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El tiempo se agota. El mandato de la Comisión de la Verdad termina a finales de 2021 y, según el comisionado Alejandro Valencia Villa, hay preocupación porque los comparecientes que deben presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión no están aportando la verdad que este organismo necesita para cumplir sus objetivos. Valencia es el comisionado de la verdad que más experiencia tiene en este tipo de organismos. Ha participado en las Comisiones de Ecuador, Paraguay, Perú y Guatemala. Lleva toda una vida dedicada a defender los derechos humanos en diferentes instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
¿Cómo está funcionando la contribución a la verdad de los diferentes comparecientes ante la Comisión de la Verdad?
La contribución que están haciendo los comparecientes de la JEP que han sido llamados por la Comisión de la Verdad se está circunscribiendo mucho a los casos por los cuales están siendo investigados y por los cuales buscan su acreditación ante la Jurisdicción. No tienen claro que la Comisión tiene la facultad de obtener las versiones libres y la documentación que han entregado en la Jurisdicción. Por eso, no tiene sentido que vengan a la Comisión a repetir lo mismo que han dicho allá. La Comisión busca una verdad mucho más plena, mucho más íntegra.
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¿Cuál es el tipo de verdad que busca la Comisión?
La verdad de la JEP está circunscrita, en un proceso penal, a unos hechos de violencia dentro del marco del conflicto armado. Nosotros vamos mucho más allá: nos interesa entender los contextos, por qué se dieron ciertos hechos, quién se benefició de ciertas situaciones; nos interesa saber de narcotráfico, de paramilitarismo, despojo de tierras, el origen de ciertas situaciones, cómo funcionaban ciertas unidades militares, qué pasaba en una región en cierta época, cuáles eran las alianzas que se daban entre diferentes actores. Buscamos una verdad más histórica, más política, con un sentido más ético, no una verdad judicial restringida a un caso concreto y a una prueba específica.
¿Qué pasa cuando ustedes les piden ese tipo de verdad?
Les explicamos la excepción del deber de denuncia, es decir, ellos nos pueden contar de otros casos, incluso de otros delitos que hayan cometido, y nosotros no podemos trasladar esa información a ninguna autoridad judicial, ni siquiera a la JEP. Les explicamos que tenemos que guardar la confidencialidad con esa información e incluso, si es información muy delicada, hasta podemos guardar la reserva de la identidad. Y aun así tenemos dificultades. Yo creo que la gente no entiende que esto es un sistema integral y que el país necesita conocer una verdad mucho más plena, mucho más compleja, mucho más comprensible, que esos son los objetivos y el mandato de la Comisión.
¿A los comparecientes solo les interesa obtener los beneficios de libertad y no más?
Sí, uno ve que el interés está muy atado a lo judicial y a cumplir esos compromisos estrictamente legales dentro del marco de la JEP.
¿Hay manera de obligarlos para que cuenten esa verdad?
La ley que crea la Comisión nos ordena que, cada vez que un compareciente inicie un proceso de contribución, éste debe ser notificado a la JEP. Y al final nosotros tenemos que calificar esa contribución y le tenemos que decir a la JEP si esa persona contribuyó con alguno de los objetivos de la Comisión o no. Y la magistratura, de manera autónoma, califica esa certificación y puede ser tenida en cuenta para una sanción restaurativa o incluso para algún beneficio. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la ley estatutaria de la JEP señala que si una persona no contribuye con alguna de las otras entidades del sistema, puede ser expulsada de éste.
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¿Hay comparecientes que no han querido venir a la Comisión?
Hay algunos a los que se les han enviado cartas y no han dado respuesta. Otros han manifestando que su contribución se limita a los casos de la JEP. Y nosotros estamos insistiendo en que su contribución tiene que ser mayor, porque son personas que han estado durante décadas en el conflicto armado.
A la Comisión le queda un año de trabajo, se acaba el tiempo para obtener esa verdad...
Efectivamente, yo diría que tenemos este año. Por eso esperamos que sea mucho más efectivo el régimen de condicionalidad.
¿Qué hace falta para que la JEP y la Comisión armonicen más este proceso?
Estamos poniendo en conocimiento de la Jurisdicción algunas situaciones para que la magistratura, dentro de su autonomía, valore y evalúe si lo que estas personas ofrecen a la Comisión está dentro de los parámetros que buscamos y si están o no cumpliendo con el régimen de condicionalidad. Estamos logrando esa colaboración de la JEP, pero nos preocupa el tiempo. Esperamos que por lo menos haya una apertura a muy corto plazo para que los comparecientes entreguen verdades que el país necesita saber.
¿Esto ha pasado en otras comisiones de la verdad? ¿Cómo se pudo solventar en otros escenarios?
En comisiones de la verdad de América Latina hay una deuda de los combatientes, de quienes participaron en un conflicto armado o en una dictadura militar, con la verdad. Han tenido muy poca contribución. De manera voluntaria, muy poca gente se acercó a aportar, sobre todo porque no contaban con herramientas coercitivas para lograr esas contribuciones. En Colombia, como se cuenta con un sistema, el régimen de condicionalidad se convierte en una herramienta para buscar que haya una contribución más efectiva.
¿Y los terceros civiles u otras personas están aportando?
A la Comisión se están acercando otro tipo de personas, como excombatientes de autodefensas que no se sometieron al proceso de Justicia y Paz, pero lo hacen buscando su acceso a la JEP. Cuando les explicamos que esa es una decisión autónoma de la JEP, la mayoría decide no contribuir con la Comisión. También están otros que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz y que pretenden que a través de nosotros los reciba la JEP para buscar una solución definitiva a su situación judicial.
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¿Obtener los beneficios es lo único que podría acercar a los excombatientes?
No hay una conciencia o un compromiso real con el país, ni con las víctimas, de una contribución a la verdad mucho más honesta. El beneficio legal se convierte en el único aliciente.