Bajaron los cultivos de coca: ¿funciona la sustitución voluntaria?

Naciones Unidas ha documentado una diferencia fundamental: la resiembra con la sustitución voluntaria es del 0,6 %, mientras con la erradicación forzada alcanza el 40 %. / Sebastián Forero.

“Por primera vez en prácticamente siete años se quebró esa tendencia de crecimiento exponencial (de cultivos de coca). No solamente paró, sino que se registra también un descenso en el área sembrada, cercano al 1,2 %. La pregunta que debería hacerse es: si no se hubieran adoptado todas las medidas que asumió este gobierno, ¿cuál sería la cifra que estaríamos presentando hoy? Y muy seguramente esa cifra estaría por encima de las 220.000 hectáreas”. Con esas palabras, el presidente Iván Duque presentó el viernes 2 de agosto, junto con Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el informe de esa entidad que reveló que en 2018 se pasó de 171.000 a 169.000 hectáreas sembradas de coca en el país.

Sin embargo, la pregunta que lanzó el mandatario es difícil de responder. Si bien él atribuyó la reducción de 2.000 hectáreas a las políticas adoptadas desde que asumió la Presidencia, entre ellas la erradicación forzada, de acuerdo con otros sectores ese cambio en la tendencia es el reflejo de la implementación del programa de sustitución voluntaria de cultivos, que viene del anterior gobierno y que derivó del Acuerdo de Paz.

Una de las voces que criticaron que el dictamen del informe hubiera sido presentado como un logro del gobierno Duque fue Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien atribuyó la reducción al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) que se venía desarrollando desde el primer semestre de 2017 y cuenta con 99.000 familias inscritas en todo el país.

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“En el año 2018 lo que se ve es el impacto de los programas que se ponen a andar en 2017. Lo que cubre el informe son siete meses de Santos y cinco de Duque, que es un gobierno que hasta ahora estaba comenzando”, explicó González Posso, quien hace seguimiento al fenómeno desde la década de 1990.

Pero, más allá de ello, donde realmente se puede ver el impacto que pudo tener la sustitución voluntaria es en los departamentos donde se implementó el programa. Si bien la reducción a nivel nacional fue de 2.000 hectáreas, esta cifra oculta la realidad de lo que sucedió a nivel departamental: en solo cinco departamentos —Nariño, Putumayo, Meta, Chocó y Amazonas— la coca tuvo una reducción de más de 11.000 hectáreas. Sin embargo, esta disminución se vio compensada por un incremento de 9.000 hectáreas en Norte de Santander, Bolívar y Cauca.

“La reducción que se presenta ocurre en los departamentos donde intervino el programa de sustitución con mayor fuerza, mientras el incremento se registró en aquellos donde no pudo operar por factores como el orden público”, dijo Eduardo Díaz Uribe, quien fue el coordinador de la desaparecida Dirección de Sustitución de Cultivos en el gobierno Santos, entidad que la actual administración integró a la Alta Consejería para la Estabilización.

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Las cifras de Naciones Unidas dejan ver esta teoría. En Tumaco, por ejemplo, uno de los dos municipios de Nariño donde se implementó el programa, los cultivos de coca se redujeron en más de 3.000 hectáreas, pasando de 19.500 en 2017 a 16.000 en 2018, según el informe de Naciones Unidas. Hasta hace dos años Tumaco fue el municipio con más coca sembrada en todo el país. Igualmente, fue donde más familias se comprometieron con la sustitución voluntaria: más de 16.000.

Otro caso ilustrativo es el del Meta, donde el área sembrada con coca se redujo en 47 %. Según reportes de Naciones Unidas, en este departamento hay más de 9.000 familias inscritas en el PNIS y a diciembre de 2018 se habían arrancado voluntariamente alrededor de 2.400 hectáreas de coca en los municipios de La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Rico, Uribe y Vistahermosa. Marceliano Antonio Acevedo, representante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y beneficiario del programa, ratificó que el compromiso de los campesinos en esa zona ayudó a la reducción de la coca. Situación similar se registró en los departamentos de Putumayo, Córdoba y Guaviare.

Allí, el programa de sustitución solo llegó a Tibú y no prosperó por problemas de orden público, teniendo en cuenta que el municipio es el corazón del Catatumbo, corredor del narcotráfico y donde los actores armados ilegales se han opuesto a su desarrollo. Reportes del PNIS dan cuenta de que, a diciembre de 2018, en ese municipio solo se arrancaron de manera voluntaria 484 hectáreas. Hoy, según el informe de Naciones Unidas, se sabe que en Tibú aumentó la coca en 2.411 hectáreas, hasta llegar a más de 16.000, convirtiéndose en el municipio con más coca en todo el país y superando a Tumaco. El aumento en Norte de Santander se complementa con El Tarra, Sardinata y Teorama, donde no hubo sustitución de cultivos.

En Cauca tampoco pudo desarrollarse apropiadamente la sustitución y hubo incrementos importantes en Argelia, El Tambo y Piamonte, que hicieron que los cultivos de coca en ese departamento pasaran de 15.960 en 2017 a 17.117 en 2018.

La excepción sería el sur de Bolívar, donde se incrementó la coca tanto en los municipios donde se implementó el programa de sustitución como en los que no. En el caso de Santa Rosa del Sur y Cantagallo, donde hubo PNIS, la coca se incrementó en 500 y 128 hectáreas, respectivamente.

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“En lo fundamental, el programa de sustitución operó, produjo los resultados que se esperaban. Es una tarea de largo plazo y hay que persistir. No solamente en retirar las matas, sino en sustituir las economías que prevalecen en esos territorios”, señaló Díaz Uribe.

A pesar de ello, el avance de la sustitución voluntaria ha sido más lento que la erradicación forzada que hace la Fuerza Pública. En 2018, entre los gobiernos de Santos y Duque, según cifras del Ministerio de Defensa, se erradicaron forzadamente alrededor de 60.000 hectáreas de coca en todo el país, mientras a través de la sustitución voluntaria se arrancó la mitad, es decir, cerca de 30.000 hectáreas. Sin embargo, Naciones Unidas ha documentado una diferencia fundamental: la resiembra con la sustitución voluntaria es del 0,6 %, mientras con la erradicación forzada alcanza el 40 %. Razón por la cual los resultados de la sustitución se ven a largo plazo.

Además, distintos sectores sociales y campesinos siguen resaltando la importancia de que el programa de sustitución se integre, fundamentalmente, con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), plasmados en el Acuerdo de La Habana, para la transformación del campo y que ayuden a que las comunidades dejen de cultivar coca a cambio de alternativas sostenibles.