Los dilemas alrededor del aborto en Colombia durante la pandemia

Desde el pasado 23 de marzo, algunos gobiernos locales en Estados Unidos como Ohio y Texas decidieron tomar cartas en el asunto ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, cuya cifra de contagios y fallecidos ha superado la de cualquier otro país en el mundo: unos 776.000 y más de 41.700, respectivamente. A raíz de las medidas adoptadas por estos dos estados, se han detenido las operaciones en las clínicas de aborto, tras considerar estos procedimientos “no esenciales” en contraste con la pandemia del coronavirus. Además, se pretende “ahorrar equipo y espacio hospitalario” que serviría para asistir la emergencia nacional de salud.

Brasil es el país de la región que más contagios confirmados tiene (van por encima de los 40.000, según su Ministerio de Salud Pública). Allí, un poco más de la mitad de la población —50,8 % para ser más exactos— son mujeres. Y, en medio de esta coyuntura, se ha limitado el acceso a estos procedimientos, según le confirmó a este diario Catalina Martínez, coordinadora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos. Se trata de la misma organización que ha presentado varias demandas ante estrados judiciales estadounidenses para desbloquear las restricciones que se han impuesto en seis estados de ese país.

(Le puede interesar: El aborto en Colombia seguirá tal y como estaba, decide la Corte Constitucional)

“Hay algunos estados en México que también están negando el acceso a los servicios. En ninguna circunstancia deben imponer restricciones”, aseveró Martínez. Qué manejo darle al tema del aborto es un reto que hoy enfrentan prácticamente todos los países del mundo y Colombia, por supuesto, no es la excepción. Oriéntame para Decidir habló con este diario y dijo que, “en comparación con otros servicios de salud, el acceso a servicios de aborto legal ha sido difícil históricamente por todo el estigma que conlleva. Esta situación, ya grave, se agudiza en crisis sanitarias, la alta demanda de servicios de salud reduce aún más las pocas opciones de atención”.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano trata de que el derecho a interrumpir el embarazo —bajo tres causales específicas, reconocidas por la Corte Constitucional desde 2006— no sucumba ante la emergencia. Por eso, entre sus decisiones recientes está la resolución 0536 de 2020 con la cual se adoptó el “Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19)”. La resolución tiene como objetivo “organizar la prestación de servicios de salud hospitalarios y de urgencias brindados a la población colombiana en el marco de la pandemia”.

(En contexto: Los argumentos claves del magistrado Linares para pedir aborto libre hasta la semana 16)

En el documento se especifica que se deben garantizar el acceso a urgencias y a otros servicios de salud tan importantes como la atención de la pandemia. “Se ha pasado por alto en el debate público que, durante el COVID-19, las necesidades de salud sexual y reproductiva de las personas en Colombia no paran. Las personas aún necesitan prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual y, también hay que decirlo, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Son servicios esenciales y las autoridades y entidades del sistema de salud tienen que asegurar que sigan funcionando durante la respuesta a la pandemia”, señala Profamilia.

Las tres causales bajo las que está permitido abortar en Colombia no han cambiado desde hace 14 años. Desde 2006, un fallo de la Corte Constitucional estableció que se considera que no es delito interrumpir un embarazo si la salud —mental o física— de la mujer corre peligro, si el feto presenta una malformación que lo hace incompatible con la vida o si la gestación es producto de violación o incesto. Es delito en cualquier otra situación. El año pasado llegaron dos nuevas demandas a la Corte pidiendo que se reversaran esas causales y, aunque el tema generó un amplio debate a comienzos de este año en el país, nada cambió.

(En contexto: La pelea por el aborto libre: las 14 barreras identificadas por la Corte Constitucional)

Ante la emergencia y las necesidades que no paran, “la interrupción del embarazo es una urgencia, no se puede posponer”, asegura el doctor Jorge Caro, médico especialista de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. “Nos estábamos preparando para la llegada del COVID-19. En mi hospital y en el hospital de La Victoria (en Bogotá) la única ruta que no modificamos fue la de interrupción simultánea del embarazo. Inclusive ampliamos y pusimos dos consultorios en el CAP de la Perseverancia, donde se están haciendo consultas por interrupción voluntaria del embarazo y procedimientos igual que todos los días”, explica Caro.

