Sor Teresa Gómez, condenada por el despojo paramilitar en Tulapas

El nombre de Sor Teresa Gómez es sinónimo de la violencia y el despojo paramilitar en el Urabá antioqueño y Córdoba. Fue la encargada de hacer realidad el proyecto de expansión con el que los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas, pretendían hacerse a ricas y numeras tierras de campesinos, con violencia y a cambio de pírricos precios en los años 90. Con al menos dos condenas por ello, Gómez reconoció su responsabilidad, se acogió a sentencia anticipada y un juzgado antioqueño la acaba de condenar —otra vez— a doce años de prisión. El fallo envuelve los hechos de Tulapas, la región del país que se volvió un laboratorio del despojo paramilitar.

El nombre de Sor Teresa Gómez es sinónimo de la violencia y el despojo paramilitar en el Urabá antioqueño y Córdoba. Fue la encargada de hacer realidad el proyecto de expansión con el que los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas, pretendían hacerse a ricas y numeras tierras de campesinos, con violencia y a cambio de pírricos precios en los años 90. Con al menos dos condenas por ello, Gómez reconoció su responsabilidad, se acogió a sentencia anticipada y un juzgado antioqueño la acaba de condenar —otra vez— a doce años de prisión. El fallo envuelve los hechos de Tulapas, la región del país que se volvió un laboratorio del despojo paramilitar.

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El capítulo de violencia se remonta a la década de los 90, cuando Fidel Castaño lideró un proceso de entrega de armas y, al mismo tiempo, una especie de reforma agraria con sus hombres y la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) que creó en Montería. Desde allí, Sor Teresa Gómez, viuda de Ramiro Castaño, y cuñada de los jefes paramilitares, llevó a cabo el montaje que no era más que una estrategia por la riqueza y ubicaciones estratégica de las tierras. Obligaron a campesinos a vender sus predios por unos pesos, entre $50.000 y $100.000 por hectárea. Ocurrió entre 1995 y 1999 en la zona conocida como Tulapas, entre el Golfo de Urabá, hasta la zona baja del departamento de Córdoba.

La propia Gómez reconoció ante la justicia en el 2013, cuando fue detenida, que fue Vicente Castaño quien, en 1997, le dijo que el Fondo Ganadero de Córdoba iba a ingresar al negocio. Las ventas se presionaron y fueron transferidas a la entidad. No se podía decir que no. En este caso en particular, 148 víctimas fueron reconocidas por la justicia. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, acreditó, con testimonios de exjefes de esa organización como Raúl Emiro Hasbún, alias Pedro Bonito, entre otros, que los paramilitares buscaban sembrar “un emporio económico (…) aparentando ante la comunidad que el negocio era impulsado por empresarios de otra región”.

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“Hubo un acuerdo de voluntades para ejercer actos hostiles en la zona del Urabá y tomar posesión irregular de las tierras, que más tarde fueron destinadas a la siembra de palma, presentándose con posterioridad la negociación anómala de los predios, para obtener a cualquier costo el apoderamiento de los territorios colectivos en los cuales, por orden de Vicente Castaño, se iría a desarrollar el megaproyecto palmero, el cual es una realidad procesal, fue de su creación y propiedad”, dice el fallo de 74 páginas en poder de El Espectador. Aunque la decisión judicial es del 10 de junio de 2019, no se conocía públicamente. Por estos hechos, Gómez fue condenada por los delitos de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento de población civil y apropiación de bienes protegidos.

Nacida en Amalfi, Gómez fue acusada por estos hechos el 26 de febrero de 2018 por la Fiscalía General de la Nación, aceptó cargos antes de que se iniciara la audiencia preparatoria de juicio y solicitó sentencia anticipada. La decisión judicial reconoce a la mujer —hoy detenida en El Buen Pastor de Bogotá— como coautora material de múltiples desarraigos en la zona de Tulapas, el corregimiento de Pueblo Bello y San José de Mulato, entre otros. Y la caracteriza como integrante de las Auc, organización que, con desplazamientos forzados, apropiación de bienes, intimidaciones y coacciones, ubicó y acondicionó predios para la siembra de palma.

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La sentencia precisa cómo, por ejemplo, a los propietarios les hicieron firmar contratos de compraventa y escrituras a favor del Fondo Ganadero de Córdoba, donde les pagaban un irrisorio precio. Benito Molina Laverde, exdirectivo del Fondo, fue condenado a 16 años de prisión y Benito Osorio, otro exgerente de la entidad, fue hallado responsable por múltiples delitos y condenado a 19 años de prisión por hechos que rodearon la compra irregular de 105 predios. La nueva condena a Sor Teresa Gómez acreditó su participación en despojos violentos de cientos de fincas entre las cuales aparece, por ejemplo, el predio No hay como Dios en Turbo, Antioquia, y en el consecuente desplazamiento de cientos de familias.

La decisión, además, caracteriza las Autodefensas como una estructura ilegal que se desplegó en zonas donde las guerrillas tenían presencia, para combatirlas y establecer dominios locales, permeando de paso las esferas estatales, políticas, sociales e industriales. Y apunta a que los enfrentamientos “militares de las Auc en el Urabá antioqueño ocasionaron la expulsión de la población a partir de 1996”. En varios apartados, el fallo habla de la existencia de un grupo de personas que se unieron para acabar con los “estragos producidos” por las Farc, para lo cual acudieron a la violencia.

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Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa a algunas víctimas de este caso, llama la atención que la sentencia en ese tipo de apartados pareciera dar a entender que el despojo paramilitar fue un propósito secundario y no uno clave en su proyecto de expansión. “Efectivamente, la prueba es contundente en demostrar que el grupo de la casa Castaño se concertó con la finalidad de cometer de manera indeterminada desplazamientos forzados en la zona de Tulapas y Pueblo Bello, pues mientras unos de sus integrantes se dedicaban a combatir con los grupos guerrilleros, otros aprovechaban para proceder a la siembra y explotación de la tierra”, dice otro apartado del fallo.

En el caso Tulapas todavía es mucho lo que debe aclarar la justicia. En próximas semanas comenzará la audiencia preparatoria de juicio en contra de Carlos Alberto Grajales, Fabián Darley Roldán Villa, y Jorge Eljach Zúñiga, quienes actuaron como intermediarios de las ventas fraudulentas. Según la Fiscalía General, estas personas aparecían facultadas para vender los predios de las víctimas a través de poderes que aquellas firmaron con engaños e intimidaciones. El escrito de acusación en contra de los dos últimos, en poder de este diario, los relaciona directamente con irregularidades en 144 predios, ubicados en el corregimiento de Pueblo Bello, de Turbo, y en Necoclí.