Los excapitanes de la Guardia Bolivariana que habrían traficado con el “Loco” Barrera y “Comba”

La justicia de Estados Unidos asegura que entre Venezuela y Colombia, por medio del llamado Cartel de los Soles y las Farc, se tejió un complot de narcoterrorismo para introducir cocaína a ese país y también usarla como arma en contra de la población estadounidense. En esa conspiración habrían participado, además del presidente Nicolás Maduro —quien negó la acusación y la tildó de “extravagantemente extremista”—, antiguos oficiales que un día fueron orgánicos al chavismo, como los generales (r) Hugo Carvajal y Clíver Alcalá. Y también funcionarios venezolanos que, aunque ostentaban rangos menores, también habrían sido piezas claves en este negocio de narcotráfico.

Así es como aparecen otros nombres que hoy son relevantes tanto para Estados Unidos y Venezuela como para Colombia: Vassyly Villarroel Ramírez, alias Mauro o Ángel, Rafael Villasana Fernández y Adriana Zunilde Suppa Peñate, alias La Gorda. Por ellos no se está ofreciendo recompensa para dar con su paradero, por una razón básica: la ubicación de Villarroel y de Villasana parece estar confirmada. Ambos están bajo la tutela del Estado venezolano, que los detuvo en 2015 y 2016, respectivamente. De Suppa Peñate, en cambio, no hay ningún indicio de que su detención se haya dado en los últimos años. Los tres hacen parte del “régimen venezolano corrupto”, según Estados Unidos.

(Lea también: El general (r) venezolano Clíver Alcalá: de las filas de Chávez a colaborar con la DEA)

El indictment (acusación) en su contra, sin embargo, o los señalamientos por nexos non sanctos con narcos colombianos, son un asunto de vieja data. El documento fue radicado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York en marzo de 2011 y la fiscal que confirmó la acusación en 2013 fue nada más y nada menos que Loretta Lynch, la segunda mujer (y primera mujer negra) en convertirse en fiscal general de EE.UU. Allí se lee que ellos participaron en la comercialización de, cuando menos, 52 toneladas de cocaína entre 2004 y 2009, época en que en Venezuela el presidente era Hugo Chávez. Para EE.UU., todo el Cartel de los Soles surgió en 1999, año en que Chávez llegó al Palacio de Miraflores.

Vassyly Villarroel y Rafael Villasana son capitanes retirados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y, de acuerdo con el indictment, se aprovecharon de su cargo y “arreglaba(n) el traslado de la cocaína desde la frontera colombiana a Caracas, Venezuela, y desde Caracas a varios aeropuertos y puertos marítimos usando vehículos oficiales del Gobierno, incluidos camiones y carros”. Pero el tema, según han documentado las agencias estadounidenses, iba mucho más allá de una tarea operativa. Así lo dejó saber en agosto de 2013 Adam J. Szubin, entonces director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), cuando Villarroel ingresó a la Lista Clinton.

(Lea tambien: Honduras, Maiquetía y otras revelaciones que figuran en el “indictment” contra Maduro)

Lo que explicó Szubin en ese momento fue que Vassyly Villarroel actuó como socio de pesos pesados del narcotráfico colombiano como Daniel El Loco Barrera o Javier Antonio Calle Serna, alias Comba. El primero, uno de los más grandes narcotraficantes que ha visto el país en la última década, fue detenido en San Cristóbal, Venezuela, ciudad que se encuentra a menos de dos horas de Cúcuta, en septiembre de 2012. El segundo se entregó a la DEA en mayo del mismo año. Szubin agregó que Villarroel “proveyó seguridad y protección” a cargamentos de droga en el aeropuerto internacional de Maiquetía (Caracas) que “beneficiaban” a carteles mexicanos como el de Sinaloa y Los Zetas.

En julio de 2015, Vassyly Villarroel fue detenido por las autoridades venezolanas que, en vez de entregarlo a los Estados Unidos, optaron por procesarlo en su propio territorio. El ministro de Justicia de ese país para la fecha, Gustavo González, confirmó la captura y señaló que Villarroel también estaba involucrado con Frank Tello, un narcotraficante con el cual, supuestamente, “trasladaban cocaína desde Colombia a México y luego ingresaban a territorio norteamericano”. La Fiscalía del vecino país presentó seis cargos en su contra: narcotráfico, lavado de activos, asociación para delinquir, ocultamiento de armas de fuego y de guerra, uso de documentos falsos y usurpación de identidad.

