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“Le puedo dar la tranquilidad al país que en esta Fiscalía no habrá privilegio alguno”. Con estas palabras, el fiscal general Francisco Barbosa se refirió a las últimas medidas que ha tomado su administración frente al caso de un laboratorio para producir cocaína y el supuesto vínculo que hay con el embajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, dueño del predio en donde se encontró el lugar de procesamiento de drogas.
En entrevista con El Tiempo, el fiscal señaló que todo está listo para vincular al embajador en la investigación por este caso. “La semana pasada ordené la asignación a un fiscal ante la Corte Suprema (...) La finca del embajador fue destinada para tener un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína”, explicó Barbosa, quien agregó detalles de la operación que llevó a la incautación de siete toneladas de insumos químicos y 10 kilos de cocaína.
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El embajador Sanclemente, añadió el fiscal, tendrá que explicar cómo no se percató de tamaña operación. Por su parte, la defensa del embajador se declaró desconcertada con los señalamientos del fiscal Barbosa y agregó que la Fiscalía no tiene pruebas en contra de su cliente. Agregaron además que el embajador no ejercía ningún dominio sobre el predio en donde estaba funcionando el laboratorio.
De acuerdo con los investigadores del caso, el lugar estaba bien oculto entre varios árboles y, para su hallazgo, fue clave la ayuda de autoridades estadounidenses en cabeza del Homeland Security Investigations (HSI) y el el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). Sus investigaciones y operaciones en el país les permitió identificar a una banda de narcotráfico localizada entre Cundinamarca y Boyacá.
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Otra pista que tenían los investigadores norteamericanos es que la cocaína estaba saliendo por el aeropuerto El Dorado. Una fuente humana fue la clave para dar con las coordenadas del laboratorio en Guasca. Hasta allí llegaron agentes de Policía Judicial, Dijín y Antinarcóticos, quienes, en la mañana del miércoles 12 de febrero, entraron a ocuparon la finca. Durante el operativo, las autoridades incautaron siete toneladas de insumos químicos y 10 kilos de coca procesados.
Además, encontraron microondas, centrifugadoras, prensadoras, moldes y demás artículos propios de un laboratorio. Además, la Fiscalía asegura que a Pablo Castillo, uno de los cinco capturados ese días, le encontraron una arma, sin que pudiera presentar el permiso para tenerla. Por eso, el ente investigador le imputó el cargo de porte ilegal de armas de fuego. Durante el operativo, cuando la Policía procedió a incinerar el centro de procesamiento de drogas, el fuego se salió de control y consumió un bosque aledaño.
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El pasado 26 de febrero se supo que el embajador Sanclemente pidió una licencia para preparar su defensa frente a este episodio. En ese momento se supo que aunque el predio donde se encontró el laboratorio tiene participación 50-50 entre la familia Sanclemente y los Spiwak, dueños de la cadena hotelera Dann, ninguno de los dos manifestó tener relación con dicho laboratorio con capacidad para procesar una tonelada mensual de cocaína.
“La familia Sanclemente y la Organización DANN se sienten sorprendidos y víctimas de los eventuales hallazgos, y en consecuencia prestarán como corresponde todo el apoyo que demanden las autoridades para esclarecer esta penosa situación”, señaló Sanclemente en un comunicado, expresando, además, que su hermano, antes de posesionarse como embajador, se desempeña como el representante legal de la finca.