Reclamantes de Guacamayas detenidos, ¿un falso positivo judicial?
Nueve reclamantes de tierras, desplazados durante el dominio paramilitar en la región, son hoy señalados de ser una banda de despojadores. Colombia 2020 viajó hasta Apartadó y habló con su familias para reconstruir sus historias.
Natalia Herrera Durán / @Natal1aH
Nueve reclamantes de tierras de los predios Guacamayas, en la convulsionada región de Urabá, fueron acusados y detenidos por cometer delitos que sonaban increíbles: desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Los mismos que salieron desplazados de sus predios por la violencia paramilitar hace 26 años, y que en su mayoría envejecieron en medio de amenazas, atentados y asesinatos por insistir en el regreso a sus tierras, pasaron las fiestas de fin de año en prisión, acusados por quienes ellos mismos han señalado de haberlos despojado y amenazado.
(Lea: Un juez antirrestitución de tierras en Urabá)
El fiscal titular del caso es el 30 especializado de Antioquia, Luis Fernando Valencia, quien fue hasta un juzgado de Concordia, a tres horas de Medellín y en un pueblo que no tiene ninguna relación con el Urabá, a solicitar al juez promiscuo una orden de captura de los nueve reclamantes de tierra y el allanamiento de sus casas. El juez accedió y expidió la orden el 25 de noviembre y fueron capturados al día siguiente. Esa semana también se realizó la imputación de cargos, pero el fiscal Valencia presentó una incapacidad y en su reemplazo estuvo el fiscal Pascual Villa. Y ante la gravedad de los delitos imputados (concierto para delinquir, desplazamiento forzado y abuso sexual) los nueve reclamantes fueron privados de su libertad mientras avanza el caso.
La Fiscalía refirió en su imputación tres hechos, entre 2014 y 2016, para explicar que estos reclamantes son una banda criminal de despojadores (con “cabecilla” y todo). Para eso relacionó varios fragmentos de videos, pero en especial uno de hace cinco años, del 26 de noviembre de 2014, donde estas personas habrían invadido violentamente las tierras de empresarios de la región. Curiosamente ese video es el mismo que mostró en un debate en el Congreso la represente a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, cuando sin mucho contexto quiso desvirtuar la buena fe de los reclamantes de tierras.
El relato de ese día cambia radicalmente según los campesinos. La llamada invasión de 2014 para ellos estuvo motivada porque la gente se cansó de los atropellos y las amenazas, y fueron a buscar a Aicardo López, mayordomo de la finca El Silencio, de propiedad de la Inmobiliaria S.A.S. (conocida antiguamente como Las Guacamayas Ltda.) para pedirle que los dejara trabajar, que podían compartir la tierra mientras se resolvía legalmente a quién pertenecía, porque era el predio que reclamaba la familia de Víctor Correa, también detenido en diciembre.
“Pero él dijo que la ley de él era machete, palo y plomo. Se armó una riña y fue cuando le metieron el machetazo al señor Saulo en un brazo”, dice una de las mujeres que estuvo ese día, que por razones de seguridad prefiere omitir su nombre. Se refiere a Saulo David Úsuga, otro de los reclamantes detenidos. “Cuando esto sucede, la gente decidió amarrarlo (A López) hasta que viniera la Policía”, sin embargo, al ver esa situación, “la esposa de Aicardo López se encueró (se desnudó) y dijo que la iban a violar cuando la Policía llegó, que por eso le habían dado el machetazo al señor Saulo. Después de eso Aicardo, con todos los opositores de esas veredas, intentaron asesinar gente allá adentro, subieron las amenazas porque él decía que eso no se quedaba así”.
(Le puede interesar: Lo que Urabá le contó a la JEP sobre el despojo de tierras)
Poco después de estos hechos, el 12 de diciembre de 2014, el juez de restitución de tierras de Quibdó reconoció a estos campesinos de las comunidades de Guacamayas, en Turbo, Antioquia, como reclamantes legítimos y los cobijó con el Auto 00181.
