El apartamento de un exejecutivo de Cemex que esa multinacional pagó sin saber

Édgar Ramírez, exvicepresidente de Planeación de Cemex Colombia, fue llamado a juicio desde enero de 2019, pero solo hasta el pasado 28 de abril la Fiscalía pudo realizar la audiencia preparatoria, que duró dos días y continuará el próximo 14 de julio. El arsenal de pruebas con que el organismo investigativo quiere que condenen a Ramírez y a un hombre llamado Eugenio Correa Díaz es extenso. Y su acusación, conocida por El Espectador, guarda varios detalles hasta ahora inéditos sobre este escándalo de corrupción en el sector privado, cuya cúspide fue el pago de más de $40 mil millones por parte de Cemex por un lote de 394 hectáreas en el Magdalena Medio que, a la fecha, sigue sin ser suyo.

Édgar Ramírez, exvicepresidente de Planeación de Cemex Colombia, fue llamado a juicio desde enero de 2019, pero solo hasta el pasado 28 de abril la Fiscalía pudo realizar la audiencia preparatoria, que duró dos días y continuará el próximo 14 de julio. El arsenal de pruebas con que el organismo investigativo quiere que condenen a Ramírez y a un hombre llamado Eugenio Correa Díaz es extenso. Y su acusación, conocida por El Espectador, guarda varios detalles hasta ahora inéditos sobre este escándalo de corrupción en el sector privado, cuya cúspide fue el pago de más de $40 mil millones por parte de Cemex por un lote de 394 hectáreas en el Magdalena Medio que, a la fecha, sigue sin ser suyo.

Como ya es conocido, dos altos ejecutivos de Cemex (Ramírez y Camilo González Téllez, exvicepresidente Jurídico de la multinacional en Colombia) terminaron procesados por haber adelantado una negociación con Eugenio Correa Díaz, representante de CI Calizas y Minerales. Así, Cemex adquiría la finca Monterrey en zona rural de Maceo (Antioquia), junto con el título minero 1477 de una mina caliza en la que se calculaban reservas por más de 250 millones de toneladas, a cambio de US$22 millones. El escrito de acusación recuerda que Correa Díaz pudo hacer su propuesta a Cemex porque una reconocida modelo mexicana, Monserrat Oliver, le hizo el puente con los “duros” de Cemex en México.

(En contexto: Señalamientos de un exejecutivo de Cemex contra investigadores de Jaime Granados)

La negociación comenzó en 2012 y, en agosto de ese año, se firmó el primer memorando de entendimiento. Lo que la Fiscalía vino a descubrir años después es que la propuesta de Correa Díaz a Cemex venía “envenenada” desde el inicio, pues él y varias personas más, entre ellas José Aldemar Moncada, habían planeado toda una telaraña de movidas ilegales para proteger la preciada mina, que en papel tenía varios dueños, pero, según la Fiscalía, le pertenecía realmente a Moncada. La protección era necesaria porque Moncada fue condenado por el cartel de devoluciones del IVA y la Fiscalía empezó a incautar sus bienes. Uno de los testigos en su contra, dice la acusación, fue Blahca Jazmín Becerra.

El año pasado, ese nombre volvió a saltar a los titulares de prensa cuando se supo que ella declaró en la investigación por la fuga de la excongresista barranquillera Aida Merlano. Becerra está en el Buen Pastor desde 2011 y ese mismo año, en que comenzó a delatar a quienes pertenecían a la red que defraudó a la DIAN en miles de millones de pesos, mencionó a Moncada. Él fue condenado por haber tramitado devoluciones ante la DIAN fraudulentas por más de $100 mil millones y, el 7 de diciembre de 2012, la Fiscalía ordenó medidas cautelares sobre sus bienes, lo cual cubría la mina y el título de exploración minera. Para ese entonces, Moncada ya se había salido de la sociedad CI Calizas y Minerales.

(Le podría interesar: Caso Cemex ya tiene un primer condenado: Camilo González Téllez)

“El propósito perseguido no era otro que tratar de salvar estos bienes de algún tipo de acción judicial que se venía en su contra (…) sin perder el control real y material de la sociedad”, asegura la Fiscalía. Hubo otras maniobras, como la falsificación de papelería de una notaría en Bello (Antioquia) que llevaron a la Fiscalía a concluir que, cuando Correa Díaz se acercó a Cemex, su propósito no era hacer un negocio ordinario, sino proteger la riqueza acumulada de un hombre emproblemado con la justicia. Y para ese fin se prestó Camilo González Téllez, quien aceptó que “abusó de las funciones propias de su cargo” y, con un preacuerdo, obtuvo una pena de 32 meses de prisión en 2019.