Un año más tarde, en mayo de 2016, la Fiscalía envió una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia y quedó en manos del magistrado Maikel Moreno, hoy presidente del alto tribunal. Estados Unidos, según anunció el fiscal general William Barr el pasado jueves 26 de marzo, también va por la cabeza de Moreno, pues no entiende cómo, por ejemplo, ganando anualmente no más de US12.000 y con el devaluado peso venezolano, estuvo en la capacidad de mover US$700.000 de una cuenta de Miami a una en Puerto Rico en 2017. La justicia estadounidense cree que ese dinero proviene de actividades ilícitas, y que él ha lavado “decenas de millones de dólares” de sobornos o de actos corruptos de la justicia venezolana.

En su momento, lo que le dijo la Fiscalía venezolana al magistrado Moreno fue que era necesario sacar el caso de Villarroel de Anzoátegui porque allí no había garantías para hacer su trabajo sin obstáculos. Y, en este proceso, un obstáculo era “el permanecer esa causa (proceso) en una zona geográfica(El Tigre)conocida como una de las más utilizadas por estas organizaciones delictivas para cometer delitos de tráfico de drogas y, por ende, legitimar capitales producto de esa actividad ilícita”. El Tigre, casualmente, es el lugar donde nació el magistrado Moreno. En esa ocasión, él aceptó la solicitud y ordenó el traslado del expediente para el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Desde entonces, de su caso no se sabe mucho. El Espectador preguntó a fuentes del Gobierno venezolano si finalmente fue extraditado, pero al cierre de esta edición no habían contestado. En la página del Gobierno estadounidense, donde se indica el lugar de reclusión de cada interno, no aparecen ni él ni Villasana, quien fue llamado a juicio en mayo de 2016. Según el portal Cuentas Claras Digital, especializado en temas de corrupción y blanqueo de capitales, lo acusaron “por presuntamente estar vinculado con hechos de legitimación de capitales, a través de empresas de maletín que poseía en conjunto con el capitán retirado de ese mismo componente castrense Vasily Kotosky Villarroel”.

A Villasana lo capturó el comando antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana —a la que él mismo perteneció— el 13 de marzo de 2016 en una posada cerca del Parque Nacional Morrocoy, una reserva marina y joya venezolana. Quien divulgó la noticia de su arresto fue el general Néstor Reverol, entonces comandante de la GNB. A él también lo quiere hoy la justicia estadounidense: según el indictment en su contra, que se radicó en enero de 2015, Reverol, mientras fue cabeza de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), recibió dineros calientes a cambio de ayudar a narcotraficantes. La droga, supuestamente, salía de Colombia hacia Venezuela y de ahí hacia Centroamérica.

En la misma acusación contra el general Reverol aparece Edylberto Molina, quien era subdirector de la ONA y ahora es viceministro del Sistema Integrado de la Policía. Según el periodista venezolano Casto Ocando, radicado en Miami, Molina ya está negociando con la DEA para entregarse, lo cual ya ocurrió con el general(r)Clíver Alcalá, a quien la DEA se llevó de Barranquilla para Estados Unidos el viernes pasado. Molina, sin embargo, a través del portal del canal oficial Venezolana de Televisión, lo desmintió y dijo que “jamás” negociará su dignidad. “Eso no se negocia. Sigo firme al país, a la revolución y a nuestra patria, siendo leal a mi comandante en jefe (Nicolás Maduro)”, expresó.

(Lea también: Los efectos de ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro)

De Adriana Suppa Peñate, en cambio, no se sabe más que lo que contiene el indictment en su contra: que, como agente de aduanas, hacía los arreglos necesarios para ubicar la cocaína que entraba desde Colombia en portacontenedores, que salían desde puertos venezolanos hacia Puerto Cabello, en México. El fiscal William Barr anunció todos estos cargos —a pesar de que algunos llevan años ya radicados, como los de Villarroel, Villasana y Suppa Peñate— el pasado jueves 26 de marzo, señalando que así se comprobaba que en Venezuela se enquistó un régimen corrupto gobernado en nombre de los intereses del Cartel de los Soles y en alianza con las antiguas Farc.

“Estas acusaciones exponen la corrupción sistémica y devastadora en los más altos niveles del régimen de Maduro”, dijo ese jueves Uttam Dhillon, administrador(e)de la DEA. Analistas políticos, sin embargo, se han preguntado si acaso el presidente Trump quiso hacerle ruido a este asunto justo ahora para desviar la atención de su manejo del nuevo coronavirus en EE.UU., donde reporta casi 160.000 contagios y cerca de 3.000 muertes. Este lunes 30 de marzo, Nicolás Maduro envió una carta a “gobiernos del mundo”, en la que señaló que Estados Unidos, al ofrecer recompensas para capturarlo a él y a otros líderes del chavismo, “está conduciendo a un peligroso momento de tensión en el continente”.

