La imposición de la identidad paramilitar en el Magdalena Medio

No es un descubrimiento que el paramilitarismo fue legal en Colombia, ni que en el Magdalena Medio los mismos miembros de la Fuerza Pública y empresarios apoyaron la creación y el financiamiento de los grupos paramilitares que, durante 25 años, mandaron en la región. O que el mismo estado delegó su responsabilidad en los armados. Sin embargo, lo que le siguió sucediendo a la población de Puerto Boyacá (Boyacá), Cimitarra, San Vicente de Chucurí, Simacota El Carmen de Chucurí, y otros municipios, después de 1994, no estaba seriamente documentado. Menos lo estaba el accionar de los paramilitares de San Juan Bosco de La Verde y Chucurí, en Santander, inicialmente una autodefensa campesina sin pretensiones de expansión, que se entrenó con mercenarios extranjeros en Puerto Boyacá.

Estas historias las cuentan los informes El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto Boyacá y El modelo paramilitar de San Juan Bosco de La Verde y Chucurí, que son el cuarto y quinto, respectivamente, de la serie de informes que la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica ha producido en cumplimiento de la Ley 1424, que ordena explicar la historia del paramilitarismo en Colombia. La fuente principal de estos informes son las contribuciones a la verdad de más 13.000 excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia que no cometieron graves violaciones a los derechos humanos, sino delitos como porte ilegal de armas, uso indebido de prendas privativas de la Fuerza Pública y concierto para delinquir, explica la directora técnica de la DAV, Jenny Lopera. “Identificamos que operaron 39 estructuras paramilitares. Aún continuamos en el proceso de acopio de estos testimonios porque conocer estos hechos es una manera de promover acciones en el marco de la no repetición”, dice. Con este ejercicio, los exparas reciben una certificación de aporte a la verdad que pueden usar en procesos judiciales.

Para la construcción de estos informes sobre el Magdalena Medio participaron hombres y mujeres excombatientes, que ayudaron a los investigadores a esclarecer el proceso de formación, expansión y consolidación de las estructuras armadas. Así como el gigantesco daño a la población civil, gran parte en resistencia, con secuelas que parten desde la construcción de una identidad paramilitar en la región hasta la comisión de múltiples masacres y violencia sexual contra mujeres, niñas y población LGBT. Camilo Villamizar, director de estas investigaciones, explica mejor algunas de las verdades que estos documentos contienen.

¿Por qué “el Estado suplantado” en Puerto Boyacá y Santander?

El paramilitarismo fue legal en Colombia entre el año 65 y 89, en el 65 por el decreto 3398 y al siguiente año por la Ley 48 de 1966. Esas dos normas le dieron un marco legal a la figura de las juntas de autodefensa, de los grupos de autodefensa civil, y posteriormente estas ideas fueron retomadas en los manuales de instrucción militar y tiene que ver la adopción del estatuto de Seguridad Nacional en el 78. Y sobre todo por integrantes del Ejército que se vieron inmiscuidos en la creación y acción de estos grupos, especialmente en esta región del Magdalena Medio. Aquí no estamos hablando de la ausencia del Estado, porque es obvio que no la había, si no una precariedad de la presencia de ese régimen político, del Estado materializado en instituciones y que es ese mismo Estado el que delega en unas élites locales y en estos grupos paramilitares el monopolio del uso de la fuerza. Es una suplantación delegada.

(Lea también: Las alianzas de la Fuerza Pública con el Bloque Calima de las AUC)

Los informes dejan claro el involucramiento de los empresarios en el paramilitarismo, desde el momento de la creación de estos grupos.