Con Édgar Ramírez Martínez la situación es otra. Tanto él como Correa Díaz estarían camino a sentarse en el banquillo de los acusados si no se hubieran dado a la fuga. Ramírez Martínez se fue del país justo antes de que la Fiscalía le imputara cargos por administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, que mantuvo en el llamado a juicio. El organismo investigativo ya ha dicho que, por medio de triangulaciones del dinero que Cemex pagó con miras a hacerse a la finca Monterrey y a su título minero, Ramírez compró un apartamento para sí mismo. La acusación cuenta con pelos y señales cómo lo habría logrado.

(Lea también: Cartel del cemento: sanción contra Cemex fue confirmada).

Cemex, indica el documento, le consignó $27.398 millones a Eugenio Ramírez a una cuenta en Bancolombia porque, se suponía, así se aseguraba el negocio de la mina caliza. Con ese dinero, tanto Correa Díaz como su madre, María del Rosario Díaz, emitieron cuando menos 15 cheques. La estrategia, al parecer, iba así: los beneficiarios de los cheques eran personas cercanas a Correa Díaz (el mensajero de su empresa, un trabajador de una empresa que blinda carros, dos guardaespaldas de su familia, dos conductores de un amigo de infancia que hasta lo acompañó a México a hablar con Cemex), quienes cobraban el dinero por ventanilla y luego se lo entregaban, en efectivo, a Correa Díaz.

Solo con dos de esos cheques la estrategia habría variado. La Fiscalía encontró que no fueron girados a nadie cercano a Correa Díaz, sino a Arquitectura y Concreto y a Alianza Fiduciaria, con las cuales Édgar Ramírez Martínez hizo un negocio para comprar un apartamento en un exclusivo conjunto residencial en el norte de Bogotá llamado Cerros de los Alpes, desde donde se observan unas vistas magníficas de la ciudad. Según la Fiscalía, el 21 de agosto de 2015 Cemex giró a la cuenta de Correa Díaz en Bancolombia $3 mil millones. Lo hizo a las 12:43 p.m. Cuatro horas más tarde, Ramírez envió un pago de $965 millones a Arquitectura y Concreto y, ese mismo día, Correa Díaz giró la misma cantidad a la misma empresa.

Le puede interesar: Exdirectivo de Cemex, investigado por millonario desfalco, se declaró inocente)

El 15 de marzo de 2016 la historia se repitió. Cemex giró $690 millones a Correa Díaz y este, al día siguiente, depositó a la Alianza Fiduciaria $600 millones. Una comunicación entre Ramírez y una empleada de Arquitectura y Concreto le permitió establecer a la Fiscalía, a ciencia cierta, la relación entre esa fiducia y el proyecto inmobiliario en que se había metido Ramírez, al parecer, defraudando a la empresa para la que trabajaba y de la que fue desvinculado en septiembre de 2016. “El NIT de Alianza Fiduciaria es el mismo que se encuentra en el cheque girado de la cuenta del señor Eugenio Correa Díaz y firmado por la señora María del Rosario Díaz, madre del referido”, señala el ente investigativo.

(En contexto: Los cabos sueltos en giros indebidos del caso Cemex)

“Se puede afirmar válidamente que de todo el dinero entregado por Cemex Colombia a Eugenio Correa Díaz no ingresó ni un solo peso a la empresa CI Calizas y Minerales”. De acuerdo con el organismo investigativo, es “válido inferir que parte de este (dinero) debió llegar a manos de José Aldemar Moncada”. Édgar Ramírez ha tratado de llegar a algún acuerdo con la Fiscalía y, por eso, hace unos meses, entregó una matriz de colaboración. En ella aseguró que gente de la empresa Investigaciones Estratégicas y Asociados (IE), que trabaja con Jaime Granados (abogado de Cemex), suplantó al CTI en una diligencia. IE, supo El Espectador, inició acciones en contra de Ramírez por injuria, calumnia y planea hacerlo también por falsedad y fraude procesal.