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En medio de las investigación que la Procuraduría ha iniciado para ponerle la lupa a las contrataciones en todo el país, en el marco de la crisis por el COVID-19, el Ministerio Público suspendió al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón. La medida está prevista para durar tres meses, mientras se adelantan las pesquisas por un contrato de $2.000 millones que llamó la atención de la entidad por su monto.
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De acuerdo con los primeros detalles de este caso, el millonario negocio se firmó con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
"La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus", señaló el Ministerio a través de un comunicado de prensa.
Este ente de control ha vigilado 5.500 contratos, encontrando 40 irregularidades de distinta índole, las que más preocupan: irregularidades en la contratación y los sobrecostos. Dentro de esas pesquisas, también fue suspendido el gobernador de Arauc, Facundo Castillo, por la firma de dos contratos millonarios. Uno, por ejemplo, corresponde a la realización de ferias y fiestas por un costo de $570 millones de pesos. El otro llamó la atención de la Procuraduría pues su monto es de $470 millones de pesos, para la compra de latas de atún; cada lata le costó a este departamento $20.000 pesos.
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Frente al caso, la Fiscalía anunció que la próxima semana se adelantarán las imputaciones de cargos y se ordenará la medida de aseguramiento para los involucrados en contratos fraudulentos en el marco de la atención a la pandemia de COVID-19. El ente investigador ya adelanta 38 casos que se encuentran en etapa de indagación contra funcionarios en 41 municipios de los departamentos como Atlántico, Valle, Quindío y Santander.
“Tenemos dos indagaciones preliminares abiertas a dos entidades del orden nacional: departamento Nacional de Planeación y Finagro (…) Hay un aforado constitucional con una noticia preliminar abierta que es el Ministro de Agricultura”. A parte del Ministro de Agricultura Rodolfo Enrique Zea, el ente investigador anunció tener cinco procesos abiertos en la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de jefes de otras carteras.
Por su parte, la Contraloría evidenció presuntos sobrecostos de aproximadamente $1.269 millones de pesos en un contrato de la Armada Nacional para la adquisición de tapabocas N-95. Así mismo, tomó la decisión de iniciar 27 indagaciones preliminares en las gobernaciones de Valle del Cauca, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Vichada; también se investigará las contrataciones hechas por Secretaría de Salud de Bogotá y Secretaría de Educación de Medellín.
Las tres entidades explicaron que han realizado 16 sesiones de mesas técnicas, gracias a su labor conjunta en 13 contratos -que representan $17.000 millones de pesos del erario- en los que se ha disminuido el valor o terminado de manera unilateral. “Son $17.000 millones que no se han perdido”, afirmó el fiscal general Francisco Barbosa.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.