Reclutamiento forzado y confinamiento: la guerra en los ríos de Buenaventura

El 4 de enero el Consejo de Paz Afrocolombiano denunció que dos días antes integrantes del Eln llegaron hasta la comunidad El Tigre, en la parte baja del río Raposo (zona rural de Buenaventura), atacaron con tiros de fusil una lancha y retuvieron a unos jóvenes que estaban visitando a sus familias, a quienes liberaron al poco tiempo. Los armados anunciaron que tomarían el control de todo el afluente. Luego de esos hechos, el comandante de la Brigada de Infantería No. 2, coronel Alex Eduardo Ramírez, en entrevista con El Espectador dio un parte de tranquilidad.  Sin embargo, esa incursión es apenas un síntoma de la guerra que se está librando en los ríos de Buenaventura por el control de las zonas que dejaron los frentes 29 y 30 de las Farc. Y también es una señal de que la confrontación puede empeorar.

La Defensoría del Pueblo señaló en 2018, mediante la alerta temprana 079, que las comunidades de los ríos Yurumanguí, Raposo, Cajambre, Mallorquín y Anchicayá estaban en riesgo inminente por choques entre dos grupos armados: la Columna móvil Jaime Martínez y el frente Fuerzas Unidas del Pacífico (FUP). Como lo advirtieron, se dieron varios choques entre esas estructuras, conformadas por personas pertenecientes a los frentes 29 y 30 de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de paz firmado con el Estado. Ese conflicto habría terminado. Según una persona que conoce la región, pero que pidió que se le reservara su identidad porque no tenía autorización para hablar y por cuestiones de seguridad, "la Jaime Martínez cogió tanta fuerza que absorvió a la FUP". Cuatro personas consultadas para este artículo aseguraron que ya no hay presencia de este último grupo en ningún río. 

Sin embargo, ahora la situación es mucho más complicada por la llegada de un nuevo actor armado a la zona: el Eln. Esa guerrilla se consolidó en regiones que antes eran controladas por los frentes 29 y 30 de las Farc como los ríos San Juan y Calima. En ambos afluentes se ha registrado reclutamiento forzado de menores de edad. El caso más conocido es el de la comunidad indígena Chagpien Tordó que está desplazada desde febrero de 2017 en el casco urbano de Buenaventura, salieron de su territorio para evitar que los niños terminaran en las filas de la insurgencia. 

(Lea también: El Eln acecha a los niños en el río San Juan (Chocó))

Pero el Eln no se conformó con esos espacios y ahora va por más, el problema es que en varias de las zonas que están buscando controlar hace presencia la Jaime Martínez (que en algunas comunidades se ha presentado como Columna Móvil disidente de los frentes 29 y 30 de las Farc). Desde finales de 2018 los habitantes de los ríos Raposo y Yurumanguí empezaron a ver uniformados del Eln merodeando las cuencas. La primera confrontación entre ambas estructuras armadas se dio en el río Naya, en los límites de Buenaventura con el departamento del Cauca, hacia abril de 2019. Se dice que en ese combate hubo muertos de ambos bandos, pero no se ha podido establecer una cifra.

El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina #24, coronel Andrés Varón, aseguró que "cuando hemos hecho presencia militar hemos podido desvirtuar tales enfrentamientos". Sin embargo, al insistirle sobre la existencia de denuncias por combates en varios afluentes reconoció que los uniformados bajo su mando tienen "jurisdicción desde la playa contando 20 kilómetros de tierra alrededor de los ríos, puede que esos enfrentamientos se desarrollen en la parte más alta que son comunidades que no alcanzamos a tener cobertura".

Otro choque se presentó en la zona rural de Litoral del San Juan, municipio chocoano que colinda con el norte de Buenaventura. En junio de 2019 llegó un grupo de integrantes de la Jaime Martínez hasta la comunidad indígena de Pichimá Quebrada, momentos después llegaron efectivos del Eln y se dio un combate que obligó a 417 indígenas wounaan a desplazarse hasta Docordó.