Carolina Triviño, abogada de atención de casos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, le dijo a El Espectador que se han identificado, al menos, tres nuevas barreras para acceder a los servicios de interrupción del embarazo —adicional a la larga lista ya existente—. “Las EPS están tratando la atención de IVE como un servicio de salud no prioritario por el coronavirus. Dilatan la atención e incumplen los términos legales para dar respuesta a las solicitudes que son cinco días calendario”, añade Triviño. Ante las negativas, la Mesa, en articulación con la Defensoría del Pueblo, ya han radicado tres tutelas en lo que va de la cuarentena.

(Le puede interesar: El panorama del aborto en el mundo y en los tratados internacionales)

El problema en estos casos, según el doctor Caro, “es el desconocimiento de los derechos de las mujeres. Empieza con el médico y luego pasa a las instancias administrativas. Cuando la mujer, después de consultar dos, tres veces, por fin da con alguien que reconoce su derecho, ya tiene una edad gestacional avanzada y los procedimientos se dificultan”. Según la Mesa Por la Vida, la virtualidad, que ha venido tan bien en el aislamiento, juega un papel en contra. La atención y los trámites implican un dolor de cabeza para las mujeres que no cuentan con tecnología —o no la saben usar— para acceder a información o solicitar el procedimiento.

En Colombia, la coyuntura del COVID-19 ha profundizado barreras que las mujeres enfrentan para acceder al aborto. De nada sirve la autorización de una EPS si no existe manera de llegar al centro asistencial o recursos para lograrlo. Sobre todo, cuando deben desplazarse a otras ciudades. Por otra parte, muchas mujeres están aisladas con familiares o parejas que no están de acuerdo con el aborto, lo que no solo es una barrera para que ellas puedan acceder a la IVE de forma segura, sino que también las puede poner en mayor riesgo. Entidades estatales y privadas ya han documentado que, en la pandemia, la violencia de género se ha disparado.

(Le recomendamos leer: “El aborto como anticonceptivo, imposible”: mujer que interrumpió su embarazo)

Según estas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres, es importante que ellas sepan que sus derechos no están suspendidos durante el aislamiento y que pueden acceder al aborto legal incluso en momentos como este, en que el nuevo coronavirus es la prioridad. Así mismo, piden impulsar más campañas que despejen las dudas, y también los temores, de las mujeres frente a las opciones con que cuentan para realizarse un aborto seguro. A pesar de los esfuerzos vigentes del Gobierno, las organizaciones piden establecer lineamientos más concretos para garantizar estos servicios en tiempos del COVID-19.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

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Desde el pasado 23 de marzo, algunos gobiernos locales en Estados Unidos como Ohio y Texas decidieron tomar cartas en el asunto ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, cuya cifra de contagios y fallecidos ha superado la de cualquier otro país en el mundo: unos 776.000 y más de 41.700, respectivamente. A raíz de las medidas adoptadas por estos dos estados, se han detenido las operaciones en las clínicas de aborto, tras considerar estos procedimientos “no esenciales” en contraste con la pandemia del coronavirus. Además, se pretende “ahorrar equipo y espacio hospitalario” que serviría para asistir la emergencia nacional de salud.

Brasil es el país de la región que más contagios confirmados tiene (van por encima de los 40.000, según su Ministerio de Salud Pública). Allí, un poco más de la mitad de la población —50,8 % para ser más exactos— son mujeres. Y, en medio de esta coyuntura, se ha limitado el acceso a estos procedimientos, según le confirmó a este diario Catalina Martínez, coordinadora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos. Se trata de la misma organización que ha presentado varias demandas ante estrados judiciales estadounidenses para desbloquear las restricciones que se han impuesto en seis estados de ese país.

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“Hay algunos estados en México que también están negando el acceso a los servicios. En ninguna circunstancia deben imponer restricciones”, aseveró Martínez. Qué manejo darle al tema del aborto es un reto que hoy enfrentan prácticamente todos los países del mundo y Colombia, por supuesto, no es la excepción. Oriéntame para Decidir habló con este diario y dijo que, “en comparación con otros servicios de salud, el acceso a servicios de aborto legal ha sido difícil históricamente por todo el estigma que conlleva. Esta situación, ya grave, se agudiza en crisis sanitarias, la alta demanda de servicios de salud reduce aún más las pocas opciones de atención”.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano trata de que el derecho a interrumpir el embarazo —bajo tres causales específicas, reconocidas por la Corte Constitucional desde 2006— no sucumba ante la emergencia. Por eso, entre sus decisiones recientes está la resolución 0536 de 2020 con la cual se adoptó el “Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19)”. La resolución tiene como objetivo “organizar la prestación de servicios de salud hospitalarios y de urgencias brindados a la población colombiana en el marco de la pandemia”.

