Los vaivenes de la violencia en el Bajo Cauca antioqueño

Entre 2016 y 2019, más de 6.000 familias que le apuestan a la sustitución de cultivos fueron amenazadas en esta zona. / AFP

Asesinatos, desplazamientos forzados, ajustes de cuentas, confinamiento y enfrentamientos entre diversos actores armados. En el último año la región del Bajo Cauca antioqueño se convirtió en uno de los grandes focos del recrudecimiento de la violencia por cuenta de las disputas entre el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el grupo autodenominado los Caparros.

Cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señalan que en 2018 en dicha subregión se presentaron 390 asesinatos, y el portal de información humanitaria Relief Web indicó que durante 2019 fue el frente Rubén Darío Ávila, de las Agc, el que logró imponerse sobre los demás grupos criminales. Eso sin contar que el 56,3 % de los cultivos ilícitos de Antioquia se encuentran en esta zona.

De acuerdo con Óscar Zapata, vocero de la ONG Nodo Antioquia, municipios como Tarazá, Cáceres, Zaragoza, Caucasia y Nechí, por poner solo algunos nombres, son sinónimo del olvido estatal en el que vive la región. Para este defensor de líderes territoriales, existe un interés geoestratégico de estos grupos para ejercer control en el norte de Antioquia.

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“Mandar en esta zona permite posibilidades de movilidad en el Nudo de Paramillo, en el Magdalena Medio y en la vía que conecta a Medellín con la costa Atlántica. Tanto es así, que en algunos de estos lugares -Tarazá, Caucasia y Cáceres- los homicidios selectivos representaron más de 50 puntos por cada 100.000 habitantes en el último año”, sostuvo Zapata.

Asimismo, desde Nodo Antioquia existe la preocupación latente por los delitos que afectan a la población de manera colectiva. Según Zapata, el río Cauca es el “cementerio predilecto” para arrojar los cuerpos que resultan de las confrontaciones entre Caparros y Clan del Golfo. “Además de asesinatos, donde entran los más de 26 líderes sociales en el Bajo Cauca, entre 2016 y 2019, más de 6.000 familias que le apuestan a la paz por medio de la sustitución de cultivos se han visto amenazadas; de hecho, tenemos cifras que muestran que más de 2.000 familias fueron desplazadas forzosamente, entre 2017 y 2019”, indicó el vocero, quien también advirtió que el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso a las seis alertas tempranas que se emitieron en los dos últimos años sobre Tarazá, Valdivia, Caucasia, Cáceres, Zaragoza y El Bagre para mitigar la violencia.

Si bien esta región antioqueña está en el radar de la opinión pública por sus altos niveles de violencia actuales, con auge después de la desmovilización de las Farc, su situación histórica no es mejor. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) lanzó en el pasado mes de noviembre un informe que detalla la situación del país, entre julio y septiembre de 2019, con base en las actividades realizadas por diversos grupos armados organizados que se encuentran activos. Sobre el Bajo Cauca se ilustró que “el comportamiento de los homicidios” allí se debe, principalmente, a las confrontaciones entre las Agc, los Caparros y las disidencias de las Farc, y que si bien en ese período estudiado las tasas disminuyeron en un 6 %, la percepción de violencia sigue siendo alta. Esto, por ejemplo, es consecuencia de movimientos armados como los que realizaron en Córdoba y en esta parte de Antioquia los Caparros, quienes además lograron en El Bagre ganancias mensuales de US$725.000 por participar en minería ilegal, según datos recolectados por InSight Crime. Sumado a esto, la organización en la estructura de este grupo criminal que dejó la captura de su líder, José Horacio Abello, alias “Seis-Siete”, es clave para entender el alcance de este grupo paramilitar, surgido de la desintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

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Según Ariel Ávila, subdirector de Pares, en “zonas como La Caucana, cercana al sur de Córdoba (San José de Uré) el desplazamiento de su población asciende al 90 %. Me imagino que parte de esta violencia está a cargo del frente Virgilio Peralta, de los Caparros”. De hecho, un informe publicado en octubre pasado por Pares documentó que entre 2018 y comienzos de 2019 más de 8.900 personas en esta parte de Antioquia fueron expulsadas de sus hogares por grupos al margen de la ley. En los testimonios recolectados por Paz y Reconciliación, los ciudadanos de la región señalaban que además del temor por la situación que se vive, existen afectaciones directas sobre la población por cuenta de las disputas territoriales entre los frentes 18 y 36 de los Caparros con las Agc. La comunidad señala que las personas que trabajan en la defensa del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y pertenecen a colectivos LGBTI, han sido los más afectados por la presencia de dichas estructuras.

