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De la cantidad de imágenes posibles, dos, por el momento, vienen a la memoria de María José Pizarro, hija del exjefe del M-19 y excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez. Una en la playa, de la mano de su padre, cuando era una niña pequeña. Otra, cuando su padre deja las armas, el 8 de marzo de 1990, en el campamento de Santo Domingo en el Cauca. Hoy, 29 años después que fuera asesinado en un avión, en plena campaña a la Casa de Nariño, reclama contra la impunidad y por unir esfuerzos para consolidar la paz en Colombia.
Fue el 26 de abril de 1990. Pizarro abordó el avión HK1400 de Avianca en Bogotá. Iba para Barranquilla. En pleno vuelo, un sicario disparó en contra de la humanidad de Pizarro, arrebatándole la vida a pesar de los esfuerzos médicos, tras un regreso de emergencia a la capital. Menos de un mes atrás, el 22 de marzo de ese año, había sido asesinado a tiros el también candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo. Y el año anterior, el 18 de agosto de 1989, el también candidato presidencial por el partido liberal, Luis Carlos Galán.
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La indignación nacional. El crimen en medio de una oportunidad de paz, ocurrido apenas días después de la firma del acuerdo de paz con el M-19. 29 años después, su muerte sigue impune. El sicario, como se sabe, Gerardo Gutiérrez Uribe, fue asesinado en el mismo vuelo. Tras la declaratoria como de lesa humanidad en 2010, las pesquisas de la Fiscalía llevaron a la captura de Jaime Gómez Muñoz, un antiguo escolta de Pizarro, que disparó en contra del sicario.
La hipótesis es que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad fue infiltrado por la mafia y los paramilitares y que el rol de Jaime Gómez era no dejar cabos sueltos. Era un agente que fue asignado como escolta de Pizarro una semana antes del crimen. María José Pizarro explicó que la audiencia en la que se definirá el futuro del exescolta quedó para agosto de este año. “Es la única persona, está detenido hace dos años. El agente del DAS que tenía que dictarle sentencia y la defensa, a través de un montón de argucias, ha querido dilatar el proceso para que pueda quedar libre”.
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“En los últimos cuatro años los pocos avances que ha tenido el caso se deben al trabajo de ese fiscal, que además no tiene ninguna herramienta investigativa, no tiene policía judicial, investigadores, hacen el trabajo con las uñas. Apenas seguimos casi que una etapa preliminar, han pasado casi tres décadas. Yo no quisiera llegar al próximo año sin que tuviéramos avances significativos en el caso”, agregó Pizarro. Las preguntas son muchas.
“Nos dicen que la Jurisdicción Especial de Paz es una garantía de impunidad y yo pregunto hoy si tenemos más garantías de justicia en la justicia ordinaria. Yo le pregunto eso al fiscal general de la Nación. ¿Va a darle herramientas a sus fiscales para que puedan avanzar en el caso? No es solo un tema de voluntad, es una impunidad que parece casi definida desde las altas esferas de la justicia. No tenemos avances significativos en este caso”, añade.
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La injusticia contrasta, según Pizarro, con el apoyo ciudadano que ha recibido y que le permitió llegar al Congreso de la República. Es, en sus palabras, la reparación que no ha sido capaz de entregarle el Estado colombiano 29 años de paz, ante la falta de justicia y de verdad. “Estamos viviendo un instante de paz, particularmente similar al que se dio en los años 90. Tenemos aún vigente la Constitución de 1991 que es el legado mayor de mi padre, yo creo”, precisó Pizarro, quien este viernes llevó una ofrenda floral a la tumba de su padre.
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