De hecho, aunque varios de los nueve detenidos son familiares, primos o hermanos, porque llegaron juntos como colonos campesinos a esas tierras sobre los años 60, a uno de ellos, Rósember Ibáñez, así como a otras familias campesinas de Guacamayas, les entregaron los títulos que los acreditaban como dueños de estas tierras. La histórica diligencia se dio en mayo de 2019, cinco meses después de que la Corte Suprema de Justicia sentenciara que tenían derecho a esta restitución.
“Hoy, 15 de mayo del año 2019, siendo las 8:00 en punto de la mañana, la jueza primera civil del circuito especializada en restitución de tierras del Quibdó, Chocó, se constituye en audiencia pública con el fin de llevar a cabo diligencia de entrega material de los predios La Candelaria, El Descanso, No Hay Como Dios, Villa Fanny, Deja Que Digan, Carmen Alicia y La Fabiola, que se encuentran ubicados en la vereda Guacamayas, del municipio de Turbo, Antioquia”, dijo la jueza primera civil del circuito especializada en restitución de tierras de Quibdó (Chocó) Natalia Gámez.
La sentencia de la Corte fue clara: Las Guacamayas Ltda. se aprovechó de la alteración del orden público en Urabá y “se hizo a la propiedad de los inmuebles en discusión por vía de la acumulación que de ellos se logró con la intervención de terceros, que se presentaron ante los originarios dueños, para realizar las negociaciones en nombre de esa empresa o para sí mismos, traspasándolos luego al haber societario con el propósito de destinarlos, valga acotar, a un objeto diferente a la tradicional explotación agrícola, esto es, a la ganadería extensiva”.
“El fiscal de este caso quiso exagerar la imputación para generar una detención intramural. Eso en juicio tiene poquísimas posibilidades de que prospere, pero ya habrán pasado dos años. ¿Y quién recobra ese tiempo en la vida de estos campesinos? Muchos de ellos, tristemente, nos han dicho que de haber sabido esto antes hasta regalaban esas tierras, que es lo que buscan los opositores. La verdad, no nos imaginamos que fueran a jugar tan sucio y en tiempo récord”, dice Cristian Zapata, el abogado de Forjando Futuros que lleva dos de los casos de los reclamantes.
Urabá y el despojo
El caso de despojo de tierras en Guacamayas es solo uno de los cientos que tiene el Urabá antioqueño. El más reciente informe que entregaron a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz tres organizaciones defensoras de derechos humanos da cuenta de esto en detalle. Se trató del documento: “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”, realizado por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
En este se documenta que en 1996 y 1997 fueron desplazadas más de 168 mil personas del Urabá y el Bajo Atrato y murieron 126 personas en masacres. Luego vendrían los años del despoblamiento, entre 1998 y 2002, de la mano de acciones comprobadas judicialmente entre la Brigada XVII del Ejército, comandado por Rito Alejo del Río, y los bloques paramilitares Élmer Cárdenas y Arlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por Hébert Veloza, Raúl Emilio Hasbún y Fredy Rendón Herrera.
Y más adelante llegaría, según el informe, la “consolidación empresarial” de las tierras, compradas a precios irrisorios y legalizadas a través de redes de testigos falsos y opositores. Desde entonces y hasta hoy, estructuras armadas ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ejercen un control en la zona. “La situación en diciembre de 2019 se nos complicó del todo, hemos tenido amenazas, persecuciones, atentados”, dijo Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación de Reclamantes de tierras Tierra y Paz, de la cual hacen parte más de 500 campesinos reclamantes de la región.
Solo en los últimos ocho años solo se han resuelto 8.625 casos (el 7% de las solicitudes de restitución). De las 123.128 solicitudes, el 65% fueron rechazadas. Pero desde que empezaron las solicitudes de restitución, en 2007, han asesinado a la fecha a 21 reclamantes en esta región, uno de ellos era Benigno Gil, promotor del caso de Guacamayas.
(Le recomendamos: Las contradicciones de un empresario bananero de Urabá)
Por lo pronto, el 11 de enero terminó la vacancia judicial en el país, y el juez de segunda instancia deberá resolver la apelación a la medida de detención que los abogados de los reclamantes hicieron en diciembre. Solo el tiempo dirá si contra ellos se abrió un nuevo capítulo de persecución, esta vez penal, para que desistan en su reclamación de tierras.