Ante este panorama, el reto para las autoridades locales del Bajo Cauca será trabajar sobre la seguridad de una de las regiones que más ha padecido el conflicto armado y en la que preocupa el escenario de violencia pos-Farc. El Espectador habló con el alcalde de Zaragoza, Víctor Perlaza; el de Tarazá, Miguel Ángel Gómez; el alcalde electo de Caucasia (y de momento apartado de su cargo por un episodio de contratación), Leiderman Ortiz, y el alcalde de Nechí, Marcos Madera, para conocer sus perspectivas frente al escenario de la región y las prioridades que tendrán en sus municipios.

Zaragoza y la idea de “cambiar balas por educación” para mitigar la violencia dentro del municipio

Su alcalde, Víctor Perlaza, llegó al poder con 5.939 votos, representando el 54,53 % de los sufragios. Contó con el aval del Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical. “Sabemos que la seguridad en el Bajo Cauca antioqueño está en una etapa delicada. Acabamos de llegar al poder y todavía no nos comentaron acerca del balance que dejó la anterior administración. Sin embargo, tengo planeado un consejo de seguridad con las autoridades militares que cubren nuestra zona para estar al tanto de lo que pasa ahora”, afirmó Perlaza.

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La Agencia de Información Laboral (AIL) informó a finales del año pasado que entre enero y octubre de 2019, Zaragoza, El Bagre y Tarazá representaron más del 41 % en amenazas realizadas en el Bajo Cauca antioqueño. Para el alcalde, este tipo de hechos victimizantes se pueden neutralizar si se educa a la población de una mejor manera. “A pesar de no contar con un proceso de empalme con la anterior administración, la cual no quiso tratar con nosotros y prolongó la entrega del poder, con el lema de “Unidos Construimos”, buscamos darle más oportunidades a la juventud de salir adelante y que no tengan como alternativa entrar a grupos armados. Por ejemplo, de 150 jóvenes bachilleres que tenemos en Zaragoza cada año, las oportunidades de educación superior solo están disponibles para cinco o seis de ellos. Por eso debemos hacer ajustes”, enfatizó el recién posesionado mandatario.

Respecto a los temas de política social, que pueden llegar a ser un catalizador para el alza, estabilización o disminución de los niveles de violencia, Perlaza dijo que en su administración la clave para el desarrollo será la ampliación de oportunidades laborales, integración de grupos marginales, proyectos de recreación y un impulso a la cultura local.

Según la Policía Nacional, desde 2013, los homicidios en Zaragoza disminuyeron, con pequeñas variaciones en los años siguientes. Sin embargo, preocupa que se siga posicionando junto a Tarazá, Cáceres, Caucasia y El Bagre como parte de los municipios que para 2018 (según la FIP) representan más del 5 % de los asesinatos en el país.

Caucasia: entre la ingobernabilidad y la violencia

Aunque aún no ha podido ejercer funciones, Ortiz es una figura reconocida en el municipio y tiene planteada una hoja de ruta para cuando llegue a ocupar la Alcaldía. “Los que no permitieron mi posesión le hicieron un asalto a la buena fe del tribunal. Nunca firmé ningún contrato con un hospital público, solo tuve una cuenta de cobro cuando pauté con ellos para mi periódico, ejerciendo mi oficio de periodista. Además, sobre mi firma en el supuesto documento, un perito verificó que era falsa y estoy dispuesto a llevar esas pruebas a la Fiscalía. Gané por más de 4.000 votos y no me dejaré dañar por la clase política de Caucasia que no me quiere en el poder”, dijo Ortiz.

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Sobre los temas de seguridad en su municipio, Ortiz piensa que en Caucasia la situación está delicada por la presencia latente de estructuras narcotraficantes, de microtráfico, minería ilegal y de extorsión. “Piamonte, Cáceres, es la base de los Caparros. Si vemos de manera general el panorama de violencia en el Bajo Cauca, encontramos que nuestra zona es un lugar estratégico para consolidar un corredor de delitos; hay mucha coca en el Nudo de Paramillo y esto da rienda suelta para disputas territoriales que afectan de sobremanera a la población”, precisó Ortiz.

Explica, además, que esta situación se ve de manera constante en el casco urbano y los corregimientos de Caucasia, pero “no me han dejado hablar con el alcalde encargado para pensar en medidas”.

Otros problemas que Ortiz identificó en el municipio son los relacionados con el desempleo y la educación. “En Caucasia hay más de 15.000 desempleados. Los niveles de informalidad son muy altos, para la muestra están los muchos que se dedican al mototaxismo en el Bajo Cauca”, resumió.

