguridad y de violencia de las mujeres y de la población LGBTI no ha cambiado después del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc. Otros delitos, como los homicidios o los secuestros, han disminuido, pero la violencia por razones de género no. Por el contrario, los delitos sexuales contra mujeres y miembros de la población LGBTI en regiones como Tumaco, Apartadó y Putumayo crece. La tendencia, desde 2012, es un aumento del 23%, según la Policía Nacional.

Estos datos no discriminan si la violencia fue cometida en el marco de la guerra, o si fue perpetrada por actores armados o por familiares u otros. Sin embargo, sí es cierto que en las zonas en las que hubo violencia de género con ocasión del conflicto armado, la situación no mejoró y las dinámicas de reacomodación armada y territorial vuelven a afectar a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

Lea: Feminicidios en Buenaventura: el control criminal sobre los cuerpos de las mujeres

Esto lo revela el informe Las violencias de género en la transición: legados del conflicto armado y desafíos para la paz, el resultado de una investigación que desarrolló la Fundación Ideas para la Paz, durante dos años, en cuatro municipios: Tumaco (Nariño), Apartadó (Antioquia) y Puerto Asís y San Miguel (Putumayo).

En ese tiempo, entre abril de 2017 y abril de 2019, hicieron 117 actividades de “diagnóstico y recolección de información que involucraron cerca de 1.900 personas”, 56 actividades de validación de información y 46 sesiones de mesas de trabajo. Así, llegaron a dos grandes conclusiones:

La primera, "las percepciones de seguridad de mujeres y población LGBTI están impactadas por las violencias de género que enfrentaron en el pasado y continúan enfrentando”. Además, persisten las regulaciones que interpusieron los armados cuando ellos eran la ley. La segunda, “donde los grupos ilegales tuvieron un control importante, el sistema de justicia y la institucionalidad se enfrentan a la impunidad de delitos como la violencia sexual, a la desconfianza y a la legitimación de “justicias paralelas” que en el pasado generaron una falsa percepción de seguridad y que hoy no son ajenas a los reacomodos de los actores armados. Todo esto genera incertidumbre sobre los patrones de comportamiento masculino o femenino que se suelen imponer”.

Génica Mazzoldi, investigadora de este informe, explica que el aumento de la violencia de género se debe a múltiples factores, y que uno de ellos es que los actores armados siguen usando el control sobre las mujeres y contra la población LGBTI como un mecanismo de regulación social y esto sigue siendo efectivo.

¿La población legitima este tipo de acciones?

Yo no hablaría de legitimidad. Nosotros planteamos que, uno, las violencias basadas en género no se las inventaron los actores armados, sino que hacen parte también de dinámicas históricas, de discriminación y tolerancia frente a las violencias basadas en género. Lo segundo es que esa violencia que preexiste al conflicto armado sí se agrava y surgen nuevas prácticas que agravan la violencia en el marco del conflicto armado y que además hacen parte de la coerción de la que fueron víctimas estas comunidades y donde efectivamente perduran, por efectos de coerción, miedo o porque estas justicias paralelas fueron eficaces, había castigo, a que en estas comunidades hubiera una percepción de seguridad basada en el miedo.

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¿Cómo se transforma la situación en este proceso de transición?

Ante los recambios que se han dado en este periodo de transición hay una sensación de incertidumbre, de ¿ahora qué va a pasar? ¿Quién va a instaurar el orden que ya teníamos? ¿A quién vamos a acudir para que ante un robo sancione al ladrón? ¿Quién va a sancionar al consumidor de droga? Incluida algunas formas de violencia de pareja, incluida la destinación de los recursos económicos. Había una serie de situaciones, conflictos y tensiones que resolvían los actores armados. Eso quedó instalado porque funcionaba, independientemente de que fuera seguro o justo.

Algunos tipos de violencia, como la intrafamiliar física, de maridos a esposas, era castigada por los actores armados. ¿Cómo cambio ese panorama?

Estas percepciones son ambiguas, en términos de que las mujeres son conscientes de que esos grupos son violentos con ellas. El hecho de que haya una percepción de seguridad en términos del orden y de quién es la autoridad armada que resuelve ciertas cosas. No significa que no haya una claridad sobre que ese mismo grupo viola o tolera la violencia, o, en algunas zonas, son responsables del comercio sexual, rutas de explotación sexual, etc. Sigue siendo viable la posibilidad de llamar al de la moto, de buscar al que tiene algún control armado, como sucede en Apartadó.