Su madre, María Dionisia Cuadrado Ibáñez, prima de Rosember Ibáñez, dice: “Son buenos hijos, muy trabajadores, muy atentos”, pero no alcanza a terminar la frase cuando llora: “Esto me tiene muy triste. Ellos fueron criados en esas tierras desde pequeñitos”. Freddy tiene cuatro hijos y sostenía su hogar y ayudaba a su hermana con su trabajo como jornalero en una finca bananera del Urabá. “Hasta hace seis meses tenía protección del Estado porque estaba muy amenazado y hace como seis meses le quitaron el esquema. El día que lo agarraron le dijeron que no era ningún protegido ni víctima, sino que era un delincuente (llora). ¿Cómo una persona que tenía protección podía ser al mismo tiempo un delincuente? Yo estuve en la audiencia, les dijeron que eran violadores, que hacíamos parte de una banda criminal, que no éramos ningunos reclamantes de tierra. Salvamos la vida con el desplazamiento para que hoy en día nos traten de esa manera”, detalla Gloria Correa, su hermana.
“Es muy triste lo que están haciendo con ellos, si son unos campesinos trabajadores. ¿Usted cree que si fueran personas malas se iban a dejar coger así de fácil? No. Que investiguen y miren bien las cosas”, subraya Blanca Luz Rojas, pareja de Julio Correa. Adriano José Correa, padre de Julio y Freddy, recuerda los días de 2015 cuando llegaron a “encañonarlos” a la finca: “Eran tres con fusiles y otros tres con revólveres. Se nos llevaron 50 cabezas de reses y se los llevaron y la Policía no hizo nada. Y eso se denunció y no pasó nada. ¿A esa gente por qué no le hacen nada?”.
Rosember tiene 71 años, es campesino y, como nunca pudo estudiar, no sabe leer y solo escribe su firma. Según su hijo, César Luis Ibáñez, tiene problemas musculares: “Tiene las piernas hinchadas y le cuesta movilizarse. Está muy estresado. Tiene cólicos. Nunca había vivido una situación de esas”, asegura. “Mi papá es una persona que no se mete con nadie, un señor muy unido, muy humilde. Tiene ocho hijos. En este momento no es para que esté como está. Con un señor de la tercera edad no es para que hagan eso. ¿Por qué la justicia no hizo nada cuando iban a la finca y nos atacaban y nos echaban el caballo encima y nos grababan y tomaban fotos? Nosotros no teníamos un celular para tomarles fotos a ellos, por eso no lo hacíamos, pero como ellos sí tienen su plata lo hacían. Mi papá se dedicaba a ordeñar sus cuatro vaquitas que tenía pa’ llevar el poquito de leche a vender, sembraba maticas de maíz, plátano y arroz de monte, que ya se está perdiendo”, dice desconsolada Verónica Ibáñez, otra de las hijas de Rósember.
Dice que su padre siempre fue campesino. Sembraba yuca, ñame, arroz. “Ha sido una persona cariñosa, muy humilde, que aprendió a leer y a escribir, pero solo pudo estudiar hasta segundo de bachillerato. No habíamos podido volver a la finca. Nosotros regresamos en 2014 y nos sacaron en 2015 amenazados, cuando atentaron contra mi primo Tito David Gómez. Le dieron cinco impactos de bala. A él también lo detuvieron ahorita”. Yenis recuerda que cuando su padre escuchó los delitos que le imputó la Fiscalía se desmayó. “Desde entonces no se ha sentido bien de salud”.
Como tampoco lo está Tito. “Desde que a Tito le dispararon, él está enfermo. Perdió la movilidad de su brazo izquierdo”, dice Ruth Gómez, una de sus seis hijas, y recuenta las amenazas que sufrieron cuando entraron a tomar posesión de su tierra, después del desplazamiento, sin el acompañamiento del Estado.
