Leonor Zalabata: una lideresa que conserva la memoria de la lucha arhuaca

Sin armas, Leonor Zalabata les ha hecho exigencias a varios de los poderes que han regido en Colombia. Al Estado le ha pedido que garantice la autonomía de los pueblos indígenas, mientras a los grupos armados les ha exigido respeto por su territorio y por la vida de los arhuacos que están asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por esa resistencia en la defensa de los derechos humanos recibió anoche el Premio Franco-Alemán Antonio Nariño.

El liderazgo de Zalabata empezó de la mano de varias personas que durante décadas se dedicaron a defender los derechos de su comunidad. Uno de ellos fue Luis Napoleón Torres, un destacado líder arhuaco en la década de los 80. Él delegó a Zalabata para que acompañara a Lorenzo Muelas en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Tan solo unos días después de tomar esa decisión, Torres fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado en Bosconia (Cesar). A pesar de ese golpe, la lideresa siguió apoyando a Muelas en medio de la Constituyente. “Esa delegación me enseñó mucho para seguir luchando por la implementación de los derechos”, reconoce tras casi 28 años de hacer parte de esa labor.

Pero los pueblos indígenas han padecido históricamente la brecha entre lo que es ley y está escrito y lo que el Estado cumple. La Constitución de 1991 no fue la excepción. Zalabata cuenta que en 1996, cinco años después de haberse expedido la Carta Magna, no se habían desarrollado las normas para proteger los derechos de los aborígenes. Además, en ese lustro las comunidades ancestrales contaban 246 asesinatos en contra de sus integrantes. Ante ese panorama decidieron actuar. En julio de 1996 llegaron a Bogotá representantes de 80 pueblos y se tomaron la Conferencia Episcopal; exigían que se cumplieran los derechos. “El diálogo del Estado con los pueblos indígenas se instala en Colombia en 1996”, enfatizó Zalabata. Luego de esa protesta, que duró más de un mes, se crearon varias instancias como la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.

También lea: Una puerta de atención a los desplazados de Aguablanca

A Zalabata también le tocó dialogar con otros poderes que se establecieron en la Sierra Nevada de Santa Marta: los actores armados irregulares. Cuando el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc instalaron una mesa de negociación en San Vicente del Caguán, entre 1999 y 2002, la lideresa vio una oportunidad de acercarse a ese grupo guerrillero que también hacía presencia en su territorio, para expresarle algunas inquietudes. Fue hasta la zona de distensión y se reunió con varios comandantes de la insurgencia, a quienes les pidió que no involucraran a los arhuacos en el conflicto armado y dejaran de reclutar a personas en sus comunidades. El diálogo surtió efecto.

Pero la guerra en la Sierra Nevada persistió. Ya se había roto el proceso de negociación del Caguán y Álvaro Uribe estaba en su primer mandato como presidente. Para esa época, el jefe de Estado enfatizaba que ningún miembro de la sociedad civil podía entablar conversaciones con actores armados sin estar autorizados por el Gobierno. Sin embargo, la situación en la Sierra Nevada era compleja y los líderes buscaban aliviar los impactos humanitarios que padecían las comunidades indígenas. “Estar en Bogotá en un escritorio dando órdenes debe ser más tranquilo que estar en el campo todos los días poniéndoles la piel a los actores armados”, opinó Zalabata sobre la advertencia que hacía entonces el primer mandatario.

Los líderes arhuacos, varios de los cuales habían sido declarados objetivo militar por parte de las Farc, decidieron volver a entablar diálogos con los guerrilleros. Para eso los citaron en una comunidad y adelantaron una reunión que duró unos cuatro días. Llegaron varios comandantes de la guerrilla en la zona y los líderes indígenas les exigieron respeto por sus vidas. “Les pedimos que no mancharan el territorio de sangre, porque para nosotros es sagrado, y que se retiraran”, recordó Zalabata. Aunque en ese momento los mandos no aceptaron explícitamente el pedido, a los pocos días empezaron a retirarse de la zona. “En ese momento hubo una señal de respeto con los que estábamos ahí”, rememoró la lideresa sobre la decisión que tomó la guerrilla. Luego, los indígenas tuvieron que interlocutar también con el Ejército y los paramilitares para que respetaran su autoridad sobre una región que han habitado por siglos. “Son actos de participación, de cultura y de espiritualidad los que permiten resolver un conflicto armado”, resaltó.