Ortiz es consciente de su situación e insiste en que no lo quieren en el poder por “mandar a la cárcel, a raíz de denuncias periodísticas, al secretario del Concejo de Caucasia, por violación; por denunciar los casos de concierto para delinquir de los exalcaldes de Nechí, Cáceres y El Bagre, en 2019, y por denunciar al mayor de la Policía de Caucasia en 2019, por extorsión”.

¿En Tarazá se puede frenar la violencia entre las Agc y los Caparros?

En un panorama en el que los Caparros y el Clan del Golfo acaparan las disputas territoriales, involucrándose en minería ilegal y asesinando a líderes sociales, entre otros delitos, Gómez cree que el panorama es complicado de interpretar. “En este momento lo que me preocupan son los desplazamientos y los asesinatos. Desde El Doce se han atendido a varias familias que la violencia ha sacado de sus hogares. Si a esto le sumamos que en años recientes, como 2018, hubo 110 asesinatos en nuestro municipio, entendemos lo difícil que está la cosa”, insistió el mandatario.

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De manera muy breve, el alcalde Gómez también señaló que dentro de su administración las alertas tempranas serán fundamentales y que espera un apoyo completo por parte de las autoridades departamentales y nacionales, para que las entidades territoriales del Bajo Cauca, especialmente de Tarazá, no actúen solas. Para Gladys Miguel, el Ministerio del Interior acataba dichas alertas, cuestión que Gómez espera que continúe.

Sobre los temas de seguridad a nivel subregional, el alcalde Gómez estuvo entre los asistentes al consejo de seguridad del pasado 3 de enero, a cargo del gobernador Aníbal Gaviria, quien hizo presencia junto con mandos militares de la Séptima División, además de los nuevos alcaldes de los distintos municipios de la zona.

Otro reto para la administración de Tarazá será reducir la polarización que hay en estos momentos, debido a que el estrecho margen con el que ganó Gómez dejó con sinsabor a sus detractores, que en las contiendas de octubre apoyaron a Héctor Leonidas Giraldo, del Partido Conservador.

Nechí: vivir entre los rezagos por la guerra en los Montes de María y las confrontaciones del Bajo Cauca

Sin embargo, Madera se logró posesionar y estará  a cargo, en el período 2020-2023, de uno de los municipios más violentos del Bajo Cauca antioqueño.

Las dinámicas de grupos armados muestran que más del 75 % del río Nechí está contaminado por malas prácticas que deja la minería ilegal, en la cual participaban de 2011 a 2015 los Rastrojos y los Paisas; y más recientemente, los Caparros, las Agc y el Eln. Esto, según lo explicó un informe de Rutas del Conflicto.

“La idea es trabajar con transparencia. Nos queremos afianzar como un municipio sano, dejando atrás episodios de violencia. La situación de desplazamiento forzado es aguda, pero no es un fenómeno nuevo para Nechí. Además, estamos para trabajar en que las víctimas de la violencia tengan seguridad jurídica”, afirmó Madera.

Los antecedentes de manejos administrativos y políticos en Nechí no son los más favorables para el cargo que ocupa Madera, por lo cual, dentro de sus esfuerzos por hacer prevalecer la transparencia en dichas áreas, deberá limpiar la imagen de los servidores públicos. Uno de los casos más recordados por los habitantes de este municipio fue el del exalcalde Miguel Franco, quien fue capturado el 21 de julio del año pasado por una orden de la Corte Suprema de Justicia, después de que el funcionario nombrara de manera irregular a una persona dentro de su alcaldía, durante su primer período entre 2008 y 2011.

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En la sentencia que le fue dictada, a Franco se le acusó de cometer los delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo. Actualmente, el exalcalde está atravesando una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 96 meses.
 En materia de líderes regionales, Nechí también se consolida como un territorio hostil. El 26 de diciembre de 2019, este diario informó acerca del macabro hecho que tuvo lugar a orillas del río Nechí, donde fue encontrada una cabeza cortada y ensartada en una estaca, lo cual fue un hecho que se atribuyó el grupo paramilitar de los Caparros.

Además, por esas fechas hubo balances por parte de las autoridades regionales, quienes establecieron que entre Río Viejo, Cuturu y El Bagre, muy cerca de Nechí, los grupos criminales encabezados por alias “80”, del Clan del Golfo, amenazaron y desplazaron a decenas de líderes encargados de sustitución de cultivos ilícitos en el norte del Bajo Cauca.