Andrés Gil busca que el Gobierno escuche a los campesinos

Andrés Gil es un líder del Valle del río Cimitarra, en la región del Magdalena Medio. En diciembre de 2018 se convirtió en el presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), presente en 15 departamentos y 69 territorios del país. Hoy, dice que la lucha de esa organización está concentrada en la reforma agraria integral y el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Los líderes campesinos estamos en riesgo porque miles de familias de Anzorc creyeron en el Acuerdo de Paz, firmaron los acuerdos de sustitución y dejaron de vivir de los cultivos de coca”, comenta. Gil es uno de los líderes campesinos más reconocidos a nivel nacional, pues sus raíces están la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que tiene más de 30 años en el Magdalena Medio, y más recientemente en el movimiento político Marcha Patriótica.

Las Zonas de Reserva Campesina, agrupadas en la organización que hoy preside, nacieron con los campesinos de la región de El Duda (Meta). Fue durante a preparación de la ley 30 de 1987, fecha en que les plantearon al Gobierno crear instrumentos de protección para sus parcelas frente a la presión de los latifundios. Finalmente, fue en 1994 cuando nació la figura jurídica y en 1996 las marchas campesinas presionaron para que se empezaran a implementar por la llegada masiva de empresas para la explotación masiva de petróleo, oro y agua en sus territorios.

Luego vino la arremetida paramilitar a finales de la década de 1990 y cientos de campesinos que hacían parte de Anzorc fueron judicializados tras ser acusados de ser colaboradores de la guerrilla. La confrontación entre los dos bandos dejó a los líderes de estas zonas en medio de las balas y de paso los despojó de sus tierras, algunas de las cuales fueron compradas por terceros con fines empresariales. Hoy, todos esos grises que dejó el conflicto armado en la sociedad civil es lo que también busca esclarecer la Comisión de la Verdad.

(También lea: “Defendamos la vida”, la campaña para proteger a los líderes sociales)

Sin embargo, eso no fue suficiente. Las zonas de reserva campesina no se detuvieron y la estigmatización tampoco. Llegaron los primeros años del siglo XXI y también el rechazo del gobierno de Álvaro Uribe a esta figura de ordenamiento territorial para campesinos. Tanto así, que durante su administración se suspendió la aprobación de estas zonas lo que generó que los líderes comunitarios realizaran acuerdos internos para desarrollar su territorio de manera autónoma y participativa. Luego, con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia de la República, la legalización de las zonas se volvió a activar y en esa pelea siguen cerca de doce regiones del país que tienen solicitudes para constituir estos territorios colectivos.

La segunda década del 2000 tampoco ha sido fácil para estos líderes. Sobrellevar la estigmatización de políticos les ha costado amenazas y hasta la vida a muchos de ellos. Por ejemplo, ya siendo expresidente, Álvaro Uribe volvió a arremeter en julio de 2013 contra estas zonas. Durante el Encuentro de Dirigentes del Suroeste de Antioquia, y el cual se desarrolló en el municipio de Pueblorrico, las llamó “emporios del terrorismo” que impedían el desarrollo del campo. En medio de todas esas tensiones, según los reportes que lleva la organización, 140 de ellos fueron asesinados después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

En medio de esta espiral de violencia que siguen viviendo, pero con la seguridad de que el acuerdo de paz frenará las balas y abrirá las puertas al diálogo, Gil fue quien le propuso al consejero político de la embajada de Francia en Colombia, Jean Marie Druette, que la comunidad internacional sea puente con el Gobierno  para que el Presidente los escuche, para que su estructura organizativa sea tenida en cuenta con el fin de que el Estado llegue a los territorios averiados por la guerra, periféricos y olvidados.

“Una solicitud que hacemos es que generemos procesos de acercamiento entre las comunidades y el Gobierno nacional para dialogar. No es bueno dialogar en medio de la protesta social. Creemos que antes de que se dé la protesta, los mecanismos democráticos deben primar para dar soluciones a las problemáticas. No nos sentimos incómodos si nos toca hacerlo con el Gobierno que sea”, puntualizó el líder social, quien es otro de los rostros de la campaña “Defendamos la vida”, con la que los Estados miembros de la Unión Europea buscan mostrar al mundo la importancia de esta labor en la construcción de la paz de Colombia.

