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El exalcalde Samuel Moreno Rojas, el excongresista Iván Moreno Rojas y la madre de ambos, María Eugenia Rojas, más conocida como la Capitana, pidieron pista en el lugar en que menos se esperaba: la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En un documento enviado a la jurisdicción transicional en noviembre pasado, los tres descendientes del general Gustavo Rojas Pinilla pidieron ser admitidos como terceros civiles en el conflicto. (Condenan a 39 años y 8 meses de prisión al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno)
Fuentes de la JEP le contaron a este diario que en la solicitud, de cinco páginas, ellos explicaron que tenían mucha información para aportarle al país y a ese sistema de justicia en relación con la historia del conflicto en Colombia. Especialmente en relación con el gobierno de Rojas Pinilla, quien llegó al poder en 1953 como comandante de las Fuerzas Militares colombianas, luego de que estas derrocaran al presidente Laureano Gómez.
Se trata de un caso con varias particularidades, incluso para la JEP. Rojas Pinilla se mantuvo como jefe de Estado hasta 1957, tiempo en el que, por ejemplo, se cometió la masacre de 13 estudiantes de la Universidad Nacional (1954) o se instauró la censura y fueron obligados a cerrar periódicos como El Tiempo y El Espectador (1955). En 1957 aceptó retirarse y al año siguiente comenzó el llamado Frente Nacional. (Corte Constitucional tumba “listado” de delitos por los que civiles podían entrar en la JEP)
El paso de Rojas Pinilla por el poder fue trascendental para la llamada época de la Violencia, que es el conflicto interno que Colombia ha vivido desde entonces. La creación del Frente Nacional, que significaba la alternancia del poder entre liberales y conservadores, fue un portazo en la cara para cualquier otra posibilidad política. Rojas Pinilla logró que las guerrillas liberales dejaran las armas, pero declaró ilegal la práctica del comunismo y de esta decisión, en 1964, surgieron las Farc.
Lo que no es claro es si a la JEP le interesa adentrarse en los orígenes de la Violencia de esa forma, pues su mandato tiene que ver más con el conflicto interno. “Su petición de someterse como terceros no es muy clara”, le dijo una fuente de la jurisdicción especial a este diario. “Hay más de 900 solicitudes por delante de la de ellos, primero deben resolverse esas antes de darles respuesta a los Moreno Rojas”, señaló otra fuente.
Lo que deben demostrar los civiles que quieren llegar a la JEP es que sus casos o pretensiones están relacionados directa o indirectamente con el conflicto colombiano. Pero tanto Samuel como Iván Moreno Rojas están ambos condenados por hechos de corrupción, enmarcados en lo que se conoce como el carrusel de la contratación: consistía en pedir “tajadas” de los contratos que otorgaba el Distrito de Bogotá cuando Samuel Moreno era el alcalde de la ciudad.
María Eugenia Rojas, por su parte, no tiene ninguna condena a cuestas, por lo que la aparición de su nombre en la solicitud ante la JEP resulta aún más sorpresiva. Esta petición, no obstante, tardará en tener resolución. En diciembre pasado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas agrupó las solicitudes de terceros en siete temáticas para tratar de tramitarlas más rápido, pero con corte a octubre 30. Como la de los Moreno Rojas llegó en noviembre, tendrá que esperar a que se resuelvan primero las otras 917 que están en fila.