En medio del escándalo en la Corte, magistrado Gustavo Malo quedó entre la espada y la pared

La Corte Suprema de Justicia continúa en su momento de máxima convulsión y, en este escándalo, el jurista Gustavo Malo se convirtió en el tercer magistrado en pasar al banquillo de investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en donde hay ya dos preliminares contra los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Los tres estarían vinculados a una supuesta red de corrupción dentro del alto tribunal: a cambio de millonarias sumas de dinero habrían incidido en decisiones judiciales.

Ayer martes, la Sala Plena del alto tribunal convocó a una sala extraordinaria. De esa reunión trascendió un hecho inédito para la Corte, pues los magistrados le pidieron a su colega Malo que “se hiciera a un lado” mientras la investigación arroja resultados, algo que sólo se había visto en la Corte Constitucional, cuando la Sala Plena le pidió a Jorge Pretelt que renunciara. Aunque el alto tribunal esperaba conocer la decisión de Malo ayer en la tarde, el magistrado no pudo asistir al resto de la sesión, pues, explicó, su esposa se enfermó.

Hoy se espera conocer la determinación del magistrado, quien, además, es protagonista de otro hecho sin precedentes dentro de la Corte Suprema de Justicia: fueron sus propios compañeros de sala quienes le pidieron a la Comisión de Acusación que lo investigue. La decisión la tomó una sala de instrucción criminal de la Sala Penal que, después de recopilar los testimonios de varios exmagistrados de la Corte y de analizar lo que ha dicho el senador Musa Besaile, encontró mérito suficiente para pedirlo. (Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

Es precisamente la declaración de Besaile ante la Corte Suprema la que ha permitido entrever cómo funcionaba la red de corrupción. Según lo relató el congresista, le pagó $2.000 millones a Gustavo Moreno a principios de 2015 a cambio de frenar una orden de captura en su contra, que supuestamente estaba lista para ser emitida en un proceso que tiene abierto por parapolítica desde 2007. Besaile agregó que detrás de Moreno estaban los exmagistrados Bustos y Ricaurte, y que le pagó la suma al exfiscal porque se sintió "extorsionado".

El magistrado Malo es, precisamente, quien tiene ese proceso desde 2014, dos años después de haber ingresado a la Corte como magistrado titular. Como si estas situaciones no fueran ya bastante, ayer se supo que la Fiscalía va a imputarle el cargo de extorsión agravada a su hija, Yara Malo Benítez, el próximo 30 de octubre. El anuncio lo hizo la vicefiscal María Paulina Riveros, quien aseguró que este caso tiene que ver con una presunta solicitud de dinero que habría hecho Malo Benítez a una fiscal en Bogotá.

El ente investigador asegura que la petición del pago se realizó bajo la amenaza de que, si no le pagaba, movería sus influencias y haría que la funcionara fuera retirada de la entidad o trasladada a un sitio con problemas de orden público. La Fiscalía asegura que esta situación se ha presentado con otros miembros de la entidad y que Yara Malo habría estado involucrada en el nombramiento de los funcionarios posteriormente extorsionados. La fiscal a quien le habría pedido el dinero ya presentó denuncia por esto.

Más indagaciones

Además de la decisión de pedirle a la Comisión de Acusación que revise si hay razones para investigar a su compañero, el magistrado Gustavo Malo Fernández, la Corte Suprema abrió tres indagaciones preliminares: contra Hernán Andrade, senador huilense por el Partido Conservador (recién fue confirmado presidente de la colectividad); contra Luis Alfredo Ramos, excongresista antioqueño por el Partido Alas Equipo Colombia -aunque de origen conservador- y contra Álvaro Asthon, senador del Partido Liberal.

El pasado 15 de agosto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que la DEA le había entregado a la Fiscalía evidencias que indicarían que en la Corte Suprema se había tejido una red de corrupción patrocinada por dos exmagistrados, José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, con el apoyo de quien después se convertiría en jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. De esa red, supuestamente, se habrían beneficiado congresistas o excongresistas como Musa Besaile, Ramos y Andrade.