Sí, lamentablemente fue así nosotros identificamos múltiples figuras, porque antes de la creación de este grupo en Puerto Boyacá, que va a ser comandado por Gonzalo y Henry Pérez, vemos que hay muchas figuras de escopeteros a partir de esa licencia legal que permitían las juntas de autodefensas. Antes de la creación de las Autodefensas de Puerto Boyacá en el 82 ya venían figuras como Ramón Isaza desde Puerto Triunfo en el 77, unas acciones por parte de Enrique Tobón, que empieza a hacer acciones contraguerrilleras, y una serie de nombres de ganaderos de la zona que son parte de los que se reúnen, porque no es solo que los ganaderos hayan sido los creadores, si no que es una red de intereses. Y se menciona que la creación del grupo paramilitar es una reacción a desmanes de las guerrillas, que también tocan a los ganaderos.

Es lo que llaman el “mito fundacional” del grupo paramilitar.

Sí, pero también decimos que hay muchos grupos en la zona que cumplían la función de escopeteros y después van bajo el mando de los Pérez y de Acdegam (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio) y ahí está la responsabilidad de los ganaderos, porque la fachada del paramilitarismo era una asociación de ganaderos en el territorio.

¿Cómo lograron posicionarse políticamente en una zona con fuertes liderazgos de izquierda?

La mayoría de los consejos a finales de los 70 y principios de los 80 tenían una alta representación, primero de la UNO (Unión Nacional de Oposición) y en algunos luego pesa más el Partido Comunista, luego la Unión Patriótica, desde mediados de los 80 en adelante. Entonces el exterminio de lo que llamamos la izquierda democrática, para diferenciarla de las expresiones armadas, empieza en Puerto Boyacá y sus alrededores. Estas personas son asesinadas y desplazadas. Y posteriormente cambia la composición de los concejos municipales y entran a ser controlados por el Partido Liberal en la mayoría de los casos, y en otros por el Partido Conservador, en Antioquia.

(Le puede interesar: La información que falta en el libro entregado por Fedegán para hacer memoria)

Llama la atención el cambio drástico de la narrativa de la región. ¿Cómo pasan de tener un concejo controlado por la izquierda a ser "La capital antisubversiva de Colombia"?

Aquí hay una transformación total del territorio y una construcción de identidad en torno al paramilitarismo. Suena feo, pero en otros lugares el lema del municipio o las consideraciones de identidad son "la capital cafetera", o "la capital musical". Aquí el tema fue un cambio, porque no podemos decir que el lugar siempre tuvo tendencias de ultraderecha, sino que la izquierda fue eliminada, y la identidad empezó a ser creada en torno al tema antisubversivo y paramilitar. Donde se hubiera podido poner "paramilitar" en vez de “antisubversivo”, lo hubieran hecho. Allí empieza un control social por parte de un grupo armado, que se prolonga por casi 25 años. Es una locura. Aquí la gente buscaba al paramilitarismo para que solucionara los problemas, para que les arreglaran un problema que tuviera que ver con las vías o la salud. Ahí cabe mucho lo de la suplantación delegada del Estado. Porque tristemente hay que reconocer que paramilitarismo hizo funciones que el Estado no hacía allá.

Pero hubo resistencias civiles, ¿cuáles?

El control no es un tema generalizado, porque incluso grupos como el Moir pudieron poner un alcalde mientras el grupo paramilitar estaba operando. Y también había gran parte de la población que siempre estuvo en contra y rechazó al grupo. En Puerto Boyacá no de manera organizada, pero sí individual y les costó la vida. También está la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), que desde mediados de los 80 había venido resistiendo a este grupo y a la presencia de las Farc.

(Lea: Los acuerdos para sobrevivir a la guerra en el Carare)

En ambos informes mencionan estrategia de posicionamiento de los grupos que tienen que ver con el terror. ¿Cuáles fueron esas acciones?