(Lea también: Una nueva guerra en Chocó: lo que hay detrás del desplazamiento de 417 indígenas)

La confrontación se ha extendido por los ríos Cajambre, Yurumanguí, Raposo, Marroquín, Naya y San Juan. No es metáforico decir que la población civil se encuentra en medio de la guerra. El Eln ha tomado control sobre la parte alta del Cajambre, el Yurumanguí y el Raposo mientras que la Jaime Martínez se ha instalado en la parte baja (en las desembocaduras al mar Pacífico). Así lo reconoce el coronel Andrés Varón, quien consultado por este medio dijo que en esos tres afluentes "sí se puede estar presentando ese fenómeno"  El incidente en el Raposo hace parte de esa dinámica, el Eln bajó hasta El Tigre para advertir que se iban a tomar el control de toda la cuenca. El uniformado insitió en que en esa comunidad hay presencia de la Infantería de Marina.  En la parte alta de ese río hay minería ilegal, rentas de las cuales se rumora que esa guerrilla se está financiando.

¿Por qué pelearse esos territorios? Como lo señaló la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana, los ríos mencionados y sus conexiones con esteros que desembocan al mar Pacífico permiten la movilidad "de grupos armados y narcotraficantes presentes en la zona por corredores estratégicos para el flujo de economías ilícitas, entre ellas: el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína; tráfico de armas; tráfico de combustible y la explotación de la minería ilegal que ocasiona daños al medio ambiente".

Otro problema es el confinamiento. Las comunidades ribereñas viven de lo que siembran monte adentro y de lo que pescan. Sin embargo, el temor a que haya confrontaciones armadas ha hecho que dejen de ir a recolectar sus cosechas y que algunas zonas de los afluentes estén vedadas. Eso tiene consecuencias en la seguridad alimentaria de los habitantes de esas cuencas. "Cuando no se pueden hacer esas actividades productivas empiezas a aguantar hambre", señaló Mario Ángulo, vocero del Proceso de Comunidades Negras (PCN).

Esa organización ha trabajado por evitar que las comunidades salgan de sus territorios, por lo que no se han presentado desplazamientos masivos hacia el casco urbano de Buenaventura. Sin embargo, después de los hechos sucedidos en El Tigre unas 20 personas se desplazaron desde la comunidad de Caimito hasta la de Cacolito, en el mismo río Raposo. Ya volvieron a sus hogares, pero es una señal de alerta de posibles desplazamientos si la confrontación se agudiza.  

Las comunidades exigen soluciones

En Buenaventura tienen la certeza de que la guerra es una consecuencia del abandono estructural que han padecido durante décadas los habitantes de la ciudad. Por eso creen que una intervención de la Fuerza Pública sería insuficiente para acabar con la violencia. 

Ángulo dice que el Gobierno Nacional "no tiene decisión para cumplir los acuerdos que el Estado firmó con las Farc". Critica que el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) no ha arrancado en los ríos de Buenaventura. "Después de casi tres años de firmado el Acuerdo no hay nada de infraestructura", denunció.

Por su parte, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, respondió que el gobierno del presidente Iván Duque logró terminar la formulación del Pdet del Pacífico medio (que incluye a Buenaventura) el 23 de febrero de 2019. En el marco de ese documento "se contrataron 43 obras por parte de la Agencia de Renovación del Territorio que inician ejecución en el primer semestre y se estructuraron 10 proyectos de infraestructura y productivos con una inversión estimada en mas de 12 mil millones", puntualizó. "Revisadas las peticiones de las comunidades hemos encontrado que 22 se refieren a intervenciones en obras relacionadas con los ríos a los que ustedes hacen mención (Marroquín, Cajambre, Raposo y Yurumanguí), la cuales se incorporarán en la hoja de ruta para la implementación del Pdet", agregó.

Ángulo también piden que se reanuden los diálogos con el Eln, cree que eso significaría un alivio humanitario para la región. "Si estuvieran sentados en la mesa la cosa sería otra en el territorio", enfatizó.

En cuanto al reclutamiento de menores de edad, la primer persona citada en este artículo dijo: "el Estado y la sociedad deben pensar en cuál va a ser el proyecto de vida de los jóvenes porque el que les llama la atención es el militar". La falta de oportunidades hace que decenas de niños, niñas y adolescentes vean la guerra como una opción, lo que los expone a ser reclutados. 

Los habitantes de los ríos de Buenaventura siguen esperando que el Estado llegue de manera integral a sus territorios y que los grupos armados dejen de hacer la guerra con sus hijos. Por ahora, advierten que si la confrontación que se está librando en sus territorios no cesa devenirá en una cadena de tragedias que ellos habían alertado. Estar atrapados entre fuegos hace que el miedo los acompañe día y noche. 

