ONU pide a gobierno implementar todos los puntos del acuerdo de paz

Esta noche, el Secretario General de Naciones Unidas dio a conocer el más reciente informe de la Misión de Verificación del Acuerdo Final, justo cuando se cumplen dos años de la dejación de armas de más de 13.000 integrantes de la antigua guerrilla de las Farc. El informe resalta que “es de suma importancia seguir enfatizando que la inmensa mayoría de los excombatientes siguen participando en el proceso de paz y desarrollando esfuerzos productivos en colaboración con las comunidades locales, realizando estudios académicos, participando en la política local, creando y buscando oportunidades para sus familias y contribuyendo a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición".

Lo hace porque una de sus primeras referencias en el documento de 19 páginas es al video que divulgaron el exjefe negociador de las Farc, Iván Márquez, junto a un puñado de mandos medios, en el que anunciaban su rearme. El secretario destacó la forma unánime en que diversos sectores sociales y políticos del país, incluido el nuevo partido Farc, rechazaron esa determinación de un grupo de excombatientes. Y resaltó que la Misión y el Gobierno han hecho tareas para evitar que más miembros de la exguerrilla acudan al llamado de los desertores y vuelvan a las armas. 

Por otro lado, el Secretario General también felicitó al Gobierno por lo que llamó "manejo responsable de la transición de los ETCR, y a la FARC por su papel constructivo". Resaltó que es importante que se sigan efectuando visitas conjuntas del Gobierno, la FARC y la Misión a otros antiguos ETCR y a las nuevas áreas. "Ese proceso conjunto debería servir de ejemplo para superar, mediante el diálogo, los obstáculos en la implementación", dice el documento, al tiempo que invita a las partes a continúen con el espíritu de colaboración para que se atienda de manera conjunta el proceso de estabilización.

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Por otro lado, los llamados de atención a las partes llegan por varios temas. El primero es a la necesidad de buscar salidas consesuadas a los escollos que se presentan en la implementación del acuerdo. "Sobre recientes declaraciones del Gobierno y de FARC acerca de la falta de cumplimiento pleno de ambas partes de los compromisos contenidos en el Acuerdo Final de Paz, el Secretario General hace un llamado para utilizar la Comisión para el Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para resolver controversias y superar los desafíos de implementación". 

Dicho espacio debe ser utilizado, subraya el informe, tanto porque el gobierno ha dicho que FARC no ha entregado la información completa sobre campos de minas y que no ha entregado todos sus activos que consiguieron en la guerra. Mientras tanto, delegados de FARC, resalta el informe, han mencionado que el Gobierno debe hacer más para garantizar que no sigan asesinando excombatientes y no centrarse netamente la reincorporación olvidando implementar otros puntos integrales del Acuerdo de Paz. "Sigo sumamente preocupado por el elevado número de asesinatos de exmiembros de las FARC-EP. Durante el período sobre el que se informa, la Misión verificó 24 homicidios, con lo que el número total de asesinatos en 2019 asciende a 52. Al ritmo actual, el número de asesinatos en 2019 superará los 64 asesinatos reportados en 2018. Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado 147 homicidios, 12 desapariciones y 21 tentativas de homicidio".

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Otro de los escollos que están pendiente por resolverse, por ejemplo, dice el informe, son las limitaciones presupuestarias de la subdirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que proporciona los esquemas de protección para los excombatientes. "Los recientes desacuerdos entre el Gobierno y FARC sobre el funcionamiento del programa de esquemas de protección están socavando su capacidad. Según la subdirección de la UNP, al 31 de agosto un tercio de los esquemas de protección estaban incompletos y se necesitaban 100 escoltas para completarlos. No deberían escatimarse esfuerzos para asignar recursos a la Subdirección, y el Gobierno y FARC deberían resolver los problemas de manera constructiva a fin de garantizar la seguridad de los excombatientes".

Frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el informe señala lo que ha desarrollado la JEP en este primer año del presidente Iván Duque, como, por ejemplo, los incidentes de incumplimiento contra excombatientes que anunciaron su rearme y que fueron expulsados de la justicia transicional. Sin embargo, hace principal énfasis en las tareas adelantadas por la Comisión de la Verdad que ha recibido 940 testimonios de personas y comunidades.

“Durante el período sobre el que se informa, la Comisión celebró un encuentro regional sobre la violencia sexual, otro sobre las personas dadas por desaparecidas y tres sobre la situación de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Igualmente, recibió un informe en el que se documentan más de 100 casos de violencia sexual cometidos por grupos armados ilegales entre 1985 y 2006. Por otro lado, la Comisión ya ha inaugurado 22 de las 27 Casas de la Verdad que prevé abrir en las diferentes regiones”, resalta el informe.  