Es claro que ese grupo de Henry y Gonzalo Pérez entró con técnicas de terror y arrasamiento. Las fuentes secundarias que consultamos identifican más de 25 masacres con 78 víctimas en el Magdalena Medio solo entre 1982 y 1983, o sea, en la etapa en la que se crea el grupo y extermina a la izquierda y en cierta medida marginaliza la presencia de las Farc en esta zona, que la ejercía el frente cuarto y luego el frente 11. Y en la época del 82 al 91 la Fiscalía registra por lo menos 78 masacres que se dan en Antioquia, Caquetá, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander. Puede que no haya sido el grupo el directamente responsable, pero ahí digamos que tenía personas adscrito en esos territorios, o fue realizado con el apoyo.

Pero además está el entrenamiento que hizo en Puerto Boyacá el grupo de San Juan Bosco de La Verde.

Lo interesante es que estas masacres que hacen parte de la historia nacional, la de los comerciantes, La Rochela, los líderes de la ATCC, se producen con técnicas de entrenamientos en los que participaron mercenarios israelíes y posteriormente británicos y australianos. Parece que esa estrategia fue resultado de esos entrenamientos y la tecnificación de la guerra. Ahí entra el grupo de San Juan Bosco de La Verde, que había operado como una autodefensa local, que hacía presencia en zona rural, y que no tenía pretensiones de expansión. 11 de sus hombres van y se entrenan en Puerto Boyacá, realmente en zonas de Bolívar y Cimitarra y de ahí regresan con los primeros fusiles, porque hasta entonces habían operado con escopetas. En esos primeros años hay unas cuantas masacres no muy claras, pero al regreso de estos paramilitares entrenados empiezan las masacres en la zona, como la vereda Los Olivos, en El Carmen de Chucurí, donde asesinan más de 11 personas y otra en la que muere el Alcalde de Sabana de Torres, que era de la UP, Álvaro Garcés. 

(Lea también: Por la memoria de las “maricas” de Puerto Boyacá)

Se ha documentado que los hombres de “Botalón” cometieron violencia sexual contra mujeres y población LGBT. ¿Qué encontraron ustedes?

El informe Ser marica en medio del conflicto armado da cuenta de los hechos contra la población LGBT y nosotros lo dejamos enunciado. Sin embargo, encontramos otros hechos que no llegan al homicidio o al desplazamiento, pero son de control. Como que los hombres no pudieran tener aretes o el pelo largo. Muy poco nos hablaron sobre estos temas, pero eso no quiere decir que no se cometieran, sino que es un tema vedado entre los paramilitares. Una de nuestras ideas centrales es que el discurso paramilitar tenía mucho de doble o triple moral. Prohibían la violencia sexual y la castigaban con la muerte, pero la cometían. Muchas personas fueron asesinadas, desaparecidas, desplazadas, pero también hay otro número de hechos como amenazas verbales, lesiones personales, temas como colgarles letreros a las mujeres y ponerlas a hacer algún tipo de labor, como parte de los castigos. Y en el caso del informe de San Juan y de Chucurí también hay unos casos aberrantes. En el frente Ramón Danilo por sentencia quedaron documentados hechos de violencia sexual a mujeres de todas las edades, desde una niña de 9 años que fue violada y asesinada en Zapatoca, hasta dos mujeres adultas mayores violadas en El Carmen de Chucurí. Entonces esto habla de que era una conducta sistemática, se puede decir.

¿Pero entonces sí contaron algo?

La mayoría de las personas que hablaron de esto son mujeres excombatientes. Ellos no conciben la violencia sexual como tal. Creen que sus esposas y cualquier mujer que les gustara en el lugar eran de su propiedad y podían hacer con ellas lo que quisieran. Y otro caso muy grave es sobre alias Nicolás, el comandante del Frente Isidro Carreño. Ahí tenemos el testimonio de una mujer que fue secuestrada a los 13 años y fue esclavizada sexualmente durante tres o cuatro años y después obligada a hacer parte del grupo paramilitar. Y también desde el testimonio de estos desmovilizados cuentan por ejemplo subastas en reinados de belleza con mujeres menores de edad, propiciados por este tipo Nicolás.

