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En Colombia los bombardeos son autorizados por el presidente de la República. Por lo menos, los últimos tres jefes de Estado (quienes son los comandantes en jefe de las Fuerzas Militares) han ordenado bombardear campamentos de grupos armados ilegales en los cuales había menores de edad. Los casos se dieron en los departamentos de Putumayo, Antioquia, Chocó, Tolima, Nariño, Norte de Santander y Caquetá entre el 30 de enero de 2010 y el pasado 29 de agosto.
El senador Roy Barreras denunció que en un bombardeo de la Fuerza Pública desarrollado el 29 de agosto, en San Vicente del Caguán (Caquetá), murieron ocho menores de edad: Aibimiller Morales (17 años), Wilmer Castro (17), Diana Medina (16), José Rojas (15), Jhon Edison Pinzón (17), Ángela María Gaitán (12), uno cuya identidad se desconoce y una niña quedó mutilada. Esa revelación, sumada a varios cuestionamientos, desembocó en la renuncia de Guillermo Botero, quien era el ministro de Defensa. Tanto él como el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, negaron conocer que en la zona había niños y adolescentes.
Patricia Zarco, de 16 años, murió el 4 de febrero de 2018, cuando Juan Manuel Santos era presidente, en medio de un bombardeo en Litoral del San Juan (Chocó). Era la segunda vez que las comunidades indígenas wounaan, asentadas en esa región, vivían el horror de ver niños morir bajo las bombas lanzadas por la Fuerza Pública. El 24 de marzo de 2011 perdieron la vida Nena Quiro y Norelia Chichiliano en un bombardeo contra el Frente 30 de las Farc, estructura armada que las había reclutado. El informe “Una guerra sin edad”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, registró que 16.879 niños fueron reclutados y utilizados por grupos armados al margen de la ley entre 1960 y 2016.
(Lea: La guerra se ensañó con la niñez colombiana)
Otro caso reciente se dio en la vereda Zaragoza del municipio de El Carmen (Norte de Santander). El 1° de abril de 2017, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea desplegaron la operación conjunta Corsario 3. En rueda de prensa, el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunció que en un bombardeo murieron diez integrantes del Eln y felicitó a las Fuerzas Militares. A su vez, el expresidente Santos trinó: “Felicito a @mindefensa y a las Fuerzas Armadas por el duro golpe que dieron contra Eln en Norte de Santander”.
La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado (Coalico) registró muertes de menores de edad en medio de bombardeos desde el 2010. El 20 de enero de ese año la Fuerza Aérea atacó tres campamentos de las Farc ubicados en la vereda Las Lomas, zona rural de San Miguel (Putumayo). Según el informe “Una guerra sin edad”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la acción murió un niño de diez años y dos adolescentes de 16 años quedaron heridos. Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalico, asegura que en ese operativo pudieron morir más de cuarenta menores de edad, pero que la información nunca se pudo corroborar. “La Defensoría del Pueblo decía que ese campamento en particular reunía a miembros de la guerrilla que eran niños, niñas y adolescentes”, enfatiza.
La Coalico reporta que en el mismo año se dieron bombardeos en los que murieron niños en Chocó, Tolima y Nariño. Esa organización lamenta que hay un gran subregistro de casos similares. Molano cuenta que durante años han intentado obtener información, pero que la Fuerza Pública no ha respondido: “Nos dicen que eso es información casi de seguridad nacional”, asegura. La devastación que genera ese tipo de acciones también es un obstáculo para tener la información. “Determinar cuántos niños y niñas mueren en una acción como esta es muy complejo por el tipo de armamento que se utiliza”, relata.
(Vea: Operación Berlín: el calvario de los niños reclutados por las Farc)
¿Infracción al derecho internacional humanitario?
Jean Carlo Mejía, quien asesoró a las Fuerzas Militares y la Policía en el proceso de negociación entre el Estado y las Farc en La Habana (Cuba), explica que antes de ordenar un bombardeo se deben hacer labores de inteligencia para definir los objetivos militares (bienes) o los blancos legítimos (personas contra quienes se puede usar la violencia letal en un contexto de conflicto armado). “Perfectamente un menor puede estar armado y en la conducción de hostilidades. Puede ser un blanco lícito”, afirma. “Se podría demostrar que los niños han sido secuestrados, que están siendo utilizados como un escudo humano o que han sido reclutados y están en entrenamiento”, complementa.
“Hay que evaluar caso por caso”, enfatiza Mejía. Al preguntarle si el hecho de que se haga una inteligencia defectuosa que lleve a bombardear un campamento, sin tener en cuenta la presencia de niños, podría constituir una infracción al derecho internacional humanitario dice que sí y complementa que esa información debe ser “actualizable, verificable y corroborable, porque un objetivo militar puede dejar de serlo en muy corto tiempo”.
Molano propone que el DIH debe “evolucionar” para darles protección a los niños, niñas y adolescentes en estos casos. Mejía opina que “se debería mirar cómo extender la protección de los menores de edad reclutados que no implique el uso de las armas”.
Vea también: El Eln acecha a los niños en el río San Juan (Chocó)
Lo que queda claro es que en el marco de una guerra reclutar a un menor no es una medida de protección, como lo han dicho algunos grupos armados ilegales. Por otro lado, el Estado debe atender las alertas que advierten sobre la posibilidad de que en medio de un bombardeo puedan morir menores de edad. La pregunta que queda es: ¿cuándo se tomarán esas medidas para que la infancia no quede sepultada bajo toneladas de explosivos?