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La Policía le pidió al medio de comunicación Cerosetenta dar de baja el contenido Manual de autoprotección contra el Esmad, una publicación que contiene una serie de recomendaciones para protestar pacíficamente. Uno de los puntos que le causó mayor incomodidad a la Fuerza Pública fue que se dijera abiertamente que por lo menos 20 personas han muerto por acciones del escuadrón antidisturbios. Sin embargo, el medio respondió que no estaba obligado a citar cifras oficiales —que no reconocen víctima fatal alguna— y citó a su propia fuente: un informe que está por publicarse de la organización Temblores ONG.
(En contexto: La Policía ya había dicho que el manual no incita a la violencia: director de Cerosetenta)
En diálogo con este diario, el director de la organización, Alejandro Lanz, explica cómo llegaron a las cifras que publicó Cerosetenta y revela los tropiezos que han tenido para acceder a la información en este tema. El informe, titulado Silencio Oficial: un grito aturdido de justicia en el marco de los 20 años del Esmad, dice Lanz, cerró con una cifra mayor a la revelada inicialmente y que tanto molestó a la Policía.
¿Cómo ha sido el proceso de investigación de las acciones del Esmad?
Llevamos un año y medio construyendo este informe y los datos están triangulados a partir de siete fuentes de información: derechos de petición, prensa, sentencias judiciales, entrevistas exploratorias, bases de datos de ONG, observación participante en las marchas del último año y leyes, sentencias y decretos.
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En total, enviamos 16 derechos de petición a entidades del Estado preguntando sobre cifras de violencia por parte del Esmad, pero nos responden evasivas. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa —en específico la dirección ejecutiva de la justicia penal militar— no nos respondió y, en cambio, nos pidió nuestro certificado de existencia como condición para contestar el derecho de petición, a pesar de que estaba firmado por nosotros con nuestros números de cédula y forma de contacto.
¿Han pensado en recurrir a otra acción legal para acceder a esa información?
No. Nosotros enviamos nuestro certificado de Cámara de Comercio donde aparecen los datos de quiénes integran la organización y leímos ese mensaje de solicitud como una forma de negarse a dar la información, como una manera de intimidarnos.
¿Qué otros obstáculos han atravesado además de que no les respondan los derechos de petición?
Especialmente la Policía y el Ministerio de Defensa se han tardado en dar las respuestas, han pedido información de nuestra organización. Las organizaciones de derechos humanos que hacemos investigación sobre el Estado solemos enviar solicitudes a través de derechos de petición y nunca nos piden nuestra existencia y representación legal. Otro de los grandes problemas es que el Estado no registra de manera diferenciada el actor de la Fuerza Pública que violenta. Por ejemplo, Medicina Legal registra “Fuerza Pública” como el responsable de la muerte violenta, pero no se dice si responsabilidad del Esmad, Policía, Ejército, u otro.
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En el caso de Nicolás Neira, el joven asesinado por el Esmad en 2005, un factor clave fue el fallido intento de encubrir su muerte, ¿han encontrado casos similares?
Sí. Hay otros casos como el de Oscar Salas (estudiante de lingüística de la Universidad Pedagógica Nacional asesinado en 2006) en donde también hubo encubrimiento. Él murió por una “recalzada”, una vainilla de gases lacrimógenos reutilizada a la que le introducen elementos como canicas, arma que está prohibida.
¿Por qué cree que sea tan difícil acceder a este tipo de información?
Desde nuestra experiencia, cuando el Estado es el perpetrador de violencia se hace más complicado acceder a la información, especialmente cuando el agente perpetrador es la Fuerza Pública. Hay problemas muy graves con algunas instituciones al momento de registrar la violencia. Nos pasa en todos los informes. No hay congruencia entre las categorías de clasificación de las víctimas y de los victimarios entonces esto hace que la triangulación entre quienes registran homicidios, por ejemplo, se haga muy difícil. Policía, Fiscalía y Medicina legal deberían tener un mismo rasero categórico al momento de registrar este tipo de muertes.
Llevamos años escuchando denuncias de abuso de la fuerza por parte del Esmad en las protestas, ¿qué salidas hay?
En el último mes ha habido buenas experiencias. En Barranquilla, por ejemplo, el 31 de octubre negociaron que el Esmad no saliera a las calles y la misma Policía celebró dijo que la movilización había sido muy pacífica. El Estado debe generar mejores canales de interacción para que se puedan dar este tipo de negociaciones. El Esmad es una institución de la policía que, según su denominación legal, está diseñada para proteger la protesta social, para garantizar ese derecho. Es impresionante en lo que se han convertido estos robocops en América Latina. En Chile más de 200 personas han perdido la vista por las armas de “letalidad reducida”. Estas estructuras policiales deben ser reformadas, el uso de la fuerza necesita ser regulado y deben prohibirse ciertas armas.
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Ya que menciona que la misión del Esmad es proteger la protesta, ¿en qué medida se podría decir que se ha cumplido o no con ese mandato legal?
Esta fuerza policial sale a las calles es a proteger la propiedad privada y los bienes del Estado, no a los grupos que se movilizan ni a quienes se topan con una movilización. En nuestro informe hay muertes de personas que simplemente se encontraron en la movilización y terminaron o lesionadas o asesinadas.
Según sus cifras al menos 20 personas han muerto por acciones del Esmad, ¿en qué condiciones murieron?
La cifra con la que cerramos el informe es superior, pero creo que es mejor sacarla cuando esté publicado. Hemos logrado identificar que los homicidios de los que serían responsables agentes del Esmad han afectado fuertemente y en mayor medida a tres grupos poblacionales: campesinos, indígenas y estudiantes.