Hay un caso que no está en el informe porque no están en las sentencias, pero hay una denuncia de una persona que dice que va a hacer un trabajo en Puerto Boyacá, se toma unos tragos él solo en el hotel y es secuestrado, retenido a un lugar que se llama Trasmisores, que funcionaba como centro de comunicaciones, lugar de detención, ejecución, tortura y desaparición forzada. Este es un lugar alto que da hacia el río y de ahí los bajaban y los arrojaban al Magdalena. Y esta persona refiere que fue violado. Además, cuando presentamos el informe de San Juan en Bucaramanga, una de nuestras invitadas, Yolanda Díaz, la primera mujer trans que cambió su cédula en San Vicente de Chucurí y es la líder de la asociación LGBT, contó algo que nunca contó en la investigación, que es que ella fue violada junto a un grupo de hombres, por guerrilleros del Eln. Fue desplazada varias veces de San Vicente, por parte de guerrilla y paramilitares, perdió a dos hermanos por la guerra. La magnitud del daño individual y colectivo es muy amplia.

¿Qué son las llamadas zonas grises? ¿Por qué hay una imposibilidad de poner un límite entre victimarios y víctimas?

Los que fueron grandes perpetradores dicen que fueron víctimas o que se unieron al grupo después de victimizaciones por parte de las Farc. Y hay casos increíbles, que parecen sacados de ciencia ficción, de gente que creyó que era la guerrilla la que había realizado el homicidio de su familiar, ingresa a los paramilitares y una vez en el grupo se dan cuenta de que fueron los paramilitares. U otras que se meten al grupo sabiendo que su familiar había sido asesinado por el grupo, buscando venganza. O personas que aun cuando fueron víctimas del grupo se meten a él porque no había mayor alternativa económica en la zona. Esto tiene que ponernos a pensar. De una muestra de más de 9.000 excombatientes, un 50% se considera víctima, ellos o sus familiares antes de ingresar a las estructuras armadas. Eso nos tiene que hacer un llamado como sociedad.

No es un descubrimiento que el paramilitarismo fue legal en Colombia, ni que en el Magdalena Medio los mismos miembros de la Fuerza Pública y empresarios apoyaron la creación y el financiamiento de los grupos paramilitares que, durante 25 años, mandaron en la región. O que el mismo estado delegó su responsabilidad en los armados. Sin embargo, lo que le siguió sucediendo a la población de Puerto Boyacá (Boyacá), Cimitarra, San Vicente de Chucurí, Simacota El Carmen de Chucurí, y otros municipios, después de 1994, no estaba seriamente documentado. Menos lo estaba el accionar de los paramilitares de San Juan Bosco de La Verde y Chucurí, en Santander, inicialmente una autodefensa campesina sin pretensiones de expansión, que se entrenó con mercenarios extranjeros en Puerto Boyacá.

Estas historias las cuentan los informes El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto Boyacá y El modelo paramilitar de San Juan Bosco de La Verde y Chucurí, que son el cuarto y quinto, respectivamente, de la serie de informes que la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica ha producido en cumplimiento de la Ley 1424, que ordena explicar la historia del paramilitarismo en Colombia. La fuente principal de estos informes son las contribuciones a la verdad de más 13.000 excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia que no cometieron graves violaciones a los derechos humanos, sino delitos como porte ilegal de armas, uso indebido de prendas privativas de la Fuerza Pública y concierto para delinquir, explica la directora técnica de la DAV, Jenny Lopera. “Identificamos que operaron 39 estructuras paramilitares. Aún continuamos en el proceso de acopio de estos testimonios porque conocer estos hechos es una manera de promover acciones en el marco de la no repetición”, dice. Con este ejercicio, los exparas reciben una certificación de aporte a la verdad que pueden usar en procesos judiciales.