La justicia de Estados Unidos asegura que entre Venezuela y Colombia, por medio del llamado Cartel de los Soles y las Farc, se tejió un complot de narcoterrorismo para introducir cocaína a ese país y también usarla como arma en contra de la población estadounidense. En esa conspiración habrían participado, además del presidente Nicolás Maduro —quien negó la acusación y la tildó de “extravagantemente extremista”—, antiguos oficiales que un día fueron orgánicos al chavismo, como los generales (r) Hugo Carvajal y Clíver Alcalá. Y también funcionarios venezolanos que, aunque ostentaban rangos menores, también habrían sido piezas claves en este negocio de narcotráfico.

Así es como aparecen otros nombres que hoy son relevantes tanto para Estados Unidos y Venezuela como para Colombia: Vassyly Villarroel Ramírez, alias Mauro o Ángel, Rafael Villasana Fernández y Adriana Zunilde Suppa Peñate, alias La Gorda. Por ellos no se está ofreciendo recompensa para dar con su paradero, por una razón básica: la ubicación de Villarroel y de Villasana parece estar confirmada. Ambos están bajo la tutela del Estado venezolano, que los detuvo en 2015 y 2016, respectivamente. De Suppa Peñate, en cambio, no hay ningún indicio de que su detención se haya dado en los últimos años. Los tres hacen parte del “régimen venezolano corrupto”, según Estados Unidos.

(Lea también: El general (r) venezolano Clíver Alcalá: de las filas de Chávez a colaborar con la DEA)

El indictment (acusación) en su contra, sin embargo, o los señalamientos por nexos non sanctos con narcos colombianos, son un asunto de vieja data. El documento fue radicado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York en marzo de 2011 y la fiscal que confirmó la acusación en 2013 fue nada más y nada menos que Loretta Lynch, la segunda mujer (y primera mujer negra) en convertirse en fiscal general de EE.UU. Allí se lee que ellos participaron en la comercialización de, cuando menos, 52 toneladas de cocaína entre 2004 y 2009, época en que en Venezuela el presidente era Hugo Chávez. Para EE.UU., todo el Cartel de los Soles surgió en 1999, año en que Chávez llegó al Palacio de Miraflores.

Vassyly Villarroel y Rafael Villasana son capitanes retirados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y, de acuerdo con el indictment, se aprovecharon de su cargo y “arreglaba(n) el traslado de la cocaína desde la frontera colombiana a Caracas, Venezuela, y desde Caracas a varios aeropuertos y puertos marítimos usando vehículos oficiales del Gobierno, incluidos camiones y carros”. Pero el tema, según han documentado las agencias estadounidenses, iba mucho más allá de una tarea operativa. Así lo dejó saber en agosto de 2013 Adam J. Szubin, entonces director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), cuando Villarroel ingresó a la Lista Clinton.

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Lo que explicó Szubin en ese momento fue que Vassyly Villarroel actuó como socio de pesos pesados del narcotráfico colombiano como Daniel El Loco Barrera o Javier Antonio Calle Serna, alias Comba. El primero, uno de los más grandes narcotraficantes que ha visto el país en la última década, fue detenido en San Cristóbal, Venezuela, ciudad que se encuentra a menos de dos horas de Cúcuta, en septiembre de 2012. El segundo se entregó a la DEA en mayo del mismo año. Szubin agregó que Villarroel “proveyó seguridad y protección” a cargamentos de droga en el aeropuerto internacional de Maiquetía (Caracas) que “beneficiaban” a carteles mexicanos como el de Sinaloa y Los Zetas.

En julio de 2015, Vassyly Villarroel fue detenido por las autoridades venezolanas que, en vez de entregarlo a los Estados Unidos, optaron por procesarlo en su propio territorio. El ministro de Justicia de ese país para la fecha, Gustavo González, confirmó la captura y señaló que Villarroel también estaba involucrado con Frank Tello, un narcotraficante con el cual, supuestamente, “trasladaban cocaína desde Colombia a México y luego ingresaban a territorio norteamericano”. La Fiscalía del vecino país presentó seis cargos en su contra: narcotráfico, lavado de activos, asociación para delinquir, ocultamiento de armas de fuego y de guerra, uso de documentos falsos y usurpación de identidad.