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito mereció su análisis independiente. Según la Misión de la ONU, con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde agosto de 2017 se han erradicado voluntariamente 37.629 hectáreas de coca de las 60.070 hectáreas registradas por 99.097 familias. De estas, un total de 24.246 familias han recibido su año completo de pagos provisionales, y 60.731 han recibido asistencia técnica. Según cifras de la Oficina, el 94 % de las familias cumplen los compromisos voluntarios de erradicación, señala el documento. 

Frente al tema de la reincorporación, la Misión informó que al 31 de julio de este año, fuera de los Espacios de Reincorporación vivían 8.816 excombatientes, es decir, dos tercios de los acreditados. Mientras tanto, la reincorporación urbana está ganando importancia, pues el número de excombatientes que viven en ciudades principales ha aumentado. Por ejemplo, Bogotá (655), Villavicencio (211), Cali (206) y Medellín (202).

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El Secretario General de la ONU hizo un llamado especial para que se evite que más líderes sociales sean asesinados. "Los atentados contra líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo motivo de gran preocupación, y me preocupan especialmente las repercusiones de esos ataques en las comunidades y en su tejido social. En lo que va de 2019, los actores de la sociedad civil y las instituciones del Estado han informado de 123 presuntos asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes sociales. En grandes manifestaciones, celebradas en ciudades de toda Colombia el 26 de julio, el pueblo colombiano reiteró su rechazo a la violencia contra los líderes sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos y exigió que se les dé protección", puntualizó.

Por último, llamo a las dos partes firmantes del Acuerdo de Paz, tanto al Gobierno como a la exguerrilla, para que preserven en su integridad el documento firmado en La Habana. Por eso, alertó que desde la presente legislatura, instalada en julio de este año hasta la fecha, el Gobierno y los congresistas han presentado más de 440 proyectos de ley y reformas constitucionales, algunos de los cuales guardan relación con aspectos clave del acuerdo. "Reitero mi llamamiento a todas las partes para que velen porque cualquier propuesta de reforma sea el resultado de un diálogo inclusivo, no se aplique retroactivamente y respe te el espíritu y el carácter integral del Acuerdo de Paz", enfatizó.

Esta noche, el Secretario General de Naciones Unidas dio a conocer el más reciente informe de la Misión de Verificación del Acuerdo Final, justo cuando se cumplen dos años de la dejación de armas de más de 13.000 integrantes de la antigua guerrilla de las Farc. El informe resalta que “es de suma importancia seguir enfatizando que la inmensa mayoría de los excombatientes siguen participando en el proceso de paz y desarrollando esfuerzos productivos en colaboración con las comunidades locales, realizando estudios académicos, participando en la política local, creando y buscando oportunidades para sus familias y contribuyendo a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición".

Lo hace porque una de sus primeras referencias en el documento de 19 páginas es al video que divulgaron el exjefe negociador de las Farc, Iván Márquez, junto a un puñado de mandos medios, en el que anunciaban su rearme. El secretario destacó la forma unánime en que diversos sectores sociales y políticos del país, incluido el nuevo partido Farc, rechazaron esa determinación de un grupo de excombatientes. Y resaltó que la Misión y el Gobierno han hecho tareas para evitar que más miembros de la exguerrilla acudan al llamado de los desertores y vuelvan a las armas. 

Por otro lado, el Secretario General también felicitó al Gobierno por lo que llamó "manejo responsable de la transición de los ETCR, y a la FARC por su papel constructivo". Resaltó que es importante que se sigan efectuando visitas conjuntas del Gobierno, la FARC y la Misión a otros antiguos ETCR y a las nuevas áreas. "Ese proceso conjunto debería servir de ejemplo para superar, mediante el diálogo, los obstáculos en la implementación", dice el documento, al tiempo que invita a las partes a continúen con el espíritu de colaboración para que se atienda de manera conjunta el proceso de estabilización.

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Por otro lado, los llamados de atención a las partes llegan por varios temas. El primero es a la necesidad de buscar salidas consesuadas a los escollos que se presentan en la implementación del acuerdo. "Sobre recientes declaraciones del Gobierno y de FARC acerca de la falta de cumplimiento pleno de ambas partes de los compromisos contenidos en el Acuerdo Final de Paz, el Secretario General hace un llamado para utilizar la Comisión para el Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para resolver controversias y superar los desafíos de implementación". 

