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Según el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, el gobierno de Iván Duque está muy comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc. Así lo expresó en medio de un conversatorio, convocado por la Presidencia, que se llevó a cabo este lunes en Bogotá. El evento se dio luego de que sectores políticos criticaran el manejo que el ejecutivo le ha dado al tema en el informe 01 de Seguimiento Multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz. En este documento, suscrito por 22 congresistas de seis partidos, señalaron que el gobierno ha tenido una “narrativa contradictoria”.
“En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo. Mientras tanto en el país expresa reservas a lo acordado, no hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la ley de la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y excombatientes, y da vía libre para el avance de reformas legislativas y constitucionales que pondrían en grave riesgo la esencia del Acuerdo de paz”, dice el documento.
A esas voces críticas se sumó una columna de Juan Manuel Santos en El País de España, publicada el pasado 10 de agosto. El expresidente, firmante del Acuerdo de Paz con las Farc, invitó a Duque a “poner a la paz por encima de los partidos y liderar su construcción”. La columna no cayó bien en el Gobierno, tanto que el canciller Carlos Hollmes Trujillo elaboró un hilo de cinco trinos en los cuales dijo que Santos “alimenta la falaz, inexistente, perjudicial y dañina división entre amigos y enemigos de la paz, que se inventó por razones electoreras”.
En medio de esas criticas se dio el conversatorio en el cual Archila defendió la labor del Gobierno, luego de un año de posesión de Duque. “El país elige a sus gobernantes y cuando los elige lo hace con unas políticas, una manera de entenderlo, y por eso cada quien debe aplicarlos de manera que sea consistente, coherente, con su entendimiento”, dijo el funcionario.
Archila también señaló que la entidad que dirige encuestó a 10. 708 excombatientes, de los cuales el 76,6% “manifiesta sentirse optimista y motivado frente a su futuro”. Esto pese a que la Onu, en su último informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, señaló que el número de acreditados es 13.068. El funcionario resaltó que el Gobierno decidió mantener la renta básica mensual, por medio de un acto administrativo, para los excombatientes por el equivalente al 90% de un salario mínimo.
Desde la llegada del Gobierno Duque se hicieron varios cambios institucionales en aras de mejorar la implementación del Acuerdo de paz, según Archila. Asismo, dijo que todos los escenarios e instancias para aterrizaje de lo acordado han estado activas, aseguró que “la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo Final, ha sesionado un total de 16 veces y la Secretaría Técnica de la CSIVI (Pre-CSIVI) se ha reunido un total de 17 veces”.
Otra versión sobre el funcionamiento de esas instancias tiene el partido FARC. Pastor Alape, delegado de esa colectividad al Consejo Nacional de Reincorporación, dijo que “el funcionamiento no ha tenido la actividad que le corresponde a la implementación, no tiene los avances que se debieran haber alcanzado hasta este momento”. Pone el ejemplo de algunas instancias que se han frenado como la Junta de Direccionamiento Estratégico del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que según el exjefe guerrillero “se ha reunido una sola vez durante este Gobierno”.
En cuanto a la reincorporación económica, Archila enfatizó en que “hay 29 proyectos productivos colectivos aprobados que vinculan a 1.934 personas en proceso de reincorporación, con un valor superior a los $21.335 millones de pesos”. También aseguró que se han aprobado 360 proyectos individuales con 416 beneficiarios. Resaltó, además, la inserción laboral de los exguerrilleros enfatizando en que 1. 063 personas exintegrantes de las Farc se encuentran vinculados a ocupaciones formales en diversas actividades económicas.
Sobre esos datos Alape hizo varias claridades. Aseguró que a pesar de que se han aprobado esos proyectos productivos colectivos, el Gobierno solamente ha desembolsado los recursos para 19, que todavía tienen barreras. “Tenemos paralizada la implementación de un proyecto ganadero en Icononzo (Tolima) porque no se ha podido definir una política específica con acciones concretas para resolver el problema de la tierra”, agregó. Dijo que “el reto grande de la reincorporación está en resolver el problema de la tierra para los proyectos productivos y los programas de vivienda”. También señaló que no hay rutas para el acceso a créditos educativos para quienes terminan el bachillerato.
El Gobierno, además, resaltó sus acciones frente a la seguridad de los excombatientes. “Entre agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019 la Mesa Técnica de Seguridad y Protección ha sesionado 14 veces y sus subcomisiones técnicas 15 veces”, aseguró Archila. Ese tema le ha merecido críticas al presidente Iván Duque y a su gobierno. El país recuerda, por ejemplo, el asesinato de Dimar Torres en Norte de Santander a manos del Ejército y las posteriores declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, según las cuales el homicidio se dio en medio de “un forcejeo”. La Onu también se ha declarado “profundamente” preocupada por los asesinatos de quienes dejaron las armas, en su más reciente informe quedó registrado que se habían presentado 123 homicidios de excombatientes, 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio desde la firma del Acuerdo de Paz. Aún con esas cifras, Archila destacó que se han implementado “231 esquemas (de seguridad) individuales, colectivos, ETCR y sedes para beneficiarios de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección”.
Alape señaló que esas medidas que ha tomado el Gobierno “no son suficientes”. Asegura que hay problemas logísticos en los esquemas de seguridad. Denunció que los escoltas de la Unidad Nacional de Protección llevan dos meses sin recibir los viáticos por los traslados que tienen que hacer en el territorio nacional. Se quejó también de que este Gobierno debilitó los esquemas: “las armas de largo alcance para la protección en las áreas rurales fueron desmontadas y eso ha puesto a los esquemas en situación de vulnerabilidad”.
“No se trata de presentar unas cifras para generar hechos mediáticos, se trata de establecer una política real de paz desde los territorios”, concluyó Alape. Por su parte, el Gobierno insiste en que tiene voluntad de implementar lo que se acordó.