Pero con la población LGBTI era distinto, porque ellos eran objetivo de estos grupos.

Los LGBTI tienen unos elementos en ese tipo de violencias basadas en género que están muy alineadas con la violencia por prejuicio. Ahí efectivamente hay unas expulsiones de las regiones. No podríamos decir que es peor, pero sí muy particular. Es importante señalar que en estos contextos de economías ilegales para un joven de la población LGBTI, en un contexto de vulnerabilidad, es muy probable que se vincule a una economía ilegal, comercio sexual, porque no hay contextos de inclusión, ni educativos ni familiares ni laborales. También depende de las regiones, entonces en Putumayo era posible que los pusieran a cuidar las casas de los comandantes. En Apartadó eran la compañía perfecta para la novia del comandante.

También mencionan que esa violencia económica y patrimonial influye en que mujeres y población LGBTI terminen inmersos en economías ilegales.

Yo no diría que lo uno fue primero que lo otro. Encontramos una relación. En contexto de vulnerabilidad económica, donde además hay pobreza, pocas posibilidades de empleabilidad, generación de ingresos o sostenibilidad, y además hay economías ilegales extractivas (coca o minería), hay unas justificaciones de las violencias económicas que generan unos riesgos adicionales. Es decir, donde se justifica entregar a la hija de 12 años, vender su virginidad, porque es la única manera de que haya dinero en la casa. Donde mandar a la niña a hacer el mercado a la tienda tiene una contraprestación de orden sexual, pero no hay otra manera de hacer mercado. Donde se prepara a las niñas para que asuman un matrimonio, una relación de pareja temprana como una forma válida de sobrevivencia.

Lea también: “¿Por qué nos matan?”, el reclamo de las mujeres de Putumayo

Ustedes mencionan, además, que no hay conciencia sobre la economía de cuidado, sobre el trabajo doméstico de las mujeres.

Sí, en estas regiones hay una mayor invisbilización del trabajo de las mujeres, en particular del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo y de su valor en términos de lo que implica para el sostenimiento de cualquier iniciativa productiva o de lo que es una dinámica familiar. Entonces también se justifica que yo le pego porque usted no aporta nada en esa casa. Esto sigue totalmente vigente en zonas como Tumaco o Putumayo. Incluso en Putumayo tenemos el comparativo entre lo que respondieron hombres y mujeres rurales y hombres y mujeres de cabecera municipal. Esas relaciones de violencia siguen ahí y para nosotros tienen una relación con esa invisibilidad de la economía del cuidado.

¿Qué pasa con las percepciones de seguridad? ¿Por qué es necesario conocerlas?

Hay que darles mayor relevancia, en general de todas las comunidades, y en particular de mujeres y población LGBT. Nos parece que justamente en estos escenarios de transición en estas regiones el componente subjetivo de la seguridad es fundamental. Son regiones donde hay una memoria de lo ocurrido y es esa memoria la que incide en que hoy en día las mujeres no usen los espacios públicos. Por ejemplo, preguntamos

- ¿Usted por qué no va al parque?

- No, pues porque ese parque es peligroso

- ¿Y por qué?

- Porque ahí era donde violaban a las muchachas hace unos años. Porque ahí mataron a mucha gente.

¿Qué les indicó que deben poner especial atención en la seguridad de estas zonas?

En el informe de Apartadó les pedimos a un grupo de mujeres que dibujaran su cuadra y les dijimos "marquen los lugares donde se sienten seguras e inseguras y símbolos que sean importantes para ustedes. Todas las mujeres marcaron cruces para señalar los muertos de su cuadra. Ese tipo de cosas, creemos, están pasándose por alto en el proceso de transición y son fundamentales para entender por qué hay que trabajar en las garantías de no repetición en función de la percepción de seguridad de estos municipios.

Esto tiene que ver con las memorias de las violencias basadas en género. Siguen ahí y no se está haciendo un abordaje adecuado ni lo suficientemente visible y esas percepciones no se resuelven incrementando la Fuerza Pública. Se requieren otros tipos de medidas que son las que faltan, por eso algunos de nuestras recomendaciones hablan de la importancia de la protección comunitaria, de generar espacios seguros, campañas para que haya otro tipo de connotación de ciertos lugares que perdieron sentido.

