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Este martes la jueza Daniela Camacho dispuso la orden de prisión preventiva para el expresidente de la República Rafael Correa por la acusación que hizo en su contra la Fiscalía por el caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en 2012.
El fiscal general Paúl Pérez pidió a la jueza que ordenara la prisión preventiva contra Correa, por no cumplir la presentación periódica en la Corte Nacional de Justicia. Además solicitó se oficie a la Interpol para que se detenga al exmandatario. ¿Por qué se llega a este punto?
El caso
Fernando Balda, exdiputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), de oposición a Correa, sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012 cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.La historia del intento de secuestro del exasambleísta ecuatoriano reposó durante seis años en la Fiscalía ecuatoriana, hasta mayo de este año, cuando el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció la desclasificación de documentos que tenía la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) sobre el caso.
El expediente Balda fue uno de los primeros que desempolvó Paúl Pérez Reina, nombrado en la Fiscalía General de Ecuador en mayo, tras las destitución de Carlos Baca Mancheno, luego de un juicio político en la Asamblea.
Ver más: El caso de secuestro que vincula a Correa
Balda fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito, que adujo que el exlegislador estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el gobierno correísta, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana. Balda también fue condenado a un año de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, tras denunciar la existencia de un centro de espionaje oficial en Ecuador.
La vinculación de Rafael Correa
Por este caso, la Corte Nacional de Justicia ya ordenó prisión preventiva contra el exjefe de la Senain Pablo Romero y del excomandante de la Policía al haber sido vinculados en el supuesto secuestro. Los dos, fichas claves de Correa durante su gobierno (2007-2017).El 18 de junio, la Corte Nacional de Justicia celebró una audiencia en la que decidió admitir la vinculación de Correa al caso, según explicaba el diario El Comercio, de esta manera “Correa queda formalmente incluido en el proceso como sospechoso de haber cometido este delito”.
El fiscal Paúl Pérez solicitó medidas cautelares de presentación periódica para Correa, además de pedir el uso del dispositivo electrónico y medidas de protección a favor de Balda.
La vinculación del exmandatario Correa se produce cuando el fiscal general de Ecuador señala que las versiones rendidas por exfuncionarios de su gobierno proporcionan “elementos suficientes” para relacionar a Rafael Correa con el caso.
Orden de detención de Correa
Correa, quien reside en Bélgica desde hace un año, debía haberse presentado ante el CNJ, pero en su lugar decidió hacerlo en el Consulado de su país en Bruselas.Por eso en la audiencia de este 2 de julio, la jueza aceptó la petición del fiscal General encargado, Paúl Pérez, de ordenar el arresto preventivo de Correa por no cumplir la orden judicial de comparecencia, y también la de emitir una difusión roja a la Interpol pidiendo su arresto y extradición.
La jueza Daniella Camacho dictó la prisión preventiva para el expresidente en una audiencia especial en la que se revisaban hoy las medidas cautelares que se impusieron al exmandatario el pasado 18 de juniio.
Ver más: Correa se presenta ante consulado de Ecuador en Bruselas
El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, que había pedido la audiencia para sustituir las medidas cautelares originales y que Correa pudiera comparecer en Bruselas, lamentó la decisión y recordó que no existía una "petición estricta del fiscal" del Estado con respecto a la prisión preventiva, porque el fiscal Pérez aún no ha asumido sus funciones oficialmente.
¿Qué sigue para Correa?
"Existe solamente una solicitud del 'fiscal general encargado', que no está posesionado", dijo Ochoa, quien manifestó que el proceso "no trata de hacer justicia sino de hacer venganza"."Hemos visto un escenario donde se han violado todas las garantías de carácter institucional", insistió al advertir que apelarán la decisión de Camacho. El intento de secuestro del exasambleista se produjo en Colombia en la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo y lo mantuvieron retenido por cerca de hora y media, tras lo cual fue rescatado.
Ver más: Correa, ¿cerca de la cárcel?
En una reciente entrevista con Efe Balda defendió que existen pruebas sólidas de que Correa está implicado en la orden de su secuestro. Sin embargo, el expresidente, que no descarta pedir asilo en Bélgica u otro país, asegura que no existen esas pruebas y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.
En declaraciones a los medios tras salir de la audiencia, Balda, desde hoy parte de la acusación particular en el caso, anunció que iniciará una campaña para convencer a los Gobiernos europeos de que no le den asilo a Correa.
¿Venganza política?
Correa dice que todo es una conspiración política coordinada por su examigo Lenin Moreno, quien una vez llegó a la presidencia de Ecuador se distanció del mandatario y criticó varias de sus medidas.El expresidente tachó de “farsa” el proceso legal que consideró un intento de sacarlo del mapa político ecuatoriano. “Me quieren fuera del mapa político, porque ese conjunto de mediocres sabe que nunca me va a poder vencer”, dijo Correa en una entrevista con Efe en Bruselas, en alusión al gobierno de Moreno.
Tras la vinculación, la defensa del expresidente Correa tiene la posibilidad de presentar pruebas a su favor”, explicaron expertos en la prensa ecuatoriana. “Este es un proceso viciado contra el expresidente Correa, pues no se ha mostrado ningún indicio de responsabilidad”, señaló la legisladora Gabriela Rivadeneira, militante del Movimiento Revolución Ciudadana, afín a Correa.
El expresidente ecuatoriano dijo este martes que la orden de detención preventiva que le impuso este martes la Corte Nacional de Justicia de su país forma parte de un "complot" político que ya se conocía desde hace meses.