Hoy, la Sierra sigue siendo escenario de violencia armada. Una muestra de eso es que los Pachencas, un grupo paramilitar, operan en la zona. Sin embargo, Zalabata enfatizó que la violencia no solo es armada, “también es política, económica y cultural”. Por eso persiste en la lucha para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Su sueño es que se les respete a las etnias ancestrales su derecho a gobernar el territorio, que esa autoridad sea respetada y que su lucha por proteger el planeta sea reconocida. Aseguró que eso será indispensable para un mundo cuyo reto más grande es la preservación de la vida ante una amenaza como el calentamiento global. Insiste en que el Estado debe cumplir íntegramente las acciones que ha ordenado la Corte Constitucional para que los pueblos indígenas no sean víctimas de exterminio físico y cultural.

Respecto al premio, aseguró que ese logro no le pertenece solamente a ella. “Significa el reconocimiento a todos los líderes, a todos los pueblos indígenas, a quienes pensamos en un país justo. Para mí es una señal que nos indica a nosotros que lo que hacemos y practicamos es el camino, no hay otro”, exaltó.

También lea: Un reconocimiento a la defensa de la tierra campesina

Otros reconocimientos

Las embajadas de Francia y Alemania en Colombia dieron menciones de honor a dos organizaciones que trabajan por los derechos humanos: el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol).

La primera organización ha sido noticia en los últimos días debido a su apoyo al paro nacional. Decenas de integrantes del CRIC llegaron a Bogotá para unirse a las masivas movilizaciones que se han vivido en estos días en la ciudad. Incluso, los comuneros le ofrecieron al alcalde Enrique Peñalosa acompañar la marcha el 4 de diciembre a cambio de que el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no fuera desplegado en las calles de la capital.

El trabajo de la Guardia Indígena en el norte del Cauca también ha sido fundamental para la defensa de la vida y de los territorios indígenas. Por ejemplo, han hecho varias acciones en contra del narcotráfico en esa región. Esa decisión de ejercer control territorial ha puesto a los comuneros en la mira de los delincuentes. Por eso han sido víctimas de reiterados asesinatos selectivos durante el 2019.

Por su parte, Fasol apoya la labor de los jueces en Colombia bajo el argumento de que la justicia es indispensable para que haya paz. Uno de los logros más recientes de esa organización fue haber presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe en el que documentaron la masacre de Usme contra siete funcionarios judiciales, ejecutada por las Farc en Bogotá. A la entrega del documento asistió el excomandante de las milicias urbanas en la capital Carlos Antonio Losada, quien pidió perdón a los familiares de las personas asesinadas.

El premio exaltó la memoria de la lucha indígena, los esfuerzos de los pueblos ancestrales del Cauca por mantener el control de su territorio y la lucha por la verdad y la justicia que el país está buscando desde hace décadas.

Sin armas, Leonor Zalabata les ha hecho exigencias a varios de los poderes que han regido en Colombia. Al Estado le ha pedido que garantice la autonomía de los pueblos indígenas, mientras a los grupos armados les ha exigido respeto por su territorio y por la vida de los arhuacos que están asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por esa resistencia en la defensa de los derechos humanos recibió anoche el Premio Franco-Alemán Antonio Nariño.

El liderazgo de Zalabata empezó de la mano de varias personas que durante décadas se dedicaron a defender los derechos de su comunidad. Uno de ellos fue Luis Napoleón Torres, un destacado líder arhuaco en la década de los 80. Él delegó a Zalabata para que acompañara a Lorenzo Muelas en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Tan solo unos días después de tomar esa decisión, Torres fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado en Bosconia (Cesar). A pesar de ese golpe, la lideresa siguió apoyando a Muelas en medio de la Constituyente. “Esa delegación me enseñó mucho para seguir luchando por la implementación de los derechos”, reconoce tras casi 28 años de hacer parte de esa labor.

Pero los pueblos indígenas han padecido históricamente la brecha entre lo que es ley y está escrito y lo que el Estado cumple. La Constitución de 1991 no fue la excepción. Zalabata cuenta que en 1996, cinco años después de haberse expedido la Carta Magna, no se habían desarrollado las normas para proteger los derechos de los aborígenes. Además, en ese lustro las comunidades ancestrales contaban 246 asesinatos en contra de sus integrantes. Ante ese panorama decidieron actuar. En julio de 1996 llegaron a Bogotá representantes de 80 pueblos y se tomaron la Conferencia Episcopal; exigían que se cumplieran los derechos. “El diálogo del Estado con los pueblos indígenas se instala en Colombia en 1996”, enfatizó Zalabata. Luego de esa protesta, que duró más de un mes, se crearon varias instancias como la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.

También lea: Una puerta de atención a los desplazados de Aguablanca

A Zalabata también le tocó dialogar con otros poderes que se establecieron en la Sierra Nevada de Santa Marta: los actores armados irregulares. Cuando el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc instalaron una mesa de negociación en San Vicente del Caguán, entre 1999 y 2002, la lideresa vio una oportunidad de acercarse a ese grupo guerrillero que también hacía presencia en su territorio, para expresarle algunas inquietudes. Fue hasta la zona de distensión y se reunió con varios comandantes de la insurgencia, a quienes les pidió que no involucraran a los arhuacos en el conflicto armado y dejaran de reclutar a personas en sus comunidades. El diálogo surtió efecto.