“En abril de 2015, a la finca entraron unos hombres a medianoche y los cogieron a tiros. Ellos estaban durmiendo. Cogieron a una cuñada y se la estaban llevando y se tiraron al suelo. Mi papá hizo un tiro al aire con la escopeta de caza y los hombres se fueron. Pero mi papá no se fue. ¿Cómo se iba a ir y dejar la tierra otra vez? A los seis meses fue el atentado. Lo cogieron a tiros cuando se fue a juntar búfalos. Él logró correr, pero igual recibió cinco impactos, en el brazo, en la mano, en el abdomen, en la ingle y en la cadera. Por eso tiene dos cirugías pendientes, porque si no pierde la movilidad de los dos brazos”. Fue por ese atentado que Tito tenía dos escoltas y un carro blindado, otorgado por la Unidad Nacional de Protección.
“Esa fue la razón de nuestro desplazamiento. Nos fuimos a una finca a Putumayo a escondernos y abandonamos Guacamayas por seguridad. Hasta allá llegó la Policía a capturarlo”, sostiene Ruth. Tito David sabe de ganadería, cría de pollos y peces. Estudió hasta quinto de primaria, pero sabe leer y escribir. Como su familia, está reconocido como víctima en el registro de la Unidad para las Víctimas. Tiene cinco hijos y cinco nietos. “Mi papá está muy triste. Cuando le leyeron los cargos me llamó y me dijo: mija, ya déjeme aquí, eso hay mucha plata oscura en esto. Nosotros no tenemos de dónde, para qué van a gastar plata. Yo le dije que no, le dije que íbamos a recurrir a la gente que fuera porque él era inocente”, asevera Ruth.
“Mi hermano es muy trabajador, jamás ha tenido antecedentes de nada. Honrado y dedicado al campo y sobrevivía de lo que sembraba. Cultivaba plátano, arroz, tenía gallinas. La verdad es una injusticia que lo tengan preso y, además del atropello como entraron, dejaron a esos niños llorando y corriendo atrás de los papás”. La madre de Ómar, una señora mayor, llora y se lamenta: “Yo le dije: mijo, yo no cojo más para ese monte, con el trabajo que pasé cuando salí desplazada con mis diez hijos. Allí me mataron uno por la violencia; tenía solo 18 años. Yo dije que por allá no volvía, me aguantaba una semana o dos y ya, pero ellos de eso vivían y los pelaos crecían sanos”. La finca que reclaman no ha sido restituida.
Nueve reclamantes de tierras de los predios Guacamayas, en la convulsionada región de Urabá, fueron acusados y detenidos por cometer delitos que sonaban increíbles: desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Los mismos que salieron desplazados de sus predios por la violencia paramilitar hace 26 años, y que en su mayoría envejecieron en medio de amenazas, atentados y asesinatos por insistir en el regreso a sus tierras, pasaron las fiestas de fin de año en prisión, acusados por quienes ellos mismos han señalado de haberlos despojado y amenazado.
(Lea: Un juez antirrestitución de tierras en Urabá)
El fiscal titular del caso es el 30 especializado de Antioquia, Luis Fernando Valencia, quien fue hasta un juzgado de Concordia, a tres horas de Medellín y en un pueblo que no tiene ninguna relación con el Urabá, a solicitar al juez promiscuo una orden de captura de los nueve reclamantes de tierra y el allanamiento de sus casas. El juez accedió y expidió la orden el 25 de noviembre y fueron capturados al día siguiente. Esa semana también se realizó la imputación de cargos, pero el fiscal Valencia presentó una incapacidad y en su reemplazo estuvo el fiscal Pascual Villa. Y ante la gravedad de los delitos imputados (concierto para delinquir, desplazamiento forzado y abuso sexual) los nueve reclamantes fueron privados de su libertad mientras avanza el caso.
La Fiscalía refirió en su imputación tres hechos, entre 2014 y 2016, para explicar que estos reclamantes son una banda criminal de despojadores (con “cabecilla” y todo). Para eso relacionó varios fragmentos de videos, pero en especial uno de hace cinco años, del 26 de noviembre de 2014, donde estas personas habrían invadido violentamente las tierras de empresarios de la región. Curiosamente ese video es el mismo que mostró en un debate en el Congreso la represente a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, cuando sin mucho contexto quiso desvirtuar la buena fe de los reclamantes de tierras.