Dicho espacio debe ser utilizado, subraya el informe, tanto porque el gobierno ha dicho que FARC no ha entregado la información completa sobre campos de minas y que no ha entregado todos sus activos que consiguieron en la guerra. Mientras tanto, delegados de FARC, resalta el informe, han mencionado que el Gobierno debe hacer más para garantizar que no sigan asesinando excombatientes y no centrarse netamente la reincorporación olvidando implementar otros puntos integrales del Acuerdo de Paz. "Sigo sumamente preocupado por el elevado número de asesinatos de exmiembros de las FARC-EP. Durante el período sobre el que se informa, la Misión verificó 24 homicidios, con lo que el número total de asesinatos en 2019 asciende a 52. Al ritmo actual, el número de asesinatos en 2019 superará los 64 asesinatos reportados en 2018. Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado 147 homicidios, 12 desapariciones y 21 tentativas de homicidio".

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Otro de los escollos que están pendiente por resolverse, por ejemplo, dice el informe, son las limitaciones presupuestarias de la subdirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que proporciona los esquemas de protección para los excombatientes. "Los recientes desacuerdos entre el Gobierno y FARC sobre el funcionamiento del programa de esquemas de protección están socavando su capacidad. Según la subdirección de la UNP, al 31 de agosto un tercio de los esquemas de protección estaban incompletos y se necesitaban 100 escoltas para completarlos. No deberían escatimarse esfuerzos para asignar recursos a la Subdirección, y el Gobierno y FARC deberían resolver los problemas de manera constructiva a fin de garantizar la seguridad de los excombatientes".

Frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el informe señala lo que ha desarrollado la JEP en este primer año del presidente Iván Duque, como, por ejemplo, los incidentes de incumplimiento contra excombatientes que anunciaron su rearme y que fueron expulsados de la justicia transicional. Sin embargo, hace principal énfasis en las tareas adelantadas por la Comisión de la Verdad que ha recibido 940 testimonios de personas y comunidades.

“Durante el período sobre el que se informa, la Comisión celebró un encuentro regional sobre la violencia sexual, otro sobre las personas dadas por desaparecidas y tres sobre la situación de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Igualmente, recibió un informe en el que se documentan más de 100 casos de violencia sexual cometidos por grupos armados ilegales entre 1985 y 2006. Por otro lado, la Comisión ya ha inaugurado 22 de las 27 Casas de la Verdad que prevé abrir en las diferentes regiones”, resalta el informe.  

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito mereció su análisis independiente. Según la Misión de la ONU, con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde agosto de 2017 se han erradicado voluntariamente 37.629 hectáreas de coca de las 60.070 hectáreas registradas por 99.097 familias. De estas, un total de 24.246 familias han recibido su año completo de pagos provisionales, y 60.731 han recibido asistencia técnica. Según cifras de la Oficina, el 94 % de las familias cumplen los compromisos voluntarios de erradicación, señala el documento. 

Frente al tema de la reincorporación, la Misión informó que al 31 de julio de este año, fuera de los Espacios de Reincorporación vivían 8.816 excombatientes, es decir, dos tercios de los acreditados. Mientras tanto, la reincorporación urbana está ganando importancia, pues el número de excombatientes que viven en ciudades principales ha aumentado. Por ejemplo, Bogotá (655), Villavicencio (211), Cali (206) y Medellín (202).

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El Secretario General de la ONU hizo un llamado especial para que se evite que más líderes sociales sean asesinados. "Los atentados contra líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo motivo de gran preocupación, y me preocupan especialmente las repercusiones de esos ataques en las comunidades y en su tejido social. En lo que va de 2019, los actores de la sociedad civil y las instituciones del Estado han informado de 123 presuntos asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes sociales. En grandes manifestaciones, celebradas en ciudades de toda Colombia el 26 de julio, el pueblo colombiano reiteró su rechazo a la violencia contra los líderes sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos y exigió que se les dé protección", puntualizó.

Por último, llamo a las dos partes firmantes del Acuerdo de Paz, tanto al Gobierno como a la exguerrilla, para que preserven en su integridad el documento firmado en La Habana. Por eso, alertó que desde la presente legislatura, instalada en julio de este año hasta la fecha, el Gobierno y los congresistas han presentado más de 440 proyectos de ley y reformas constitucionales, algunos de los cuales guardan relación con aspectos clave del acuerdo. "Reitero mi llamamiento a todas las partes para que velen porque cualquier propuesta de reforma sea el resultado de un diálogo inclusivo, no se aplique retroactivamente y respe te el espíritu y el carácter integral del Acuerdo de Paz", enfatizó.