(Lea también: La universidad: un sueño inalcanzable en los ríos de Buenaventura)

El 4 de enero el Consejo de Paz Afrocolombiano denunció que dos días antes integrantes del Eln llegaron hasta la comunidad El Tigre, en la parte baja del río Raposo (zona rural de Buenaventura), atacaron con tiros de fusil una lancha y retuvieron a unos jóvenes que estaban visitando a sus familias, a quienes liberaron al poco tiempo. Los armados anunciaron que tomarían el control de todo el afluente. Luego de esos hechos, el comandante de la Brigada de Infantería No. 2, coronel Alex Eduardo Ramírez, en entrevista con El Espectador dio un parte de tranquilidad.  Sin embargo, esa incursión es apenas un síntoma de la guerra que se está librando en los ríos de Buenaventura por el control de las zonas que dejaron los frentes 29 y 30 de las Farc. Y también es una señal de que la confrontación puede empeorar.

La Defensoría del Pueblo señaló en 2018, mediante la alerta temprana 079, que las comunidades de los ríos Yurumanguí, Raposo, Cajambre, Mallorquín y Anchicayá estaban en riesgo inminente por choques entre dos grupos armados: la Columna móvil Jaime Martínez y el frente Fuerzas Unidas del Pacífico (FUP). Como lo advirtieron, se dieron varios choques entre esas estructuras, conformadas por personas pertenecientes a los frentes 29 y 30 de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de paz firmado con el Estado. Ese conflicto habría terminado. Según una persona que conoce la región, pero que pidió que se le reservara su identidad porque no tenía autorización para hablar y por cuestiones de seguridad, "la Jaime Martínez cogió tanta fuerza que absorvió a la FUP". Cuatro personas consultadas para este artículo aseguraron que ya no hay presencia de este último grupo en ningún río. 

Sin embargo, ahora la situación es mucho más complicada por la llegada de un nuevo actor armado a la zona: el Eln. Esa guerrilla se consolidó en regiones que antes eran controladas por los frentes 29 y 30 de las Farc como los ríos San Juan y Calima. En ambos afluentes se ha registrado reclutamiento forzado de menores de edad. El caso más conocido es el de la comunidad indígena Chagpien Tordó que está desplazada desde febrero de 2017 en el casco urbano de Buenaventura, salieron de su territorio para evitar que los niños terminaran en las filas de la insurgencia. 

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Pero el Eln no se conformó con esos espacios y ahora va por más, el problema es que en varias de las zonas que están buscando controlar hace presencia la Jaime Martínez (que en algunas comunidades se ha presentado como Columna Móvil disidente de los frentes 29 y 30 de las Farc). Desde finales de 2018 los habitantes de los ríos Raposo y Yurumanguí empezaron a ver uniformados del Eln merodeando las cuencas. La primera confrontación entre ambas estructuras armadas se dio en el río Naya, en los límites de Buenaventura con el departamento del Cauca, hacia abril de 2019. Se dice que en ese combate hubo muertos de ambos bandos, pero no se ha podido establecer una cifra.

El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina #24, coronel Andrés Varón, aseguró que "cuando hemos hecho presencia militar hemos podido desvirtuar tales enfrentamientos". Sin embargo, al insistirle sobre la existencia de denuncias por combates en varios afluentes reconoció que los uniformados bajo su mando tienen "jurisdicción desde la playa contando 20 kilómetros de tierra alrededor de los ríos, puede que esos enfrentamientos se desarrollen en la parte más alta que son comunidades que no alcanzamos a tener cobertura".

Otro choque se presentó en la zona rural de Litoral del San Juan, municipio chocoano que colinda con el norte de Buenaventura. En junio de 2019 llegó un grupo de integrantes de la Jaime Martínez hasta la comunidad indígena de Pichimá Quebrada, momentos después llegaron efectivos del Eln y se dio un combate que obligó a 417 indígenas wounaan a desplazarse hasta Docordó.