El relato de ese día cambia radicalmente según los campesinos. La llamada invasión de 2014 para ellos estuvo motivada porque la gente se cansó de los atropellos y las amenazas, y fueron a buscar a Aicardo López, mayordomo de la finca El Silencio, de propiedad de la Inmobiliaria S.A.S. (conocida antiguamente como Las Guacamayas Ltda.) para pedirle que los dejara trabajar, que podían compartir la tierra mientras se resolvía legalmente a quién pertenecía, porque era el predio que reclamaba la familia de Víctor Correa, también detenido en diciembre.
“Pero él dijo que la ley de él era machete, palo y plomo. Se armó una riña y fue cuando le metieron el machetazo al señor Saulo en un brazo”, dice una de las mujeres que estuvo ese día, que por razones de seguridad prefiere omitir su nombre. Se refiere a Saulo David Úsuga, otro de los reclamantes detenidos. “Cuando esto sucede, la gente decidió amarrarlo (A López) hasta que viniera la Policía”, sin embargo, al ver esa situación, “la esposa de Aicardo López se encueró (se desnudó) y dijo que la iban a violar cuando la Policía llegó, que por eso le habían dado el machetazo al señor Saulo. Después de eso Aicardo, con todos los opositores de esas veredas, intentaron asesinar gente allá adentro, subieron las amenazas porque él decía que eso no se quedaba así”.
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Poco después de estos hechos, el 12 de diciembre de 2014, el juez de restitución de tierras de Quibdó reconoció a estos campesinos de las comunidades de Guacamayas, en Turbo, Antioquia, como reclamantes legítimos y los cobijó con el Auto 00181.
De hecho, aunque varios de los nueve detenidos son familiares, primos o hermanos, porque llegaron juntos como colonos campesinos a esas tierras sobre los años 60, a uno de ellos, Rósember Ibáñez, así como a otras familias campesinas de Guacamayas, les entregaron los títulos que los acreditaban como dueños de estas tierras. La histórica diligencia se dio en mayo de 2019, cinco meses después de que la Corte Suprema de Justicia sentenciara que tenían derecho a esta restitución.
“Hoy, 15 de mayo del año 2019, siendo las 8:00 en punto de la mañana, la jueza primera civil del circuito especializada en restitución de tierras del Quibdó, Chocó, se constituye en audiencia pública con el fin de llevar a cabo diligencia de entrega material de los predios La Candelaria, El Descanso, No Hay Como Dios, Villa Fanny, Deja Que Digan, Carmen Alicia y La Fabiola, que se encuentran ubicados en la vereda Guacamayas, del municipio de Turbo, Antioquia”, dijo la jueza primera civil del circuito especializada en restitución de tierras de Quibdó (Chocó) Natalia Gámez.
La sentencia de la Corte fue clara: Las Guacamayas Ltda. se aprovechó de la alteración del orden público en Urabá y “se hizo a la propiedad de los inmuebles en discusión por vía de la acumulación que de ellos se logró con la intervención de terceros, que se presentaron ante los originarios dueños, para realizar las negociaciones en nombre de esa empresa o para sí mismos, traspasándolos luego al haber societario con el propósito de destinarlos, valga acotar, a un objeto diferente a la tradicional explotación agrícola, esto es, a la ganadería extensiva”.
“El fiscal de este caso quiso exagerar la imputación para generar una detención intramural. Eso en juicio tiene poquísimas posibilidades de que prospere, pero ya habrán pasado dos años. ¿Y quién recobra ese tiempo en la vida de estos campesinos? Muchos de ellos, tristemente, nos han dicho que de haber sabido esto antes hasta regalaban esas tierras, que es lo que buscan los opositores. La verdad, no nos imaginamos que fueran a jugar tan sucio y en tiempo récord”, dice Cristian Zapata, el abogado de Forjando Futuros que lleva dos de los casos de los reclamantes.