Para la construcción de estos informes sobre el Magdalena Medio participaron hombres y mujeres excombatientes, que ayudaron a los investigadores a esclarecer el proceso de formación, expansión y consolidación de las estructuras armadas. Así como el gigantesco daño a la población civil, gran parte en resistencia, con secuelas que parten desde la construcción de una identidad paramilitar en la región hasta la comisión de múltiples masacres y violencia sexual contra mujeres, niñas y población LGBT. Camilo Villamizar, director de estas investigaciones, explica mejor algunas de las verdades que estos documentos contienen.

¿Por qué “el Estado suplantado” en Puerto Boyacá y Santander?

El paramilitarismo fue legal en Colombia entre el año 65 y 89, en el 65 por el decreto 3398 y al siguiente año por la Ley 48 de 1966. Esas dos normas le dieron un marco legal a la figura de las juntas de autodefensa, de los grupos de autodefensa civil, y posteriormente estas ideas fueron retomadas en los manuales de instrucción militar y tiene que ver la adopción del estatuto de Seguridad Nacional en el 78. Y sobre todo por integrantes del Ejército que se vieron inmiscuidos en la creación y acción de estos grupos, especialmente en esta región del Magdalena Medio. Aquí no estamos hablando de la ausencia del Estado, porque es obvio que no la había, si no una precariedad de la presencia de ese régimen político, del Estado materializado en instituciones y que es ese mismo Estado el que delega en unas élites locales y en estos grupos paramilitares el monopolio del uso de la fuerza. Es una suplantación delegada.

(Lea también: Las alianzas de la Fuerza Pública con el Bloque Calima de las AUC)

Los informes dejan claro el involucramiento de los empresarios en el paramilitarismo, desde el momento de la creación de estos grupos.

Sí, lamentablemente fue así nosotros identificamos múltiples figuras, porque antes de la creación de este grupo en Puerto Boyacá, que va a ser comandado por Gonzalo y Henry Pérez, vemos que hay muchas figuras de escopeteros a partir de esa licencia legal que permitían las juntas de autodefensas. Antes de la creación de las Autodefensas de Puerto Boyacá en el 82 ya venían figuras como Ramón Isaza desde Puerto Triunfo en el 77, unas acciones por parte de Enrique Tobón, que empieza a hacer acciones contraguerrilleras, y una serie de nombres de ganaderos de la zona que son parte de los que se reúnen, porque no es solo que los ganaderos hayan sido los creadores, si no que es una red de intereses. Y se menciona que la creación del grupo paramilitar es una reacción a desmanes de las guerrillas, que también tocan a los ganaderos.

Es lo que llaman el “mito fundacional” del grupo paramilitar.

Sí, pero también decimos que hay muchos grupos en la zona que cumplían la función de escopeteros y después van bajo el mando de los Pérez y de Acdegam (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio) y ahí está la responsabilidad de los ganaderos, porque la fachada del paramilitarismo era una asociación de ganaderos en el territorio.

¿Cómo lograron posicionarse políticamente en una zona con fuertes liderazgos de izquierda?

La mayoría de los consejos a finales de los 70 y principios de los 80 tenían una alta representación, primero de la UNO (Unión Nacional de Oposición) y en algunos luego pesa más el Partido Comunista, luego la Unión Patriótica, desde mediados de los 80 en adelante. Entonces el exterminio de lo que llamamos la izquierda democrática, para diferenciarla de las expresiones armadas, empieza en Puerto Boyacá y sus alrededores. Estas personas son asesinadas y desplazadas. Y posteriormente cambia la composición de los concejos municipales y entran a ser controlados por el Partido Liberal en la mayoría de los casos, y en otros por el Partido Conservador, en Antioquia.

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Llama la atención el cambio drástico de la narrativa de la región. ¿Cómo pasan de tener un concejo controlado por la izquierda a ser "La capital antisubversiva de Colombia"?