También lea otros perfiles: 

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Un líder arrepentido de haber confiado en el Estado

Fátima Muriel, una barrera de fortaleza en el Putumayo

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Andrés Gil es un líder del Valle del río Cimitarra, en la región del Magdalena Medio. En diciembre de 2018 se convirtió en el presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), presente en 15 departamentos y 69 territorios del país. Hoy, dice que la lucha de esa organización está concentrada en la reforma agraria integral y el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Los líderes campesinos estamos en riesgo porque miles de familias de Anzorc creyeron en el Acuerdo de Paz, firmaron los acuerdos de sustitución y dejaron de vivir de los cultivos de coca”, comenta. Gil es uno de los líderes campesinos más reconocidos a nivel nacional, pues sus raíces están la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que tiene más de 30 años en el Magdalena Medio, y más recientemente en el movimiento político Marcha Patriótica.

Las Zonas de Reserva Campesina, agrupadas en la organización que hoy preside, nacieron con los campesinos de la región de El Duda (Meta). Fue durante a preparación de la ley 30 de 1987, fecha en que les plantearon al Gobierno crear instrumentos de protección para sus parcelas frente a la presión de los latifundios. Finalmente, fue en 1994 cuando nació la figura jurídica y en 1996 las marchas campesinas presionaron para que se empezaran a implementar por la llegada masiva de empresas para la explotación masiva de petróleo, oro y agua en sus territorios.

Luego vino la arremetida paramilitar a finales de la década de 1990 y cientos de campesinos que hacían parte de Anzorc fueron judicializados tras ser acusados de ser colaboradores de la guerrilla. La confrontación entre los dos bandos dejó a los líderes de estas zonas en medio de las balas y de paso los despojó de sus tierras, algunas de las cuales fueron compradas por terceros con fines empresariales. Hoy, todos esos grises que dejó el conflicto armado en la sociedad civil es lo que también busca esclarecer la Comisión de la Verdad.

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Sin embargo, eso no fue suficiente. Las zonas de reserva campesina no se detuvieron y la estigmatización tampoco. Llegaron los primeros años del siglo XXI y también el rechazo del gobierno de Álvaro Uribe a esta figura de ordenamiento territorial para campesinos. Tanto así, que durante su administración se suspendió la aprobación de estas zonas lo que generó que los líderes comunitarios realizaran acuerdos internos para desarrollar su territorio de manera autónoma y participativa. Luego, con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia de la República, la legalización de las zonas se volvió a activar y en esa pelea siguen cerca de doce regiones del país que tienen solicitudes para constituir estos territorios colectivos.

La segunda década del 2000 tampoco ha sido fácil para estos líderes. Sobrellevar la estigmatización de políticos les ha costado amenazas y hasta la vida a muchos de ellos. Por ejemplo, ya siendo expresidente, Álvaro Uribe volvió a arremeter en julio de 2013 contra estas zonas. Durante el Encuentro de Dirigentes del Suroeste de Antioquia, y el cual se desarrolló en el municipio de Pueblorrico, las llamó “emporios del terrorismo” que impedían el desarrollo del campo. En medio de todas esas tensiones, según los reportes que lleva la organización, 140 de ellos fueron asesinados después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

En medio de esta espiral de violencia que siguen viviendo, pero con la seguridad de que el acuerdo de paz frenará las balas y abrirá las puertas al diálogo, Gil fue quien le propuso al consejero político de la embajada de Francia en Colombia, Jean Marie Druette, que la comunidad internacional sea puente con el Gobierno  para que el Presidente los escuche, para que su estructura organizativa sea tenida en cuenta con el fin de que el Estado llegue a los territorios averiados por la guerra, periféricos y olvidados.

“Una solicitud que hacemos es que generemos procesos de acercamiento entre las comunidades y el Gobierno nacional para dialogar. No es bueno dialogar en medio de la protesta social. Creemos que antes de que se dé la protesta, los mecanismos democráticos deben primar para dar soluciones a las problemáticas. No nos sentimos incómodos si nos toca hacerlo con el Gobierno que sea”, puntualizó el líder social, quien es otro de los rostros de la campaña “Defendamos la vida”, con la que los Estados miembros de la Unión Europea buscan mostrar al mundo la importancia de esta labor en la construcción de la paz de Colombia.

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