Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La reducción de los recursos de regalías para los municipios productores se convirtió en la mecha que avivó la explosión de consultas populares o acuerdos municipales en contra de la minería extractiva y de la misma búsqueda de hidrocarburos en el subsuelo colombiano. La advertencia fue hecha en la instalación del Congreso Nacional de Minería en Cartagena.
Le puede interesar: Voces desde Cerro Matoso
Para tratar de contrarrestar estas acciones negativas para una actividad importante de la economía nacional, el presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y presidente de la multinacional Drummond, José Miguel Linares, resaltó la iniciativa que tomó el Gobierno de llevar al Congreso de la República un acto legislativo que procura corregir ese motivo de descontento “y que busca que los municipios productores vuelvan a tener un importante porcentaje de recursos, entre el 30% y el 50%”, sin afectar a los que no lo son.
Actualmente la actividad minera legal sigue siendo vista como una amenaza para la preservación del medio ambiente, a pesar de las abultadas regalías que ha dejado en los municipios donde se desarrollan esas explotaciones y que con el lema de “Minería bien hecha” trata de convencer que es amiga del entorno. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, recordó que el sector minero le ha aportado a las regiones donde se encuentran las explotaciones mineras unos $20 billones en los últimos siete años que equivalen a lo que se ha recaudado en las últimas tres reformas tributarias o a la mitad del déficit que tiene la Nación.
Nariño dijo que en 2015, el 75 % de los colombianos consultados creía que la minería es importante para Colombia, pero desde entonces, esa sensación ha venido decreciendo hasta llegar en 2019 a un 57 %. “Hay algo que tenemos que contar mejor”, insistió.
Le puede interesar: Proyectos mineros podrán hacerse sin consultas populares previas
Linares, por su parte, anotó que las regalías mineras aumentaron 20 % en 2018, y llegaron a $2,5 billones, “la cifra más alta que se haya registrado por este concepto. Lo que se evidencia en el presupuesto bienal de regalías recientemente aprobado, que es el más alto desde la creación del sistema”.
El presidente de la ACM destacó que pese a la parte negativa de esa baja percepción, hay expectativa por grandes inversiones futuras. Teniendo en cuenta los proyectos en los cuales ya existen trabajos realizados y la proyección para los proximos 10 años se tiene que en materia de carbón Colombia estabilizaría la producción en algo cercano a los 100 millones de toneladas, en oro se pasaría a tener 70 toneladas y en cobre 400.000 toneladas anuales.
Nariño cree que si este dinamismo de la actividad minera se concreta, se va a reflejar directamente en las cifras macroeconómicas del país: en exportaciones se llegaría a US$17.500 millones, duplicando el porcentaje del PIB al 4 % y se estima llegar a una inversión extranjera acumulada de US$9.000 millones. “Nuestra misión debe ser volvernos atractivos para que la inversión extranjera llegue y para que las empresas que ya están quieran quedarse y aumenten su inversión”, remarcó Linares.
Pliego de peticiones mineras
El dirigente gremial sostuvo que hay aspectos en materia regulatoria que necesita la actividad minera para anunar el camino hacia la realidad. Sobre la ley de concurrencia y coordinación dijo que se requiere seguir avanzando en este aspecto para darle mayor claridad a la inversión y a las comunidades.
Linares destacó que la Corte Constitucional en sentencia reciente, si bien reiteró que “las entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de Recursos Naturales No Renovables”, impuso el reto mayúsculo de avanzar en la elaboración y posterior trámite de una iniciativa legislativa que concrete la Coordinación y Concurrencia de la Nación y el Territorio. “Vemos con preocupación cómo los jueces se vienen pronunciando sobre asuntos ambientales, consultas con comunidades, o incluso solicitando que se realicen consultas de forma retroactiva. Esto genera que en algunos casos no solo se frenen los proyectos mineros, sino que manda un mal mensaje a los inversionistas”, dijo.
Nariño insistió en que recomponer el sistema general de regalías es importante para bajar las tensiones en el sector. “La modificación al Sistema General de Regalías siguió desequilibrando el debate público local” y con el acto legislativo se equilibran esos dineros que van a los municipios productores y portuarios.
El presidente de la ACM considera importante seguir desarrollando un esfuerzo constante “por mejorar nuestra reputación”. Para ello es necesario “ponerle la cara al viento”, es decir, estando presente en los debates, en las universidades, colegios y comunidades ambientales. Nariño está convencido de que “hay más cosas (en la minería extractiva) que nos unen con las comunidades que las que nos separan”.