Aquí hay una transformación total del territorio y una construcción de identidad en torno al paramilitarismo. Suena feo, pero en otros lugares el lema del municipio o las consideraciones de identidad son "la capital cafetera", o "la capital musical". Aquí el tema fue un cambio, porque no podemos decir que el lugar siempre tuvo tendencias de ultraderecha, sino que la izquierda fue eliminada, y la identidad empezó a ser creada en torno al tema antisubversivo y paramilitar. Donde se hubiera podido poner "paramilitar" en vez de “antisubversivo”, lo hubieran hecho. Allí empieza un control social por parte de un grupo armado, que se prolonga por casi 25 años. Es una locura. Aquí la gente buscaba al paramilitarismo para que solucionara los problemas, para que les arreglaran un problema que tuviera que ver con las vías o la salud. Ahí cabe mucho lo de la suplantación delegada del Estado. Porque tristemente hay que reconocer que paramilitarismo hizo funciones que el Estado no hacía allá.

Pero hubo resistencias civiles, ¿cuáles?

El control no es un tema generalizado, porque incluso grupos como el Moir pudieron poner un alcalde mientras el grupo paramilitar estaba operando. Y también había gran parte de la población que siempre estuvo en contra y rechazó al grupo. En Puerto Boyacá no de manera organizada, pero sí individual y les costó la vida. También está la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), que desde mediados de los 80 había venido resistiendo a este grupo y a la presencia de las Farc.

(Lea: Los acuerdos para sobrevivir a la guerra en el Carare)

En ambos informes mencionan estrategia de posicionamiento de los grupos que tienen que ver con el terror. ¿Cuáles fueron esas acciones?

Es claro que ese grupo de Henry y Gonzalo Pérez entró con técnicas de terror y arrasamiento. Las fuentes secundarias que consultamos identifican más de 25 masacres con 78 víctimas en el Magdalena Medio solo entre 1982 y 1983, o sea, en la etapa en la que se crea el grupo y extermina a la izquierda y en cierta medida marginaliza la presencia de las Farc en esta zona, que la ejercía el frente cuarto y luego el frente 11. Y en la época del 82 al 91 la Fiscalía registra por lo menos 78 masacres que se dan en Antioquia, Caquetá, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander. Puede que no haya sido el grupo el directamente responsable, pero ahí digamos que tenía personas adscrito en esos territorios, o fue realizado con el apoyo.

Pero además está el entrenamiento que hizo en Puerto Boyacá el grupo de San Juan Bosco de La Verde.

Lo interesante es que estas masacres que hacen parte de la historia nacional, la de los comerciantes, La Rochela, los líderes de la ATCC, se producen con técnicas de entrenamientos en los que participaron mercenarios israelíes y posteriormente británicos y australianos. Parece que esa estrategia fue resultado de esos entrenamientos y la tecnificación de la guerra. Ahí entra el grupo de San Juan Bosco de La Verde, que había operado como una autodefensa local, que hacía presencia en zona rural, y que no tenía pretensiones de expansión. 11 de sus hombres van y se entrenan en Puerto Boyacá, realmente en zonas de Bolívar y Cimitarra y de ahí regresan con los primeros fusiles, porque hasta entonces habían operado con escopetas. En esos primeros años hay unas cuantas masacres no muy claras, pero al regreso de estos paramilitares entrenados empiezan las masacres en la zona, como la vereda Los Olivos, en El Carmen de Chucurí, donde asesinan más de 11 personas y otra en la que muere el Alcalde de Sabana de Torres, que era de la UP, Álvaro Garcés. 

(Lea también: Por la memoria de las “maricas” de Puerto Boyacá)

Se ha documentado que los hombres de “Botalón” cometieron violencia sexual contra mujeres y población LGBT. ¿Qué encontraron ustedes?