Urabá y el despojo
El caso de despojo de tierras en Guacamayas es solo uno de los cientos que tiene el Urabá antioqueño. El más reciente informe que entregaron a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz tres organizaciones defensoras de derechos humanos da cuenta de esto en detalle. Se trató del documento: “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”, realizado por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
En este se documenta que en 1996 y 1997 fueron desplazadas más de 168 mil personas del Urabá y el Bajo Atrato y murieron 126 personas en masacres. Luego vendrían los años del despoblamiento, entre 1998 y 2002, de la mano de acciones comprobadas judicialmente entre la Brigada XVII del Ejército, comandado por Rito Alejo del Río, y los bloques paramilitares Élmer Cárdenas y Arlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por Hébert Veloza, Raúl Emilio Hasbún y Fredy Rendón Herrera.
Y más adelante llegaría, según el informe, la “consolidación empresarial” de las tierras, compradas a precios irrisorios y legalizadas a través de redes de testigos falsos y opositores. Desde entonces y hasta hoy, estructuras armadas ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ejercen un control en la zona. “La situación en diciembre de 2019 se nos complicó del todo, hemos tenido amenazas, persecuciones, atentados”, dijo Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación de Reclamantes de tierras Tierra y Paz, de la cual hacen parte más de 500 campesinos reclamantes de la región.
Solo en los últimos ocho años solo se han resuelto 8.625 casos (el 7% de las solicitudes de restitución). De las 123.128 solicitudes, el 65% fueron rechazadas. Pero desde que empezaron las solicitudes de restitución, en 2007, han asesinado a la fecha a 21 reclamantes en esta región, uno de ellos era Benigno Gil, promotor del caso de Guacamayas.
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Por lo pronto, el 11 de enero terminó la vacancia judicial en el país, y el juez de segunda instancia deberá resolver la apelación a la medida de detención que los abogados de los reclamantes hicieron en diciembre. Solo el tiempo dirá si contra ellos se abrió un nuevo capítulo de persecución, esta vez penal, para que desistan en su reclamación de tierras.
Su madre, María Dionisia Cuadrado Ibáñez, prima de Rosember Ibáñez, dice: “Son buenos hijos, muy trabajadores, muy atentos”, pero no alcanza a terminar la frase cuando llora: “Esto me tiene muy triste. Ellos fueron criados en esas tierras desde pequeñitos”. Freddy tiene cuatro hijos y sostenía su hogar y ayudaba a su hermana con su trabajo como jornalero en una finca bananera del Urabá. “Hasta hace seis meses tenía protección del Estado porque estaba muy amenazado y hace como seis meses le quitaron el esquema. El día que lo agarraron le dijeron que no era ningún protegido ni víctima, sino que era un delincuente (llora). ¿Cómo una persona que tenía protección podía ser al mismo tiempo un delincuente? Yo estuve en la audiencia, les dijeron que eran violadores, que hacíamos parte de una banda criminal, que no éramos ningunos reclamantes de tierra. Salvamos la vida con el desplazamiento para que hoy en día nos traten de esa manera”, detalla Gloria Correa, su hermana.
“Es muy triste lo que están haciendo con ellos, si son unos campesinos trabajadores. ¿Usted cree que si fueran personas malas se iban a dejar coger así de fácil? No. Que investiguen y miren bien las cosas”, subraya Blanca Luz Rojas, pareja de Julio Correa. Adriano José Correa, padre de Julio y Freddy, recuerda los días de 2015 cuando llegaron a “encañonarlos” a la finca: “Eran tres con fusiles y otros tres con revólveres. Se nos llevaron 50 cabezas de reses y se los llevaron y la Policía no hizo nada. Y eso se denunció y no pasó nada. ¿A esa gente por qué no le hacen nada?”.
