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Uno de los flagelos que afronta el país tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc sin duda es el homicidio contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. A la fecha, desde el 1° enero de 2016 hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo, han sido asesinados más de 460, entre líderes comunales, defensores del ambiente, sindicalistas y líderes que defienden el pacto de La Habana, cifra que sigue preocupando al Gobierno central.
Por eso, este martes 16 de julio, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación lanzó en 14 regiones simultaneas un plan, principalmente, para reforzar las medidas de seguridad de los líderes del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en todo el territorio nacional. “Para nosotros lo más importante es la vida de los líderes. No ahorraremos esfuerzo alguno para garantizar su seguridad, al igual que la de todos los colombianos”, dijo Emilio Archila, jefe de esta dependencia estatal.
El evento central se realizó en Tumaco (Nariño), el puerto del Pacífico donde han caído más una docena de estos líderes. “Uno de los propósitos básicos es reducir los factores de riesgo sobre nuestros líderes PNIS. Los líderes del programa están en el tercer nivel de homicidios contra líderes en el país. Desde la firma del acuerdo de paz, y es una cifra que nos causa dolor al mencionarla, han sido asesinados 58 líderes PNIS, según cifras de Medicina Legal”, agregó Archila.
De hecho, Tumaco ha sido la ciudad donde más confrontaciones se han registrado por la voluntad de los pobladores de querer sustituir los cultivos de coca por proyectos productivos y la oposición de los grupos ilegales que pretenden perpetuar esta economía. El 17 de octubre de 2017 fue asesinado José Jair Cortés Godoy, el líder del consejo comunitario Alto Mira y Frontera e impulsor de este programa. A las 4 de la tarde, luego de que saliera del hotel El Jardín, en Tumaco, y se dirigiera a la vereda Restrepo, donde quedaba su residencia recibió varios impactos de bala por parte de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.
El crimen se dio en medio de un ambiente caldeado en Tumaco, en octubre de ese año. La Policía y el Ejército habían incrementado su accionar militar en zona rural de ese puerto, con el fin de cumplir la orden de erradicar manualmente los cultivos que crecían. Por esa razón, el 5 de octubre, se registraron choques entre campesinos y uniformados, y en confusos hechos que aún no se esclarecen, murieron siete labriegos. Por estos hechos, el Ejército y la Policía entregaron 70 fusiles a los investigadores de la Fiscalía, pero aún no hay resultados definitivos del caso.
Las medidas que dictó el consejero Archila este martes en Tumaco tienen que ver con la actuación en tiempo real de las autoridades ante las amenazas y atentados contra los líderes. Por eso, habrá rutas de respuesta específica para cada territorio; se priorizarán los casos de amenazas con respaldo de las Fuerzas Armadas, autoridades locales como Alcaldías y Gobernaciones, Unidad de Protección, de Víctimas, Fiscalía y Defensoría del Pueblo; y se dispondrán de mecanismos de baja visibilidad para denunciar y alertar sobre amenazas. Las rutas de denuncia se articularán con el Plan de Acción Oportuna (PAO), creado por el gobierno para proteger a esta población en todo el país.
Por su parte, Johana Arboleda, líder y beneficiaria del programa de sustitución en el Consejo Comunitario Río Rosario de Tumaco, dijo que es responsabilidad del gobierno llevar este tipo de programas a verdaderas ejecuciones y que asuma la responsabilidad de proteger a los líderes que somos los veedores dentro de las comunidades. “Las proyecciones que tenemos es volver a nuestros cultivos lícitos, que ojalá haya un apoyo suficiente del gobierno y que podamos trabajar en colectivo con las diferentes comercializadoras. El éxito de este programa depende de la comercialización y mantenimiento del precio en cada uno de los productos como cacao, pesca y coco, que es lo que estamos sembrando actualmente”.
Entre tanto, ante las dudas de que el gobierno pretenda crear entidades paralelas a las que ya existen por el Acuerdo de Paz de La Habana, el consejero Archila dejó claro que no está sucediendo: “Es oportuno aclarar que no estamos reemplazando a ninguna instancia. Por el contrario, nos ajustamos a disposiciones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a lineamientos del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial de Seguridad, el Plan de Acción Oportuna”.
Esta nueva estrategia para proteger la vida de los líderes sociales en Colombia también incluyó a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sur de Bolívar, Norte de Santander, Meta, Valle, Arauca, Putumayo Cauca, Guaviare y Caquetá. Igualmente, en el lanzamiento, el se verificaron los pagos a más de 7.400 familias que sustituyeron sus cultivos de uso ilícito y con las que el Estado se comprometió para la implementación de cultivos de uso ilícito.