Pero la guerra en la Sierra Nevada persistió. Ya se había roto el proceso de negociación del Caguán y Álvaro Uribe estaba en su primer mandato como presidente. Para esa época, el jefe de Estado enfatizaba que ningún miembro de la sociedad civil podía entablar conversaciones con actores armados sin estar autorizados por el Gobierno. Sin embargo, la situación en la Sierra Nevada era compleja y los líderes buscaban aliviar los impactos humanitarios que padecían las comunidades indígenas. “Estar en Bogotá en un escritorio dando órdenes debe ser más tranquilo que estar en el campo todos los días poniéndoles la piel a los actores armados”, opinó Zalabata sobre la advertencia que hacía entonces el primer mandatario.

Los líderes arhuacos, varios de los cuales habían sido declarados objetivo militar por parte de las Farc, decidieron volver a entablar diálogos con los guerrilleros. Para eso los citaron en una comunidad y adelantaron una reunión que duró unos cuatro días. Llegaron varios comandantes de la guerrilla en la zona y los líderes indígenas les exigieron respeto por sus vidas. “Les pedimos que no mancharan el territorio de sangre, porque para nosotros es sagrado, y que se retiraran”, recordó Zalabata. Aunque en ese momento los mandos no aceptaron explícitamente el pedido, a los pocos días empezaron a retirarse de la zona. “En ese momento hubo una señal de respeto con los que estábamos ahí”, rememoró la lideresa sobre la decisión que tomó la guerrilla. Luego, los indígenas tuvieron que interlocutar también con el Ejército y los paramilitares para que respetaran su autoridad sobre una región que han habitado por siglos. “Son actos de participación, de cultura y de espiritualidad los que permiten resolver un conflicto armado”, resaltó.

Hoy, la Sierra sigue siendo escenario de violencia armada. Una muestra de eso es que los Pachencas, un grupo paramilitar, operan en la zona. Sin embargo, Zalabata enfatizó que la violencia no solo es armada, “también es política, económica y cultural”. Por eso persiste en la lucha para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Su sueño es que se les respete a las etnias ancestrales su derecho a gobernar el territorio, que esa autoridad sea respetada y que su lucha por proteger el planeta sea reconocida. Aseguró que eso será indispensable para un mundo cuyo reto más grande es la preservación de la vida ante una amenaza como el calentamiento global. Insiste en que el Estado debe cumplir íntegramente las acciones que ha ordenado la Corte Constitucional para que los pueblos indígenas no sean víctimas de exterminio físico y cultural.

Respecto al premio, aseguró que ese logro no le pertenece solamente a ella. “Significa el reconocimiento a todos los líderes, a todos los pueblos indígenas, a quienes pensamos en un país justo. Para mí es una señal que nos indica a nosotros que lo que hacemos y practicamos es el camino, no hay otro”, exaltó.

También lea: Un reconocimiento a la defensa de la tierra campesina

Otros reconocimientos

Las embajadas de Francia y Alemania en Colombia dieron menciones de honor a dos organizaciones que trabajan por los derechos humanos: el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol).

La primera organización ha sido noticia en los últimos días debido a su apoyo al paro nacional. Decenas de integrantes del CRIC llegaron a Bogotá para unirse a las masivas movilizaciones que se han vivido en estos días en la ciudad. Incluso, los comuneros le ofrecieron al alcalde Enrique Peñalosa acompañar la marcha el 4 de diciembre a cambio de que el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no fuera desplegado en las calles de la capital.

El trabajo de la Guardia Indígena en el norte del Cauca también ha sido fundamental para la defensa de la vida y de los territorios indígenas. Por ejemplo, han hecho varias acciones en contra del narcotráfico en esa región. Esa decisión de ejercer control territorial ha puesto a los comuneros en la mira de los delincuentes. Por eso han sido víctimas de reiterados asesinatos selectivos durante el 2019.

Por su parte, Fasol apoya la labor de los jueces en Colombia bajo el argumento de que la justicia es indispensable para que haya paz. Uno de los logros más recientes de esa organización fue haber presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe en el que documentaron la masacre de Usme contra siete funcionarios judiciales, ejecutada por las Farc en Bogotá. A la entrega del documento asistió el excomandante de las milicias urbanas en la capital Carlos Antonio Losada, quien pidió perdón a los familiares de las personas asesinadas.

El premio exaltó la memoria de la lucha indígena, los esfuerzos de los pueblos ancestrales del Cauca por mantener el control de su territorio y la lucha por la verdad y la justicia que el país está buscando desde hace décadas.