El informe Ser marica en medio del conflicto armado da cuenta de los hechos contra la población LGBT y nosotros lo dejamos enunciado. Sin embargo, encontramos otros hechos que no llegan al homicidio o al desplazamiento, pero son de control. Como que los hombres no pudieran tener aretes o el pelo largo. Muy poco nos hablaron sobre estos temas, pero eso no quiere decir que no se cometieran, sino que es un tema vedado entre los paramilitares. Una de nuestras ideas centrales es que el discurso paramilitar tenía mucho de doble o triple moral. Prohibían la violencia sexual y la castigaban con la muerte, pero la cometían. Muchas personas fueron asesinadas, desaparecidas, desplazadas, pero también hay otro número de hechos como amenazas verbales, lesiones personales, temas como colgarles letreros a las mujeres y ponerlas a hacer algún tipo de labor, como parte de los castigos. Y en el caso del informe de San Juan y de Chucurí también hay unos casos aberrantes. En el frente Ramón Danilo por sentencia quedaron documentados hechos de violencia sexual a mujeres de todas las edades, desde una niña de 9 años que fue violada y asesinada en Zapatoca, hasta dos mujeres adultas mayores violadas en El Carmen de Chucurí. Entonces esto habla de que era una conducta sistemática, se puede decir.

¿Pero entonces sí contaron algo?

La mayoría de las personas que hablaron de esto son mujeres excombatientes. Ellos no conciben la violencia sexual como tal. Creen que sus esposas y cualquier mujer que les gustara en el lugar eran de su propiedad y podían hacer con ellas lo que quisieran. Y otro caso muy grave es sobre alias Nicolás, el comandante del Frente Isidro Carreño. Ahí tenemos el testimonio de una mujer que fue secuestrada a los 13 años y fue esclavizada sexualmente durante tres o cuatro años y después obligada a hacer parte del grupo paramilitar. Y también desde el testimonio de estos desmovilizados cuentan por ejemplo subastas en reinados de belleza con mujeres menores de edad, propiciados por este tipo Nicolás.

Hay un caso que no está en el informe porque no están en las sentencias, pero hay una denuncia de una persona que dice que va a hacer un trabajo en Puerto Boyacá, se toma unos tragos él solo en el hotel y es secuestrado, retenido a un lugar que se llama Trasmisores, que funcionaba como centro de comunicaciones, lugar de detención, ejecución, tortura y desaparición forzada. Este es un lugar alto que da hacia el río y de ahí los bajaban y los arrojaban al Magdalena. Y esta persona refiere que fue violado. Además, cuando presentamos el informe de San Juan en Bucaramanga, una de nuestras invitadas, Yolanda Díaz, la primera mujer trans que cambió su cédula en San Vicente de Chucurí y es la líder de la asociación LGBT, contó algo que nunca contó en la investigación, que es que ella fue violada junto a un grupo de hombres, por guerrilleros del Eln. Fue desplazada varias veces de San Vicente, por parte de guerrilla y paramilitares, perdió a dos hermanos por la guerra. La magnitud del daño individual y colectivo es muy amplia.

¿Qué son las llamadas zonas grises? ¿Por qué hay una imposibilidad de poner un límite entre victimarios y víctimas?

Los que fueron grandes perpetradores dicen que fueron víctimas o que se unieron al grupo después de victimizaciones por parte de las Farc. Y hay casos increíbles, que parecen sacados de ciencia ficción, de gente que creyó que era la guerrilla la que había realizado el homicidio de su familiar, ingresa a los paramilitares y una vez en el grupo se dan cuenta de que fueron los paramilitares. U otras que se meten al grupo sabiendo que su familiar había sido asesinado por el grupo, buscando venganza. O personas que aun cuando fueron víctimas del grupo se meten a él porque no había mayor alternativa económica en la zona. Esto tiene que ponernos a pensar. De una muestra de más de 9.000 excombatientes, un 50% se considera víctima, ellos o sus familiares antes de ingresar a las estructuras armadas. Eso nos tiene que hacer un llamado como sociedad.