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La cifra de asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos aumenta cada vez más. Así lo registra el informe Todos los nombres, Todos los rostros, Informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de Derechos Humanos en los territorios, presentando en mayo pasado por el de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Organización Cumbre Agraria, en el que se señala que entre enero y mayo de este año se presentaron alrededor de 98 casos de asesinatos a líderes sociales.
(Lea: En dos años han asesinado a 282 líderes sociales)
Esta cifra sigue aumentando significativamente, pues apenas iniciando junio se presentó en un solo fin de semana (del 1°al 3 de junio) tres homicidios. Se trata de los casos de Julio Cesar Montalvo, perteneciente al resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, Orlando Negret, presidente de la junta de acción comunal de Tierralta, y Carlos Jimmy Prado Gallardo, representante legal de Satinga Joven y delgado en la Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense, quien fue asesinado en el municipio Olaya Herrera (Nariño). En total, en junio fueron registrados 17 asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según la Organización Cumbre Agraria. Esto, sumado a los siete líderes sociales muertos en los primeros cinco días de julio, dan como resultado 24 asesinatos a líderes sociales en casi un mes, según cifras otorgadas por la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos.
(Lea: Reportan asesinato de tres líderes sociales en Córdoba y Nariño)
El caso más reciente es la muerte de Ana María Cortés, una líder social de 46 años que residía en Cáceres, región del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Cortés fue coordinadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro en ese municipio. La mujer fue asesinada alrededor de las 7 p.m. de ayer, 4 de julio, en una cafetería. De igual forma, el pasado martes también se registró el asesinato de la líder comunal de 54 años, Margarita Estupiñán, sobre las 8 p.m. en el corregimiento de Tumaco (Nariño). La mujer era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recreo, ubicada en la vereda Vaquerío.
(Lea:Asesinan a líder social en Tumaco, Nariño) y (Asesinan a líder social en Cáceres, Antioquia)
Ante estos hechos, Jimmy Moreno, vocero nacional del Congreso de los Pueblos, en dialogo con El Espectador, aseguró que la situación es cada vez más preocupante y que la respuesta del Estado ha sido bastante débil hasta el momento: “En nombre del Congreso de los Pueblos, estamos bastante preocupados por la situación que a diario nos vienen informando desde las regiones. Hay un incremento en los asesinatos a dirigentes campesinos, afros, indígenas, ambientalistas y sectores que hacen parte de lo comunal. Esto, evidentemente, responde a una serie de conflictos que se dan en el territorio, y que curiosamente hemos ido avanzando en el Proceso de Paz, pero la guerra es cada vez mayor. La situación nos preocupa mucho porque se suma a la conflictividad que tenemos con el Estado ante nuestros procesos de resistencia. Otro tema importante es la judicialización y criminalización de líderes, que se viene haciendo por parte de la Fiscalía y que, en cierta manera, también esta estigmatizando esta labor”.
En el informe también se registra que 28 de los 32 departamentos del país han sido afectados, en mayor porcentaje, por el asesinato masivo a líderes sociales. Lo que significa, según el informe, que más del 87 % de los departamentos ocurren casos de este tipo. Las regiones con mayor número de asesinatos en 2017 fueron Cauca, Antioquia y Nariño. Del mismo modo, explican que las regiones más afectadas entre enero y mayo de este año son Cauca con 15 casos, Antioquia con 12, Norte de Santander con ocho y Nariño con cinco.