Lea: Tumaco, una guerra llamada posconflicto

En Tumaco encontraron algo distinto.

Encontramos que, para las mujeres, los lugares que son más inseguros en este momento son los que eran más importantes para ellas en sus prácticas ancestrales como mujeres afro. Pasa que no pueden ir a las zonas de bajamar donde conchaban, que tiene que ver con su seguridad alimentaria y con una dinámica que es muy propia. En esas zonas es donde los actores armados pasan la coca y las armas. Si ellas van a conchar, pueden encontrarse con el actor armado o darse cuenta de algún movimiento del que no deberían darse cuenta. Ese tipo de cosas hacen que ellas no se sientan seguras para hacer lo que normalmente implicaba reconocimiento y seguridad alimentaria, que además son tareas femeninas. Hay que entender por qué es importante que las mujeres se sientan seguras para hacer lo que es importante para ellas. De hecho, el mercado de Tumaco está en una de las zonas en tensión entre dos actores armados, es donde más enfrentamientos hay. No se puede ir al mercado a vender o a comprar, que limita la posibilidad de autonomía y generación de ingresos. 

Hacen un llamado a la Vicepresidencia y a la Alta consejería para le estabilización. ¿Por qué?

Nos estamos anticipando al escenario de política pública de población LGBT. La vicepresidenta citó a varias líderes de partidos políticos precisamente para hablar de la política de mujeres. En el marco de la discusión sobre si va a ser Ministerio de la familia, si la consejería presidencial pasa a ser un viceministerio, lo cierto es que la vicepresidenta está asumiendo un papel protagónico. Y por otro, la Alta consejería para la Estabilización, porque es el consejero (Emilio) Archila de quien depende la Comisión de seguimiento institucional a la implementación del componente de género del acuerdo de paz.

En Apartadó las mujeres dibujaron cruces cuando les pidieron que ilustraran su cuadra, marcando los lugares donde se sentían seguras y donde no. Las cruces no señalaban iglesias, sino muertos. “Algunas cruces”, no todas, porque serían demasiadas, dijo una mujer. Otra habló de que su cuadra era segura porque allá no entraban ladrones, porque allá llamaban a “los de la moto” para que se encargaran de ellos. La memoria de la guerra sigue mediando la relación de las mujeres con su entorno. Muchas veces las confina. Les impide trabajar en las labores que han desempeñado históricamente. Otras veces, por el contrario, las empuja a la calle, las expone y las violenta.

La experiencia de seguridad y de violencia de las mujeres y de la población LGBTI no ha cambiado después del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc. Otros delitos, como los homicidios o los secuestros, han disminuido, pero la violencia por razones de género no. Por el contrario, los delitos sexuales contra mujeres y miembros de la población LGBTI en regiones como Tumaco, Apartadó y Putumayo crece. La tendencia, desde 2012, es un aumento del 23%, según la Policía Nacional.

Estos datos no discriminan si la violencia fue cometida en el marco de la guerra, o si fue perpetrada por actores armados o por familiares u otros. Sin embargo, sí es cierto que en las zonas en las que hubo violencia de género con ocasión del conflicto armado, la situación no mejoró y las dinámicas de reacomodación armada y territorial vuelven a afectar a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

Lea: Feminicidios en Buenaventura: el control criminal sobre los cuerpos de las mujeres

Esto lo revela el informe Las violencias de género en la transición: legados del conflicto armado y desafíos para la paz, el resultado de una investigación que desarrolló la Fundación Ideas para la Paz, durante dos años, en cuatro municipios: Tumaco (Nariño), Apartadó (Antioquia) y Puerto Asís y San Miguel (Putumayo).

En ese tiempo, entre abril de 2017 y abril de 2019, hicieron 117 actividades de “diagnóstico y recolección de información que involucraron cerca de 1.900 personas”, 56 actividades de validación de información y 46 sesiones de mesas de trabajo. Así, llegaron a dos grandes conclusiones:

La primera, "las percepciones de seguridad de mujeres y población LGBTI están impactadas por las violencias de género que enfrentaron en el pasado y continúan enfrentando”. Además, persisten las regulaciones que interpusieron los armados cuando ellos eran la ley. La segunda, “donde los grupos ilegales tuvieron un control importante, el sistema de justicia y la institucionalidad se enfrentan a la impunidad de delitos como la violencia sexual, a la desconfianza y a la legitimación de “justicias paralelas” que en el pasado generaron una falsa percepción de seguridad y que hoy no son ajenas a los reacomodos de los actores armados. Todo esto genera incertidumbre sobre los patrones de comportamiento masculino o femenino que se suelen imponer”.