De ellos tres, el único que hasta ahora ha admitido haber pagado un soborno a cambio de incidir en una decisión judicial es Besaile. Lo hizo dos semanas después del anuncio del fiscal. La semana pasada, una fiscal delegada ante la Corte viajó a Guatemala a oír la declaración de José Reyes, magistrado auxiliar de Gustavo Malo, a quien, presuntamente, Malo le habría pedido la renuncia después de que Reyes hubiera conceptuado que se debía abrir investigación formal contra Musa Besaile.

Andrade y Ramos, sin embargo, han negado hasta ahora haberse involucrado con esta red de corrupción. Ramos, incluso, pidió que se levantara la reserva de su proceso para disipar cualquier duda. Gustavo Moreno alcanzó a ser defensor de ambos, especialmente de Ramos, al punto que cuando fue nombrado fiscal le pasó el caso a un amigo de su entera confianza, Leonardo Pinilla. Como fiscal le habría pedido un soborno de más de $500 millones al exgobernador Alejandro Lyons en Miami, con ayuda de Pinilla, y por eso ambos están pedidos en extradición por Estados Unidos. (Sobornos a Alejandro Lyons se pidieron vía WhatsApp y Telegram: Fiscalía de EE.UU.)

Se sabe que además de los tres del Congreso ya mencionados, hay otras personas en capilla. Álvaro Ashton es, por el momento, el cuarto salpicado por este escándalo. Cuando Caracol Radio reveló apartes de las grabaciones de Leonardo Pinilla, quien negociando con Lyons el soborno le habría contado de otros “casos de éxito”, el nombre de Ashton salió a flote. Él también ha manifestado públicamente que no ha hecho nada malo, pero según Pinilla, le pagó $300 millones a Moreno. Es la justicia, con este enorme desprestigio a cuestas, la que tiene la tarea de esclarecer qué sobornos se pagaron -o no-.

La Corte Suprema de Justicia continúa en su momento de máxima convulsión y, en este escándalo, el jurista Gustavo Malo se convirtió en el tercer magistrado en pasar al banquillo de investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en donde hay ya dos preliminares contra los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Los tres estarían vinculados a una supuesta red de corrupción dentro del alto tribunal: a cambio de millonarias sumas de dinero habrían incidido en decisiones judiciales.

Ayer martes, la Sala Plena del alto tribunal convocó a una sala extraordinaria. De esa reunión trascendió un hecho inédito para la Corte, pues los magistrados le pidieron a su colega Malo que “se hiciera a un lado” mientras la investigación arroja resultados, algo que sólo se había visto en la Corte Constitucional, cuando la Sala Plena le pidió a Jorge Pretelt que renunciara. Aunque el alto tribunal esperaba conocer la decisión de Malo ayer en la tarde, el magistrado no pudo asistir al resto de la sesión, pues, explicó, su esposa se enfermó.

Hoy se espera conocer la determinación del magistrado, quien, además, es protagonista de otro hecho sin precedentes dentro de la Corte Suprema de Justicia: fueron sus propios compañeros de sala quienes le pidieron a la Comisión de Acusación que lo investigue. La decisión la tomó una sala de instrucción criminal de la Sala Penal que, después de recopilar los testimonios de varios exmagistrados de la Corte y de analizar lo que ha dicho el senador Musa Besaile, encontró mérito suficiente para pedirlo. (Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

Es precisamente la declaración de Besaile ante la Corte Suprema la que ha permitido entrever cómo funcionaba la red de corrupción. Según lo relató el congresista, le pagó $2.000 millones a Gustavo Moreno a principios de 2015 a cambio de frenar una orden de captura en su contra, que supuestamente estaba lista para ser emitida en un proceso que tiene abierto por parapolítica desde 2007. Besaile agregó que detrás de Moreno estaban los exmagistrados Bustos y Ricaurte, y que le pagó la suma al exfiscal porque se sintió "extorsionado".