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La confrontación se ha extendido por los ríos Cajambre, Yurumanguí, Raposo, Marroquín, Naya y San Juan. No es metáforico decir que la población civil se encuentra en medio de la guerra. El Eln ha tomado control sobre la parte alta del Cajambre, el Yurumanguí y el Raposo mientras que la Jaime Martínez se ha instalado en la parte baja (en las desembocaduras al mar Pacífico). Así lo reconoce el coronel Andrés Varón, quien consultado por este medio dijo que en esos tres afluentes "sí se puede estar presentando ese fenómeno"  El incidente en el Raposo hace parte de esa dinámica, el Eln bajó hasta El Tigre para advertir que se iban a tomar el control de toda la cuenca. El uniformado insitió en que en esa comunidad hay presencia de la Infantería de Marina.  En la parte alta de ese río hay minería ilegal, rentas de las cuales se rumora que esa guerrilla se está financiando.

¿Por qué pelearse esos territorios? Como lo señaló la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana, los ríos mencionados y sus conexiones con esteros que desembocan al mar Pacífico permiten la movilidad "de grupos armados y narcotraficantes presentes en la zona por corredores estratégicos para el flujo de economías ilícitas, entre ellas: el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína; tráfico de armas; tráfico de combustible y la explotación de la minería ilegal que ocasiona daños al medio ambiente".

Otro problema es el confinamiento. Las comunidades ribereñas viven de lo que siembran monte adentro y de lo que pescan. Sin embargo, el temor a que haya confrontaciones armadas ha hecho que dejen de ir a recolectar sus cosechas y que algunas zonas de los afluentes estén vedadas. Eso tiene consecuencias en la seguridad alimentaria de los habitantes de esas cuencas. "Cuando no se pueden hacer esas actividades productivas empiezas a aguantar hambre", señaló Mario Ángulo, vocero del Proceso de Comunidades Negras (PCN).

Esa organización ha trabajado por evitar que las comunidades salgan de sus territorios, por lo que no se han presentado desplazamientos masivos hacia el casco urbano de Buenaventura. Sin embargo, después de los hechos sucedidos en El Tigre unas 20 personas se desplazaron desde la comunidad de Caimito hasta la de Cacolito, en el mismo río Raposo. Ya volvieron a sus hogares, pero es una señal de alerta de posibles desplazamientos si la confrontación se agudiza.  

Las comunidades exigen soluciones

En Buenaventura tienen la certeza de que la guerra es una consecuencia del abandono estructural que han padecido durante décadas los habitantes de la ciudad. Por eso creen que una intervención de la Fuerza Pública sería insuficiente para acabar con la violencia. 

Ángulo dice que el Gobierno Nacional "no tiene decisión para cumplir los acuerdos que el Estado firmó con las Farc". Critica que el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) no ha arrancado en los ríos de Buenaventura. "Después de casi tres años de firmado el Acuerdo no hay nada de infraestructura", denunció.

Por su parte, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, respondió que el gobierno del presidente Iván Duque logró terminar la formulación del Pdet del Pacífico medio (que incluye a Buenaventura) el 23 de febrero de 2019. En el marco de ese documento "se contrataron 43 obras por parte de la Agencia de Renovación del Territorio que inician ejecución en el primer semestre y se estructuraron 10 proyectos de infraestructura y productivos con una inversión estimada en mas de 12 mil millones", puntualizó. "Revisadas las peticiones de las comunidades hemos encontrado que 22 se refieren a intervenciones en obras relacionadas con los ríos a los que ustedes hacen mención (Marroquín, Cajambre, Raposo y Yurumanguí), la cuales se incorporarán en la hoja de ruta para la implementación del Pdet", agregó.

Ángulo también piden que se reanuden los diálogos con el Eln, cree que eso significaría un alivio humanitario para la región. "Si estuvieran sentados en la mesa la cosa sería otra en el territorio", enfatizó.

En cuanto al reclutamiento de menores de edad, la primer persona citada en este artículo dijo: "el Estado y la sociedad deben pensar en cuál va a ser el proyecto de vida de los jóvenes porque el que les llama la atención es el militar". La falta de oportunidades hace que decenas de niños, niñas y adolescentes vean la guerra como una opción, lo que los expone a ser reclutados. 

Los habitantes de los ríos de Buenaventura siguen esperando que el Estado llegue de manera integral a sus territorios y que los grupos armados dejen de hacer la guerra con sus hijos. Por ahora, advierten que si la confrontación que se está librando en sus territorios no cesa devenirá en una cadena de tragedias que ellos habían alertado. Estar atrapados entre fuegos hace que el miedo los acompañe día y noche. 

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