Génica Mazzoldi, investigadora de este informe, explica que el aumento de la violencia de género se debe a múltiples factores, y que uno de ellos es que los actores armados siguen usando el control sobre las mujeres y contra la población LGBTI como un mecanismo de regulación social y esto sigue siendo efectivo.

¿La población legitima este tipo de acciones?

Yo no hablaría de legitimidad. Nosotros planteamos que, uno, las violencias basadas en género no se las inventaron los actores armados, sino que hacen parte también de dinámicas históricas, de discriminación y tolerancia frente a las violencias basadas en género. Lo segundo es que esa violencia que preexiste al conflicto armado sí se agrava y surgen nuevas prácticas que agravan la violencia en el marco del conflicto armado y que además hacen parte de la coerción de la que fueron víctimas estas comunidades y donde efectivamente perduran, por efectos de coerción, miedo o porque estas justicias paralelas fueron eficaces, había castigo, a que en estas comunidades hubiera una percepción de seguridad basada en el miedo.

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¿Cómo se transforma la situación en este proceso de transición?

Ante los recambios que se han dado en este periodo de transición hay una sensación de incertidumbre, de ¿ahora qué va a pasar? ¿Quién va a instaurar el orden que ya teníamos? ¿A quién vamos a acudir para que ante un robo sancione al ladrón? ¿Quién va a sancionar al consumidor de droga? Incluida algunas formas de violencia de pareja, incluida la destinación de los recursos económicos. Había una serie de situaciones, conflictos y tensiones que resolvían los actores armados. Eso quedó instalado porque funcionaba, independientemente de que fuera seguro o justo.

Algunos tipos de violencia, como la intrafamiliar física, de maridos a esposas, era castigada por los actores armados. ¿Cómo cambio ese panorama?

Estas percepciones son ambiguas, en términos de que las mujeres son conscientes de que esos grupos son violentos con ellas. El hecho de que haya una percepción de seguridad en términos del orden y de quién es la autoridad armada que resuelve ciertas cosas. No significa que no haya una claridad sobre que ese mismo grupo viola o tolera la violencia, o, en algunas zonas, son responsables del comercio sexual, rutas de explotación sexual, etc. Sigue siendo viable la posibilidad de llamar al de la moto, de buscar al que tiene algún control armado, como sucede en Apartadó.

Pero con la población LGBTI era distinto, porque ellos eran objetivo de estos grupos.

Los LGBTI tienen unos elementos en ese tipo de violencias basadas en género que están muy alineadas con la violencia por prejuicio. Ahí efectivamente hay unas expulsiones de las regiones. No podríamos decir que es peor, pero sí muy particular. Es importante señalar que en estos contextos de economías ilegales para un joven de la población LGBTI, en un contexto de vulnerabilidad, es muy probable que se vincule a una economía ilegal, comercio sexual, porque no hay contextos de inclusión, ni educativos ni familiares ni laborales. También depende de las regiones, entonces en Putumayo era posible que los pusieran a cuidar las casas de los comandantes. En Apartadó eran la compañía perfecta para la novia del comandante.

También mencionan que esa violencia económica y patrimonial influye en que mujeres y población LGBTI terminen inmersos en economías ilegales.

Yo no diría que lo uno fue primero que lo otro. Encontramos una relación. En contexto de vulnerabilidad económica, donde además hay pobreza, pocas posibilidades de empleabilidad, generación de ingresos o sostenibilidad, y además hay economías ilegales extractivas (coca o minería), hay unas justificaciones de las violencias económicas que generan unos riesgos adicionales. Es decir, donde se justifica entregar a la hija de 12 años, vender su virginidad, porque es la única manera de que haya dinero en la casa. Donde mandar a la niña a hacer el mercado a la tienda tiene una contraprestación de orden sexual, pero no hay otra manera de hacer mercado. Donde se prepara a las niñas para que asuman un matrimonio, una relación de pareja temprana como una forma válida de sobrevivencia.