Rosember tiene 71 años, es campesino y, como nunca pudo estudiar, no sabe leer y solo escribe su firma. Según su hijo, César Luis Ibáñez, tiene problemas musculares: “Tiene las piernas hinchadas y le cuesta movilizarse. Está muy estresado. Tiene cólicos. Nunca había vivido una situación de esas”, asegura. “Mi papá es una persona que no se mete con nadie, un señor muy unido, muy humilde. Tiene ocho hijos. En este momento no es para que esté como está. Con un señor de la tercera edad no es para que hagan eso. ¿Por qué la justicia no hizo nada cuando iban a la finca y nos atacaban y nos echaban el caballo encima y nos grababan y tomaban fotos? Nosotros no teníamos un celular para tomarles fotos a ellos, por eso no lo hacíamos, pero como ellos sí tienen su plata lo hacían. Mi papá se dedicaba a ordeñar sus cuatro vaquitas que tenía pa’ llevar el poquito de leche a vender, sembraba maticas de maíz, plátano y arroz de monte, que ya se está perdiendo”, dice desconsolada Verónica Ibáñez, otra de las hijas de Rósember.
Dice que su padre siempre fue campesino. Sembraba yuca, ñame, arroz. “Ha sido una persona cariñosa, muy humilde, que aprendió a leer y a escribir, pero solo pudo estudiar hasta segundo de bachillerato. No habíamos podido volver a la finca. Nosotros regresamos en 2014 y nos sacaron en 2015 amenazados, cuando atentaron contra mi primo Tito David Gómez. Le dieron cinco impactos de bala. A él también lo detuvieron ahorita”. Yenis recuerda que cuando su padre escuchó los delitos que le imputó la Fiscalía se desmayó. “Desde entonces no se ha sentido bien de salud”.
Como tampoco lo está Tito. “Desde que a Tito le dispararon, él está enfermo. Perdió la movilidad de su brazo izquierdo”, dice Ruth Gómez, una de sus seis hijas, y recuenta las amenazas que sufrieron cuando entraron a tomar posesión de su tierra, después del desplazamiento, sin el acompañamiento del Estado.
“En abril de 2015, a la finca entraron unos hombres a medianoche y los cogieron a tiros. Ellos estaban durmiendo. Cogieron a una cuñada y se la estaban llevando y se tiraron al suelo. Mi papá hizo un tiro al aire con la escopeta de caza y los hombres se fueron. Pero mi papá no se fue. ¿Cómo se iba a ir y dejar la tierra otra vez? A los seis meses fue el atentado. Lo cogieron a tiros cuando se fue a juntar búfalos. Él logró correr, pero igual recibió cinco impactos, en el brazo, en la mano, en el abdomen, en la ingle y en la cadera. Por eso tiene dos cirugías pendientes, porque si no pierde la movilidad de los dos brazos”. Fue por ese atentado que Tito tenía dos escoltas y un carro blindado, otorgado por la Unidad Nacional de Protección.
“Esa fue la razón de nuestro desplazamiento. Nos fuimos a una finca a Putumayo a escondernos y abandonamos Guacamayas por seguridad. Hasta allá llegó la Policía a capturarlo”, sostiene Ruth. Tito David sabe de ganadería, cría de pollos y peces. Estudió hasta quinto de primaria, pero sabe leer y escribir. Como su familia, está reconocido como víctima en el registro de la Unidad para las Víctimas. Tiene cinco hijos y cinco nietos. “Mi papá está muy triste. Cuando le leyeron los cargos me llamó y me dijo: mija, ya déjeme aquí, eso hay mucha plata oscura en esto. Nosotros no tenemos de dónde, para qué van a gastar plata. Yo le dije que no, le dije que íbamos a recurrir a la gente que fuera porque él era inocente”, asevera Ruth.
“Mi hermano es muy trabajador, jamás ha tenido antecedentes de nada. Honrado y dedicado al campo y sobrevivía de lo que sembraba. Cultivaba plátano, arroz, tenía gallinas. La verdad es una injusticia que lo tengan preso y, además del atropello como entraron, dejaron a esos niños llorando y corriendo atrás de los papás”. La madre de Ómar, una señora mayor, llora y se lamenta: “Yo le dije: mijo, yo no cojo más para ese monte, con el trabajo que pasé cuando salí desplazada con mis diez hijos. Allí me mataron uno por la violencia; tenía solo 18 años. Yo dije que por allá no volvía, me aguantaba una semana o dos y ya, pero ellos de eso vivían y los pelaos crecían sanos”. La finca que reclaman no ha sido restituida.