El magistrado Malo es, precisamente, quien tiene ese proceso desde 2014, dos años después de haber ingresado a la Corte como magistrado titular. Como si estas situaciones no fueran ya bastante, ayer se supo que la Fiscalía va a imputarle el cargo de extorsión agravada a su hija, Yara Malo Benítez, el próximo 30 de octubre. El anuncio lo hizo la vicefiscal María Paulina Riveros, quien aseguró que este caso tiene que ver con una presunta solicitud de dinero que habría hecho Malo Benítez a una fiscal en Bogotá.

El ente investigador asegura que la petición del pago se realizó bajo la amenaza de que, si no le pagaba, movería sus influencias y haría que la funcionara fuera retirada de la entidad o trasladada a un sitio con problemas de orden público. La Fiscalía asegura que esta situación se ha presentado con otros miembros de la entidad y que Yara Malo habría estado involucrada en el nombramiento de los funcionarios posteriormente extorsionados. La fiscal a quien le habría pedido el dinero ya presentó denuncia por esto.

Más indagaciones

Además de la decisión de pedirle a la Comisión de Acusación que revise si hay razones para investigar a su compañero, el magistrado Gustavo Malo Fernández, la Corte Suprema abrió tres indagaciones preliminares: contra Hernán Andrade, senador huilense por el Partido Conservador (recién fue confirmado presidente de la colectividad); contra Luis Alfredo Ramos, excongresista antioqueño por el Partido Alas Equipo Colombia -aunque de origen conservador- y contra Álvaro Asthon, senador del Partido Liberal.

El pasado 15 de agosto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que la DEA le había entregado a la Fiscalía evidencias que indicarían que en la Corte Suprema se había tejido una red de corrupción patrocinada por dos exmagistrados, José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, con el apoyo de quien después se convertiría en jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. De esa red, supuestamente, se habrían beneficiado congresistas o excongresistas como Musa Besaile, Ramos y Andrade.

De ellos tres, el único que hasta ahora ha admitido haber pagado un soborno a cambio de incidir en una decisión judicial es Besaile. Lo hizo dos semanas después del anuncio del fiscal. La semana pasada, una fiscal delegada ante la Corte viajó a Guatemala a oír la declaración de José Reyes, magistrado auxiliar de Gustavo Malo, a quien, presuntamente, Malo le habría pedido la renuncia después de que Reyes hubiera conceptuado que se debía abrir investigación formal contra Musa Besaile.

Andrade y Ramos, sin embargo, han negado hasta ahora haberse involucrado con esta red de corrupción. Ramos, incluso, pidió que se levantara la reserva de su proceso para disipar cualquier duda. Gustavo Moreno alcanzó a ser defensor de ambos, especialmente de Ramos, al punto que cuando fue nombrado fiscal le pasó el caso a un amigo de su entera confianza, Leonardo Pinilla. Como fiscal le habría pedido un soborno de más de $500 millones al exgobernador Alejandro Lyons en Miami, con ayuda de Pinilla, y por eso ambos están pedidos en extradición por Estados Unidos. (Sobornos a Alejandro Lyons se pidieron vía WhatsApp y Telegram: Fiscalía de EE.UU.)

Se sabe que además de los tres del Congreso ya mencionados, hay otras personas en capilla. Álvaro Ashton es, por el momento, el cuarto salpicado por este escándalo. Cuando Caracol Radio reveló apartes de las grabaciones de Leonardo Pinilla, quien negociando con Lyons el soborno le habría contado de otros “casos de éxito”, el nombre de Ashton salió a flote. Él también ha manifestado públicamente que no ha hecho nada malo, pero según Pinilla, le pagó $300 millones a Moreno. Es la justicia, con este enorme desprestigio a cuestas, la que tiene la tarea de esclarecer qué sobornos se pagaron -o no-.