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En la comunidad de Pichimá Quebrada, en el municipio de Litoral del San Juan, en Chocó, solo quedaron los animales. Los perros, las gallinas, los cerdos. Desde hace dos meses, los 417 indígenas wounaan (95 familias) que habitaban ese poblado permanecen desplazados en el casco urbano del municipio. Se vieron obligados a salir el pasado 3 de junio, luego de que quedaran en medio del fuego cruzado entre la disidencia del Frente 30 de las extintas Farc y el Eln.
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Desde entonces, los indígenas desplazados viven una situación que cada día se hace más insostenible. A pesar de la atención primaria brindada por la alcaldía y la Unidad de Víctimas, los esfuerzos no son suficientes y la comunidad anhela que se garanticen las condiciones para el retorno a su territorio. En diálogo con Colombia2020, Guillermo Peña, líder del resguardo de Pichimá Quebrada y docente, explicó cómo han sido estos dos meses de desarraigo en una tierra que no es la suya y cuáles son sus necesidades más inmediatas.
“Siempre en estos desplazamientos, no sé si porque el municipio es de sexta categoría, pero no tiene lo suficiente para poder atender a la población y que pueda sentirse mejor. Nos han atendido, pero no ha sido suficiente”, dijo el líder indígena. Actualmente, la comunidad está asentada en distintos lugares. Alrededor de 190 personas permanecen en un albergue facilitado por la alcaldía; otras 50 están en la casa de Defensa Civil, y el resto está en casas de conocidos que los recibieron temporalmente. Según Peña, en ninguno de esos lugares están dadas las condiciones para una atención digna.
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Muchos se han ido del albergue porque teniendo en cuenta experiencias pasadas – esta comunidad fue desplazada en 2016 – “cuando había mucha gente acumulada en el mismo lugar, se nos presentaban muchas enfermedades. Nos preocupaba bastante ver gente con fiebre, vómito, rasquiña”.
Pero a los que han salido, tampoco les ha ido mejor. “La gente en las casas que nos recibió pues facilitó solamente para unos días, no para quedarnos ahí, entonces ya prácticamente nos están cobrando arriendo”.
Evidentemente esta comunidad no tendría cómo pagar esos arriendos. En su territorio, viven de la agricultura, la pesca y la caza, todo para su auto sostenimiento. En el casco urbano, todas esas prácticas ancestrales están detenidas y se han visto obligados a vivir de la atención recibida. Pero, además, saben que cuando finalmente puedan volver a su tierra, van a tener enormes retrasos y dificultades para volver a producir. “El tiempo que uno pasa en la cabecera municipal, al regreso ya encontramos la casa deteriorada, ya los cultivos están dañados porque son productos que les gustan a los animales y como no hay nadie que cuide entonces se meten allá y acaban con todo. Volver a sembrar, conseguir semilla, eso nos trae muchos atrasos en cuanto a la alimentación de las familias”.
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Peña denuncia, además, que cuando durante el día han ido a sus viviendas a recoger algunas cosas, no han encontrado todo como lo dejaron. Dice que los únicos que en este momento están en ese territorio son integrantes de la Fuerza Pública que al ver desocupadas las casas, las estarían utilizando. Por su parte, los actores armados estarían en las zonas aledañas a la comunidad, generando además confinamiento o restricciones a la movilidad para las poblaciones cercanas, pertenecientes a Litoral del San Juan.
Pero en medio de estas condiciones precarias, la comunidad ya tiene listo un plan de retorno que están a la espera de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes. En el documento, plasmaron sus necesidades de corto, mediano y largo plazo en materia de salud, educación, entre otras, que permitan garantizar un retorno digno. Asimismo, incluyeron las entidades que deben atender a esas necesidades, como las secretarías de cada materia, tanto municipales como departamentales.
“Lo que falta es que haya una reunión donde haya presencia de muchas instituciones. Que en esa reunión se pueda decir cuándo puede la comunidad regresar a su territorio, ahí se pueden tomar decisiones y que cada institución se comprometa con lo que nosotros les estamos planteando en el plan de retorno, de acuerdo con las competencias de cada una”.
Pese a tener su plan de retorno listo, la comunidad no está segura de que ya sea el momento para regresar. Peña dice que en materia de seguridad aún no les han manifestado si ya es posible volver.
En diálogo con Colombia2020, Ramón Rodríguez, director nacional de la Unidad de Víctimas, reconoció que las condiciones en que permanece esta comunidad son precarias, pese a los esfuerzos hechos en conjunto con la alcaldía. Por ello, sostiene que siempre la mejor alternativa es el retorno, pero confirmó que en este momento no están dadas las garantías de seguridad para que así sea.
“No hay condiciones de seguridad. Lo que buscamos es mejorar las condiciones básicas para poder vivir allí. Nosotros entregamos alimentación, pero sabemos lo complejo que es garantizar salud, educación para los niños. Pero lo mejor es poderse retornar, o buscar un proceso de reubicación, pero para ellos eso es muy difícil por su territorio que es ancestral”, dijo el funcionario.
De igual forma, recuerdan que en 2016 regresaron porque la situación de desplazamiento se hizo insostenible, pero no porque hayan tenido las garantías para hacerlo. Es eso precisamente lo que quieren evitar esta vez y que tan pronto estén en su comunidad, queden a su suerte y a merced de los violentos.