Un año más tarde, en mayo de 2016, la Fiscalía envió una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia y quedó en manos del magistrado Maikel Moreno, hoy presidente del alto tribunal. Estados Unidos, según anunció el fiscal general William Barr el pasado jueves 26 de marzo, también va por la cabeza de Moreno, pues no entiende cómo, por ejemplo, ganando anualmente no más de US12.000 y con el devaluado peso venezolano, estuvo en la capacidad de mover US$700.000 de una cuenta de Miami a una en Puerto Rico en 2017. La justicia estadounidense cree que ese dinero proviene de actividades ilícitas, y que él ha lavado “decenas de millones de dólares” de sobornos o de actos corruptos de la justicia venezolana.

En su momento, lo que le dijo la Fiscalía venezolana al magistrado Moreno fue que era necesario sacar el caso de Villarroel de Anzoátegui porque allí no había garantías para hacer su trabajo sin obstáculos. Y, en este proceso, un obstáculo era “el permanecer esa causa (proceso) en una zona geográfica(El Tigre)conocida como una de las más utilizadas por estas organizaciones delictivas para cometer delitos de tráfico de drogas y, por ende, legitimar capitales producto de esa actividad ilícita”. El Tigre, casualmente, es el lugar donde nació el magistrado Moreno. En esa ocasión, él aceptó la solicitud y ordenó el traslado del expediente para el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Desde entonces, de su caso no se sabe mucho. El Espectador preguntó a fuentes del Gobierno venezolano si finalmente fue extraditado, pero al cierre de esta edición no habían contestado. En la página del Gobierno estadounidense, donde se indica el lugar de reclusión de cada interno, no aparecen ni él ni Villasana, quien fue llamado a juicio en mayo de 2016. Según el portal Cuentas Claras Digital, especializado en temas de corrupción y blanqueo de capitales, lo acusaron “por presuntamente estar vinculado con hechos de legitimación de capitales, a través de empresas de maletín que poseía en conjunto con el capitán retirado de ese mismo componente castrense Vasily Kotosky Villarroel”.

A Villasana lo capturó el comando antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana —a la que él mismo perteneció— el 13 de marzo de 2016 en una posada cerca del Parque Nacional Morrocoy, una reserva marina y joya venezolana. Quien divulgó la noticia de su arresto fue el general Néstor Reverol, entonces comandante de la GNB. A él también lo quiere hoy la justicia estadounidense: según el indictment en su contra, que se radicó en enero de 2015, Reverol, mientras fue cabeza de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), recibió dineros calientes a cambio de ayudar a narcotraficantes. La droga, supuestamente, salía de Colombia hacia Venezuela y de ahí hacia Centroamérica.

En la misma acusación contra el general Reverol aparece Edylberto Molina, quien era subdirector de la ONA y ahora es viceministro del Sistema Integrado de la Policía. Según el periodista venezolano Casto Ocando, radicado en Miami, Molina ya está negociando con la DEA para entregarse, lo cual ya ocurrió con el general(r)Clíver Alcalá, a quien la DEA se llevó de Barranquilla para Estados Unidos el viernes pasado. Molina, sin embargo, a través del portal del canal oficial Venezolana de Televisión, lo desmintió y dijo que “jamás” negociará su dignidad. “Eso no se negocia. Sigo firme al país, a la revolución y a nuestra patria, siendo leal a mi comandante en jefe (Nicolás Maduro)”, expresó.

(Lea también: Los efectos de ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro)

De Adriana Suppa Peñate, en cambio, no se sabe más que lo que contiene el indictment en su contra: que, como agente de aduanas, hacía los arreglos necesarios para ubicar la cocaína que entraba desde Colombia en portacontenedores, que salían desde puertos venezolanos hacia Puerto Cabello, en México. El fiscal William Barr anunció todos estos cargos —a pesar de que algunos llevan años ya radicados, como los de Villarroel, Villasana y Suppa Peñate— el pasado jueves 26 de marzo, señalando que así se comprobaba que en Venezuela se enquistó un régimen corrupto gobernado en nombre de los intereses del Cartel de los Soles y en alianza con las antiguas Farc.

“Estas acusaciones exponen la corrupción sistémica y devastadora en los más altos niveles del régimen de Maduro”, dijo ese jueves Uttam Dhillon, administrador(e)de la DEA. Analistas políticos, sin embargo, se han preguntado si acaso el presidente Trump quiso hacerle ruido a este asunto justo ahora para desviar la atención de su manejo del nuevo coronavirus en EE.UU., donde reporta casi 160.000 contagios y cerca de 3.000 muertes. Este lunes 30 de marzo, Nicolás Maduro envió una carta a “gobiernos del mundo”, en la que señaló que Estados Unidos, al ofrecer recompensas para capturarlo a él y a otros líderes del chavismo, “está conduciendo a un peligroso momento de tensión en el continente”.