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En el documento se especifica que se deben garantizar el acceso a urgencias y a otros servicios de salud tan importantes como la atención de la pandemia. “Se ha pasado por alto en el debate público que, durante el COVID-19, las necesidades de salud sexual y reproductiva de las personas en Colombia no paran. Las personas aún necesitan prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual y, también hay que decirlo, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Son servicios esenciales y las autoridades y entidades del sistema de salud tienen que asegurar que sigan funcionando durante la respuesta a la pandemia”, señala Profamilia.

Las tres causales bajo las que está permitido abortar en Colombia no han cambiado desde hace 14 años. Desde 2006, un fallo de la Corte Constitucional estableció que se considera que no es delito interrumpir un embarazo si la salud —mental o física— de la mujer corre peligro, si el feto presenta una malformación que lo hace incompatible con la vida o si la gestación es producto de violación o incesto. Es delito en cualquier otra situación. El año pasado llegaron dos nuevas demandas a la Corte pidiendo que se reversaran esas causales y, aunque el tema generó un amplio debate a comienzos de este año en el país, nada cambió.

(En contexto: La pelea por el aborto libre: las 14 barreras identificadas por la Corte Constitucional)

Ante la emergencia y las necesidades que no paran, “la interrupción del embarazo es una urgencia, no se puede posponer”, asegura el doctor Jorge Caro, médico especialista de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. “Nos estábamos preparando para la llegada del COVID-19. En mi hospital y en el hospital de La Victoria (en Bogotá) la única ruta que no modificamos fue la de interrupción simultánea del embarazo. Inclusive ampliamos y pusimos dos consultorios en el CAP de la Perseverancia, donde se están haciendo consultas por interrupción voluntaria del embarazo y procedimientos igual que todos los días”, explica Caro.

Carolina Triviño, abogada de atención de casos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, le dijo a El Espectador que se han identificado, al menos, tres nuevas barreras para acceder a los servicios de interrupción del embarazo —adicional a la larga lista ya existente—. “Las EPS están tratando la atención de IVE como un servicio de salud no prioritario por el coronavirus. Dilatan la atención e incumplen los términos legales para dar respuesta a las solicitudes que son cinco días calendario”, añade Triviño. Ante las negativas, la Mesa, en articulación con la Defensoría del Pueblo, ya han radicado tres tutelas en lo que va de la cuarentena.

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El problema en estos casos, según el doctor Caro, “es el desconocimiento de los derechos de las mujeres. Empieza con el médico y luego pasa a las instancias administrativas. Cuando la mujer, después de consultar dos, tres veces, por fin da con alguien que reconoce su derecho, ya tiene una edad gestacional avanzada y los procedimientos se dificultan”. Según la Mesa Por la Vida, la virtualidad, que ha venido tan bien en el aislamiento, juega un papel en contra. La atención y los trámites implican un dolor de cabeza para las mujeres que no cuentan con tecnología —o no la saben usar— para acceder a información o solicitar el procedimiento.

En Colombia, la coyuntura del COVID-19 ha profundizado barreras que las mujeres enfrentan para acceder al aborto. De nada sirve la autorización de una EPS si no existe manera de llegar al centro asistencial o recursos para lograrlo. Sobre todo, cuando deben desplazarse a otras ciudades. Por otra parte, muchas mujeres están aisladas con familiares o parejas que no están de acuerdo con el aborto, lo que no solo es una barrera para que ellas puedan acceder a la IVE de forma segura, sino que también las puede poner en mayor riesgo. Entidades estatales y privadas ya han documentado que, en la pandemia, la violencia de género se ha disparado.

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Según estas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres, es importante que ellas sepan que sus derechos no están suspendidos durante el aislamiento y que pueden acceder al aborto legal incluso en momentos como este, en que el nuevo coronavirus es la prioridad. Así mismo, piden impulsar más campañas que despejen las dudas, y también los temores, de las mujeres frente a las opciones con que cuentan para realizarse un aborto seguro. A pesar de los esfuerzos vigentes del Gobierno, las organizaciones piden establecer lineamientos más concretos para garantizar estos servicios en tiempos del COVID-19.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

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