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Ustedes mencionan, además, que no hay conciencia sobre la economía de cuidado, sobre el trabajo doméstico de las mujeres.

Sí, en estas regiones hay una mayor invisbilización del trabajo de las mujeres, en particular del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo y de su valor en términos de lo que implica para el sostenimiento de cualquier iniciativa productiva o de lo que es una dinámica familiar. Entonces también se justifica que yo le pego porque usted no aporta nada en esa casa. Esto sigue totalmente vigente en zonas como Tumaco o Putumayo. Incluso en Putumayo tenemos el comparativo entre lo que respondieron hombres y mujeres rurales y hombres y mujeres de cabecera municipal. Esas relaciones de violencia siguen ahí y para nosotros tienen una relación con esa invisibilidad de la economía del cuidado.

¿Qué pasa con las percepciones de seguridad? ¿Por qué es necesario conocerlas?

Hay que darles mayor relevancia, en general de todas las comunidades, y en particular de mujeres y población LGBT. Nos parece que justamente en estos escenarios de transición en estas regiones el componente subjetivo de la seguridad es fundamental. Son regiones donde hay una memoria de lo ocurrido y es esa memoria la que incide en que hoy en día las mujeres no usen los espacios públicos. Por ejemplo, preguntamos

- ¿Usted por qué no va al parque?

- No, pues porque ese parque es peligroso

- ¿Y por qué?

- Porque ahí era donde violaban a las muchachas hace unos años. Porque ahí mataron a mucha gente.

¿Qué les indicó que deben poner especial atención en la seguridad de estas zonas?

En el informe de Apartadó les pedimos a un grupo de mujeres que dibujaran su cuadra y les dijimos "marquen los lugares donde se sienten seguras e inseguras y símbolos que sean importantes para ustedes. Todas las mujeres marcaron cruces para señalar los muertos de su cuadra. Ese tipo de cosas, creemos, están pasándose por alto en el proceso de transición y son fundamentales para entender por qué hay que trabajar en las garantías de no repetición en función de la percepción de seguridad de estos municipios.

Esto tiene que ver con las memorias de las violencias basadas en género. Siguen ahí y no se está haciendo un abordaje adecuado ni lo suficientemente visible y esas percepciones no se resuelven incrementando la Fuerza Pública. Se requieren otros tipos de medidas que son las que faltan, por eso algunos de nuestras recomendaciones hablan de la importancia de la protección comunitaria, de generar espacios seguros, campañas para que haya otro tipo de connotación de ciertos lugares que perdieron sentido.

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En Tumaco encontraron algo distinto.

Encontramos que, para las mujeres, los lugares que son más inseguros en este momento son los que eran más importantes para ellas en sus prácticas ancestrales como mujeres afro. Pasa que no pueden ir a las zonas de bajamar donde conchaban, que tiene que ver con su seguridad alimentaria y con una dinámica que es muy propia. En esas zonas es donde los actores armados pasan la coca y las armas. Si ellas van a conchar, pueden encontrarse con el actor armado o darse cuenta de algún movimiento del que no deberían darse cuenta. Ese tipo de cosas hacen que ellas no se sientan seguras para hacer lo que normalmente implicaba reconocimiento y seguridad alimentaria, que además son tareas femeninas. Hay que entender por qué es importante que las mujeres se sientan seguras para hacer lo que es importante para ellas. De hecho, el mercado de Tumaco está en una de las zonas en tensión entre dos actores armados, es donde más enfrentamientos hay. No se puede ir al mercado a vender o a comprar, que limita la posibilidad de autonomía y generación de ingresos. 

Hacen un llamado a la Vicepresidencia y a la Alta consejería para le estabilización. ¿Por qué?

Nos estamos anticipando al escenario de política pública de población LGBT. La vicepresidenta citó a varias líderes de partidos políticos precisamente para hablar de la política de mujeres. En el marco de la discusión sobre si va a ser Ministerio de la familia, si la consejería presidencial pasa a ser un viceministerio, lo cierto es que la vicepresidenta está asumiendo un papel protagónico. Y por otro, la Alta consejería para la Estabilización, porque es el consejero (Emilio) Archila de quien depende la Comisión de seguimiento institucional a la implementación del componente de género del acuerdo de paz.